Las conversaciones acerca de la forma de llevar a cabo un nuevo proceso constitucional se han complejizado. Un grupo de políticos liderados por los presidentes del Senado y la Cámara e integrado por dirigentes de Chile Vamos y partidos oficialistas habían avanzado con sigilo en el análisis de propuestas de ambas partes para establecer “bordes” a la nueva Constitución, definir el órgano que la escribiría y la participación de expertos en la discusión.
Se trata de una cuestión extremadamente importante: las conversaciones podían conducir, en una de las opciones planteadas, a la renuncia del poder constituyente por parte del Congreso, para delegarlo en una Convención elegida, tal como ocurrió en el proceso anterior. La promesa en este caso sería que el nuevo proceso no concluiría tan mal como el anterior, para lo cual se señalaba que los “bordes” serían importantes. Una decisión tan trascendente como esta es una tremenda responsabilidad para quienes la toman.
¿Son los “bordes” un mecanismo idóneo para lograr este objetivo? ¿Con qué instrumento se inhibiría a convencionales elegidos para traspasar o interpretar a su antojo dichos bordes, como lo hicieron sus antecesores, amparados en su mandato popular? ¿Cómo se puede entender políticamente que este grupo, con tan importante misión, estuviera integrado mayoritariamente por votantes del Apruebo, que obtuvo 38% de los votos, y excluyera a políticos de la DC, del Partido de la Gente y del grupo Amarillos por Chile de destacada actuación en la campaña del Rechazo, opción que obtuvo el 62% y el más alto número de votos jamás registrado en Chile?
Son todas preguntas muy pertinentes, que no encontraron de parte del grupo de “elegidos” para esta tarea una respuesta satisfactoria, al menos para muchos del mundo que se siente identificado con el voto Rechazo.
Los participantes de Chile Vamos en estas conversaciones alegaron, con razón, que debía cumplirse el compromiso por ellos asumido de concurrir a elaborar una nueva Constitución con nuevos contenidos en diez temas determinados. Pero el compromiso, que fue público, y es por lo tanto el único exigible en una conversación de cara al país en una cuestión de esta relevancia, no requiere para ser honrado que esa Constitución sea propuesta por un grupo de convencionales 100% elegidos. Avanzar en esa dirección sería poco prolijo y apresurado, lo que no se condice con la trascendencia de esta tarea. El surgimiento de una “coordinadora parlamentaria por una propuesta democrática de cambio constitucional” conformada por parlamentarios de Chile Vamos, el Partido Republicano, PDG, independientes y la Democracia Cristiana es una prueba palmaria de ello. Esperemos que este nuevo elemento contribuya a una conversación más transparente y cuidadosa, en la cual estén sobre la mesa todos los temas importantes a considerar.
En esa línea y sólo a título ejemplar, me permito a continuación plantear algunas cuestiones que debieran estar presentes en esta discusión.
Uno de los riesgos que deben evitarse en la redacción de un nuevo proyecto constitucional es la proliferación de disposiciones absurdas y partisanas fuera de la tradición institucional de Chile. Otro distinto es que el proyecto tenga vacíos como la falta de protección a derechos fundamentales, o la pérdida de la oportunidad de arreglar lo que está funcionando muy mal, como un sistema político que dificulta la gobernabilidad y tiende al fraccionamiento.
Los quórums pueden ser instrumentos idóneos para lidiar con estos riesgos. Un quórum de aprobación alto disminuye el primero (aunque la forma de elegir convencionales lo aumentó en la experiencia reciente); pero paradojalmente al fijar un quórum muy bajo para bloquear una iniciativa, que es la contrapartida del quórum alto para aprobarla, aumenta el riesgo que la constitución tenga vacíos que no la hacen idónea.
Aquí es donde conviene dar una mirada a las disposiciones vigentes para modificar la Constitución, que pudieran servir para elaborar una nueva, con las adaptaciones que sean necesarias (como la ratificación plebiscitaria entre otras). Recordemos que gracias a la iniciativa de Rincón y Walker el quórum más común para aprobar reformas constitucionales en nuestro ordenamiento es hoy de 4/7 de los votos del Congreso pleno, lo que significa que el quórum para bloquearlas es 3/7. Lo interesante de esto es que 3/7 son un 42, 86%, más alto que el tercio (33,33%). De esta manera, la legalidad vigente hace más difícil que se excluyan de la nueva constitución cuestiones fundamentales que la regla que usó la convención.
Pensar en estas cuestiones y otras es fundamental antes de avanzar en acuerdos que una vez tomados pueden costar caros por la imposibilidad de volver atrás. Recordemos que uno de los maestros de la estrategia que ha conocido la humanidad pedía a sus sirvientes que lo vistieran despacio cuando tenía prisa. (El Líbero)
Luis Larraín
