La diputada comunista María Candelaria Acevedo (65) ha sido una de las que han defendido con más fuerza la entrega de pensiones de gracia a quienes fueron víctimas durante el estallido social. Esto la ha llevado, incluso, a contrariar al gobierno del Presidente Gabriel Boric, que anunció que revocará el beneficio por vía administrativa a algunos de los beneficiarios con antecedentes.
La parlamentaria anticipó que si el proyecto de ley para revocar las pensiones de gracia avanza, el PC iría al Tribunal Constitucional (TC) o, incluso, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hoy, Acevedo se refiere a uno de los casos que marcaron la semana y a la relación entre el gobierno y el estallido social.
¿Cuáles son las razones de esta ofensiva contra la revocación de las pensiones de gracia?
Hay jóvenes que por esa misma situación del estallido social tienen condena. Pero eso no les impide, a mi parecer, que el Estado no tenga que reparar el daño causado por sus agentes. Sebastián Piñera opta por los beneficios de una pensión de gracia y el gobierno de Gabriel Boric se compromete ante los familiares a reparar el daño causado. Él no hace una distinción, pero hoy día sí la hace, ante lo que nosotros decimos que no. El Estado fue el que dañó, el que violó los derechos humanos, el que dejó a compañeros con problemas de trauma ocular. Yo soy una sobreviviente de la dictadura. De una u otra manera, yo pasé la misma situación que ellos.
¿El PC le informó previamente al gobierno su intención de recurrir al TC?
No. Cuando se votaba a favor de esta idea de legislar, se me ocurrió que había que hacer un punto político. Yo creo que el Presidente puede hacer lo que él quiera, pero yo también tengo que ver cuál es mi posición con respecto a algunas cosas que son intransables para mí, que es el tema de derechos humanos, la verdad, justicia, reparación y memoria. Yo no voy a claudicar. Creo que es inconstitucional, porque el único que tiene la potestad de decidir quiénes tienen pensiones y quiénes no es el Presidente.
¿Igual se podría ir al TC o incluso a la CIDH?
Sí, sí. Lo estamos evaluando. Aquí no hay nada que no se pueda. Nosotros lo conversamos en nuestro comité, estamos todos de acuerdo en que es un mal proyecto. Nosotros vamos a conversar con mucha más detención, lo estamos viendo con nuestros abogados si vamos al TC o a la CIDH. Esto no va a ser en estos días porque para presentar una situación de esas ante el TC hay que verlo con bastante detención. No vaya a ser que vayamos a ir a hacer el loco.
¿Pero será solo por el proyecto de la derecha o también están evaluando llevar a instancia judicial las propuestas del Presidente?
Estamos evaluando en general cuáles son los pasos que vamos a dar. Si están las condiciones para hacerlo, nosotros vamos a ir al TC. Si no se puede, vamos a ir a la CIDH. Vamos a evaluar si es posible ir solamente con el proyecto o también con lo que ha decidido el Presidente.
La semana pasada fue generalizado el cuestionamiento a la decisión del Presidente Boric, por las revocaciones administrativas. ¿En el comité del PC están todos con ese tono?
Lo conversamos el martes y quedamos de evaluar si podemos hacerlo (judicializar casos) con lo del Presidente (revocaciones administrativas). No es algo que esté zanjado por todo el equipo, porque además es algo complicado, difícil, y tampoco queremos que las aguas estén tan movidas.
¿Lo pudieron conversar con el partido, con la dirección central?
No, todavía no. Pero ya pedimos una conversación con el presidente (Lautaro Carmona) y con nuestra secretaria general (Bárbara Figueroa), para que ellos también nos puedan entregar su opinión con respecto a esto.
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Esto ocurre en medio de una complicada agenda para el gobierno en seguridad. Usted lo decía, deben evaluarlo porque hay cosas que pueden mover las aguas. ¿No se podría ver como una deslealtad al gobierno que se acudiera al TC?
No, yo creo que no. Nosotros estamos en este proyecto del Presidente Boric por un programa de gobierno. Nosotros somos parte de esto. No nos vamos a mover ni un ápice de ese programa de gobierno. Los militantes del PC tampoco somos diputados obsecuentes, también tenemos nuestras opiniones. Todo el mundo espera que los comunistas seamos leales, fieles, y lo somos, pero al programa de gobierno. Y las revocaciones no están dentro del programa de gobierno.
¿Cambia su postura frente a los antecedentes expuestos por la Contraloría? ¿Sigue con la idea de que si alguien ya cumplió una condena puede igual recibir una pensión de gracia?
Quienes cometieron delitos deben ser sancionados tal como lo establece la ley. Ahora bien, el otorgamiento de pensiones de gracia, especialmente en las que se refieren a las entregadas en el marco del estallido social, que son las que están siendo cuestionadas, deben ser otorgadas, ya que no se puede obviar que son agentes del Estado quienes vulneraron los derechos fundamentales
También están quienes obtuvieron este beneficio de forma deshonesta. ¿A ellos sí se les debería revocar la pensión?
Sin duda quienes han engañado al Estado no deben tener una pensión.
¿Cómo evalúa usted el comportamiento que ha tenido el Presidente con esto? Cuando se instaló esta administración incluso hubo una mesa para abordar dichos temas con los familiares de víctimas del estallido social.
Yo creo que él tiene un compromiso con los derechos humanos, de eso no tengo dudas. Pero creo que también hay una presión de parte de la derecha en esta situación. (…) Como lo presionan demasiado, se pierde en el objetivo que se busca. Los cabros que están hoy día con el tema de las pensiones, la gran mayoría han cumplido sus penas, pero como no hay una ley de reparación, tuvieron que optar por las pensiones de gracia. En ese sentido, el Presidente ha asumido la agenda de seguridad de la derecha.
¿No cree que existió un vuelco del Presidente?
Yo creo que la agenda de seguridad la ha impuesto la derecha y en base a eso es lo que se ha trabajado este último tiempo.
¿Cree que el gobierno hoy desvaloriza el estallido social?
Más que una desvalorización, yo creo que hay una situación de no querer tomar el tema por lo candente que puede ser. Esto saca ronchas en la derecha, en donde hablan de estallido delincuencial. No es que haya una vuelta de carnero en ese sentido, pero sigo insistiendo en que las presiones de la derecha también son responsables de esta situación (…) En este gobierno no hay una coherencia entre lo que se dijo en un primer momento y lo que se ha hecho en este último tiempo: lo que tiene que ver con la revocación administrativa que va a ser con las pensiones de gracia, lo que hizo con el tema de los indultos. No hay coherencia. Cuando uno hace un compromiso, yo creo en esa palabra, y él hizo un compromiso con los familiares antes que fuera Presidente y después.
¿El Presidente está incumpliendo?
Hoy las cosas han cambiado por presiones, pero lamentablemente nuestro Presidente se deja llevar. Esto no es un enjuiciamiento. El Presidente asumió compromisos que hoy no han sido honrados como corresponde. Uno espera que el Presidente cambie su postura y cumpla con la palabra que les dio a los familiares y a los jóvenes. Recuerdo que incluso ingresó a la cárcel a visitar a uno de los cabros que estaban detenidos por el estallido, entonces se forman falsas expectativas en los familiares. (La Tercera)
