A los(as) chilenos(as) se les ha trasmitido mensajes contradictorios. Por una parte, se les dijo, y así incluso se ha defendido ante el Tribunal Constitucional, que el sistema de AFP es un sistema de seguridad social. Pero la seguridad social es un sistema público en el cual se comparten los riesgos, por eso se dice que existe solidaridad, no por “buenismo”, sino porque es más eficiente dadas las múltiples fallas de mercado. Se argumentó eso porque se tenía como objetivo privatizar la seguridad social: las cotizaciones previsionales son administradas por instituciones privadas, los(as) afiliados(as) están obligados a cotizar en éstas, y en teoría, obligados(as) a no disponer de estos recursos hasta la jubilación, y no hay solidaridad.
El otro mensaje que se les dio a los(as) afiliados(as) fue que ellos(as) eran “dueños(as)” de sus ahorros. Sin embargo, esto es contradictorio con el mensaje anterior. Ser dueño(a) de algo implica tres cosas, el derecho a usar, el derecho a gozar y el derecho a disponer de una cosa, es decir le da al(la) titular la capacidad de disponer del bien, sin más limitaciones que las que imponga la ley. De hecho, se hicieron algunos spots publicitarios, con la intención de legitimar el sistema de AFP, que aludían a esta “propiedad” de las cuentas individuales.
Así, ambos mensajes juntos han creado una confusión, y por eso la discusión del retiro es también enredada. De ser el sistema uno de seguridad social no habría derecho a retirar fondos, porque estos estarían destinados a pagar pensiones (probablemente de otras personas) con subsidios cruzados para que haya solidaridad y equidad de género y sería de responsabilidad del Estado, entre otras cosas. De tener, por otra parte, derecho de propiedad sobre los fondos, entonces es perfectamente posible disponer de éstos, más aún en medio de tanta incertidumbre.
Ahora bien, hay países que no tienen seguridad social en su pilar contributivo, Australia y Nueva Zelandia, por ejemplo. Pero no intentan pasar por seguridad social lo que no es. La gran diferencia con nuestro sistema es que la reemplazan con un fuerte pilar no contributivo, financiado con gasto público, que es cercano al 5% del PIB. Además, en ambos países siempre ha sido posible retirar fondos en algunas circunstancias: enfermedad grave, circunstancias económicas difíciles y si estás comprando la primera vivienda.
En mi opinión, estos mensajes contradictorios han tenido importantes consecuencias en términos de política pública. Primero, la inexistencia de un pilar no contributivo relevante (creado solo el 2008 y que alcanza 0,9% del PIB). Segundo, es probable que la grave ilegitimidad del sistema tenga que ver también con esta contradicción. Finalmente, ha provocado un retiro universal de fondos más que por estrés financiero. Es hora de aclarar los argumentos y así identificar bien los desafíos. (La Tercera)
Claudia Sanhueza
