Informe de auditoría relata la presión de la Gobernación del Maule, que encabeza Cristina Bravo (DC), para que la Fundación Urbanismo Social, que se había adjudicado un convenio, contratara a un concejal de la DC y a familiares de altos funcionarios de la repartición estatal. Los antecedentes están en manos del Ministerio Público por posible tráfico de influencias.
Informe Contraloría. “A la gobernadora le pedí que si existiese alguna oportunidad laboral me tuviera en consideración, es así, como me llamaron del área de divisiones del Gobierno Regional”, relata el concejal de Curicó, Javier Ahumada Ramírez (DC) sobre su petición de empleo a la gobernadora del Maule, Cristina Bravo (DC).
- Según las declaraciones contenidas en la auditoría que realizó Contraloría a las gobernaciones para fiscalizar las transferencias a instituciones privadas, poco después acudió a una entrevista con la Fundación Urbanismo Social, que mantenía un convenio con la gobernación por $264 millones.
- “Acudí a la entrevista laboral con esta fundación, proceso normal en cualquier trabajo. Di la entrevista, pero era un trabajo de 44 horas, por tanto, desistí por la incompatibilidad de horario y también porque quiero seguir dedicado al servicio público, que es lo que realmente me apasiona”, relata el concejal.
- La Contraloría analizó la denuncia presentada por la diputada Paula Labra (ind-RN), consejeros regionales del Maule y la misma fundación Urbanismo Social, que acusaron presiones para que la fundación contratara a personal propuesto por la Gobernación, quienes eran militantes o parientes de altos funcionarios.
- El coordinador de Urbanismo Social, Cristóbal Soto, declaró el 27 de septiembre de 2023 que los jefes de división del GORE, Jorge Fajardo y Mario Ramírez, en reuniones y llamados telefónicos pidieron a la entidad privada contratar a tres personas: Aily Soto, Ingeniera Comercial; Rodrigo Véliz, trabajador Social y; Javier Ahumada Ramírez, concejal de Curicó.
Personas de confianza política. El gobierno regional les explicó que “requerían profesionales con conocimientos específicos sobre la región y que pudieran mantener al Gobierno Regional informado en todo momento de todas las acciones a realizar por la Fundación en la ejecución del programa”.
- Sin embargo, no informaron que de los nombres propuestos, Aily Soto Salinas, es la pareja del hermano de Jorge Fajardo y madre de las sobrinas de ese jefe de división.
- Y Rodrigo Véliz es pareja de la asesora jurídica del Gore, Ariosha Villarreal.
- Las presiones para que la fundación contratara a este personal se hicieron reiteradas. Cuando la Fundación solicitó confirmación sobre los barrios a intervenir según el convenio, en la gobernación respondieron que antes de entregar esa información, la fundación debía contratar a personas de “confianza de la Gobernación”, se advierte en el informe.
- Luego en una reunión presencial el 2 de marzo de 2023, Jorge Fajardo y Mario Ramírez, dijeron que la totalidad del equipo para este proyecto, (conformado por 6 profesionales), debe ser de confianza del Gobierno Regional y seleccionado por ellos mismos. Señalan que este requerimiento sería una condición para la entrega de información de los cinco barrios a intervenir.
- Ante el reclamo de la Fundación, los directivos plantearon que podían contratar a una persona, pero debía ser el jefe del proyecto.
- Según consta en correos electrónicos y whatsapp la fundación y el GORE coordinaron el proceso de selección del personal. Mario Ramírez, jefe de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, participó el 15 de mayo en las entrevistas a dos candidatos propuestos por el GORE y, sin aviso, presenta como tercer candidato al concejal DC Ahumada.
- Ante esto, la Fundación envía una carta a la gobernadora Bravo explicándole que no pueden contratar a esa persona.
- Contraloría Regional tomó declaración a los funcionarios Jorge Fajardo y Mario Ramírez Pacheco, quienes negaron los hechos.
- No obstante, Contraloría dio por acreditados los hechos en base a la documentación recabada. Se advierte que “la conducta de hacer valer indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero, habría vulnerado el principio de probidad”.
- La mañana de este jueves en el Congreso, el contralor Jorge Bermúdez señaló sobre este informe que “Esto ya está acreditado en el informe, lo que no está acreditado es la responsabilidad. Pero el hecho objetivo está acreditado con distintos medios de prueba y este informe del Gobierno Regional del Maule se fue al Ministerio Público también, porque da cuenta de un tráfico de influencias muy indebido y la Contraloría va a iniciar un sumario administrativo por lo mismo”. (Ex Ante)
