Cualquier observador reconoce con facilidad que estamos asistiendo al desmoronamiento del orden internacional. Los consensos normativos y los principios que han regulado las relaciones entre las naciones desde los horrores de la Segunda Guerra Mundial, incluido el principio sagrado de no agresión, están siendo desmantelados y remplazados por bloques de poder construidos alrededor de la ley del más fuerte.
Ese no es el mundo en el que queremos vivir los latinoamericanos. Y por eso hacemos un llamado a que América Latina recupere su voz y su protagonismo en defensa de los principios en los que siempre ha creído. En la Conferencia de San Francisco de 1945 y en la anterior Conferencia de Chapultepec, América Latina marcó el camino de la Carta de las Naciones Unidas, en especial del Artículo 2.4 y su prohibición del uso de la fuerza y de la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial de un país, con su insistencia en principios como “la proscripción de la conquista territorial” o “la adopción de la vía de la conciliación, del arbitraje amplio o de la justicia internacional para resolver toda diferencia o disputa” o “el reconocimiento de que el respeto de la personalidad, soberanía e independencia de cada Estado americano constituye la esencia del orden internacional”.
Denunciamos el ataque al que están siendo sometidos estos principios y en general los fundamentos del derecho internacional. En primer lugar, denunciamos el ataque al principio de inviolabilidad del territorio, como el que ha lanzado Vladimir Putin con su devastadora invasión de Ucrania. No es aceptable que un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se lance a la conquista de un país vecino en una guerra colonial. Ucrania está luchando por su independencia y debe contar con el apoyo decidido de América Latina. Esperamos que Estados Unidos mantenga su ayuda a Ucrania, independientemente de sus esfuerzos por poner fin a esa guerra. También expresamos nuestra solidaridad con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y rechazamos las afirmaciones recientes del presidente electo Donald Trump sobre el Canal de Panamá.
En segundo lugar, denunciamos el ataque a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, el marco jurídico indispensable de protección de los civiles en conflictos armados, como lo hemos visto en la campaña de ataques deliberados de Rusia contra civiles en todo el territorio de Ucrania, o en la destrucción, hambruna y muerte, en especial de mujeres y niños inocentes, causadas por el gobierno de Benjamin Netanyahu en Gaza, o en los ataques terroristas de Hamas a civiles indefensos, o también en el desplazamiento y la violencia sexual desatada por las fuerzas enfrentadas en Sudán. Todos deben ser enérgicamente condenados, sin excepción. Rechazamos los dobles raseros, de lado y lado.
En tercer lugar, denunciamos los ataques al libre comercio y la pretensión de imponer mayores barreras a nuestras exportaciones y usar los aranceles como herramienta de presión política, violando las reglas concertadas en la OMC. El flujo de bienes es determinante para el crecimiento de nuestras economías y la lucha contra la pobreza y la desigualdad en nuestro continente. También para el desarrollo de políticas inteligentes y justas frente a los fenómenos migratorios, que se correspondan con los principios aceptados del derecho internacional.
Y, en cuarto lugar, denunciamos los ataques a los compromisos adquiridos en la lucha existencial contra el cambio climático. El 2024 fue el año más cálido de la historia y el primero en romper el límite de los 1.5 grados acordado en la COP21. Y sin embargo pocos países cumplen con las metas de reducción de emisiones; algunos incluso amenazan con abandonar el Acuerdo de París. Nadie tiene más que perder que América Latina, el continente de la biodiversidad.
Hacemos un llamado a los países de la región a que recuperen los espacios de concertación, identifiquen más allá de las diferencias los intereses compartidos y, en medio del asalto que estamos viviendo al derecho internacional, construyan con la misma audacia y decisión de hace ochenta años una visión de un multilateralismo renovado en el que todos tengan cabida y América Latina vuelva a tener voz. (La Tercera)
El manifiesto lo suscriben los excancilleres Soledad Alvear (Chile), Carolina Barco (Colombia), Santiago Cafiero (Argentina), Norman Caldera (Nicaragua), Jorge Castañeda (México), René Castro (Costa Rica), Gustavo Fernández (Bolivia), Mariano Fernández (Chile), Guillermo Fernández de Soto (Colombia), José Félix Fernández Estigarribia (Paraguay), Alejandro Foxley (Chile), José Antonio García Belaúnde (Perú), Diego García Sayán (Perú), Manuel González (Costa Rica), Juan Carlos Holguín (Ecuador), Celso Lafer (Brasil), Eladio Loizaga (Paraguay), Julio Londoño (Colombia), Susana Malcorra (Argentina), María Emma Mejía (Colombia), Heraldo Muñoz (Chile), Rodolfo Nin Novoa (Uruguay), Aloysio Nunes Ferreira (Brasil), Didier Opertti (Uruguay), Marta Lucía Ramírez (Colombia), Eda Rivas (Perú), Gert Rosenthal (Guatemala), Claudia Ruiz Massieu (México), Noemí Sanín (Colombia), Bernardo Sepúlveda (México), Eduardo Stein (Guatemala), Antonia Urrejola (Chile) y Allan Wagner (Perú). También firman el documento Rubens Ricupero (Ministro de Hacienda de Brasil, 1994), Sergio Jaramillo (Alto Comisionado para la Paz de Colombia, 2012-2017), Claudio Grossman (Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1996-1997, 2001), Juan E. Méndez (Relator Especial sobre la Tortura de la ONU, 2010-2016) y José Miguel Vivanco (Director de la División de las Américas de Human Rights Watch, 1994-2022).
