La característica principal de las campañas para el plebiscito del 17 de diciembre (especialmente en los extremos políticos, los cuales, paradójicamente, hoy coinciden en su posición contra el nuevo texto constitucional) ha sido el uso deliberado y sistemático de la falsedad. Ya no estamos frente a fake news aisladas y espontáneas, sino ante intentos organizados de desinformación, que enorgullecerían a los próceres de la propaganda.
Hay muchos argumentos legítimos para criticar el texto presentado al público, pero la mayoría de los que se esgrimen en estas campañas sencillamente no son verdaderos. Tomemos algunos ejemplos representativos que circulan, tanto en la franja electoral como por otras vías: que la nueva Constitución termina con la casa propia, los sindicatos, el derecho a huelga, la salud y la educación publicas, y varios otros igualmente falsos.
Sin embargo, hay dos afirmaciones infundadas que son más relevantes y que han adquirido gran repercusión debido al énfasis con que importantes figuras de la izquierda, incluido el propio Presidente de la República, las han reiterado. Así, se ha afirmado una y otra vez, por una parte, que la nueva Constitución significaría un retroceso en los derechos de las mujeres e implicaría derogar la ley de aborto en tres causales, y por la otra, que el proyecto crea obstáculos insalvables para la implementación de un Estado social de derechos. La evidencia demuestra que estas afirmaciones sencillamente son consignas engañosas, pues el proyecto garantiza, más allá de toda duda, por ejemplo, la obligación del Estado de proveer salud y educación públicas, al margen de las condiciones económicas de cada cual, y crea también el derecho a la vivienda.
En el caso del aborto, reiteramos que un mínimo de honestidad intelectual debería obligar a entender que “el que” está por nacer, al igual que “el que” viene en nombre del Señor, o “el que” cometiere delito, etc., se refieren siempre a una persona y que, por lo tanto, su sustitución por “quien” está por nacer no cambia en nada la naturaleza del no nacido, no empeora ni mejora su condición, y en consecuencia, no afecta ni altera la ley de aborto. A mayor abundamiento, y por expresa disposición del texto en discusión, ninguna ley aprobada con anterioridad a su eventual promulgación queda derogada, y eso incluye la ley en tres causales.
Por otra parte, la propuesta garantiza por primera vez en nuestra historia constitucional el equilibrio entre el número de candidatos hombres y mujeres en todos los procesos electorales y en organismos del Estado, y estipula expresamente que es su deber asegurar dicha participación.
Más aún, se introduce una serie de nuevos derechos constitucionales para las mujeres, como el “derecho al trabajo decente”, la igualdad salarial entre hombres y mujeres, el reconocimiento del valor de los cuidados en la familia y en la sociedad, y la sala cuna universal.
Más allá de cuáles sean los resultados del plebiscito, más allá de si Chile contará o no con una nueva Constitución, esta desinformación producirá consecuencias graves, porque el empleo de falsedades en el discurso político supone una grave erosión de la confianza ciudadana en la política, más polarización y profundización de las divisiones ideológicas y debilita una de las bases esenciales de una democracia, que es la discusión racional e informada de los asuntos públicos sobre la base de datos objetivos. Es más, ello refuerza los propios prejuicios e imposibilita un diálogo constructivo que permita encontrar acuerdos. La democracia se basa en la posibilidad de tomar decisiones informadas, y cualquier manipulación de la opinión pública sobre la base de información deliberadamente incorrecta interfiere gravemente con el proceso democrático y afecta la base ética y moral de la sociedad. (El Mercurio)
Lucía Santa Cruz
