El próximo martes 31 se dará inicio a la audiencia de preparación de juicio oral en contra de Roberto Campos Weiss (37), uno de los detenidos más conocidos de la época del estallido social. Un día antes del 18 de octubre de 2019, el profesor de matemáticas fue grabado dando golpes a los torniquetes de la estación San Joaquín de la Línea 5 del Metro, tras lo cual fue detenido e invocada en su contra la Ley de Seguridad del Estado (LSE).
En esa oportunidad pasó 53 días bajo prisión preventiva en la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) donde compartió celda con el ex frentista Mauricio Hernández Norambuena, conocido como “comandante Ramiro”. Hoy, tras dos años, sigue bajo arresto domiciliario nocturno y con la esperanza de evitar un juicio oral en el que la Fiscalía Sur pide 8 años de cárcel.
Si bien el Ministerio del Interior cumplió con retirar la querella que la antigua administración había presentado en su contra, el Metro de Santiago -que también invocó la LSE- aún no lo hace. Sin que se desestime este cargo, será imposible para él y su defensa acordar con el Ministerio Público una saluda judicial distinta, ya que en este minuto arriesga penas efectivas que impiden una suspensión condicional del procedimiento o incluso un procedimiento abreviado en que reconozca los hechos por los que se le acusa, pero no vaya a la cárcel.
Su defensor Mario Araya se manifiesta disconforme con la actitud que ha adoptado el Ejecutivo en este caso que se considera como uno de los “emblemáticos” al interior de la Defensoría Penal Pública. Al respecto sostiene que “esperábamos que Metro tomara la misma actitud del gobierno, que fue retirar la querella por Ley de Seguridad del Estado. No parece coherente que la empresa estatal insista en la aplicación de legislación penal excepcional, mientras el Ministerio del Interior ha desechado esa vía”, explica.
Asimismo apunta a la falta de voluntad de la administración de Gabriel Boric. “Nos llama la atención que el gobierno no se haya coordinado con Metro en esto, pues de mantenerse esta situación, el retiro de la querella de Interior no tendría efecto alguno”, aseguró.
Los hechos ocurrieron durante la tarde del 17 de octubre de 2019, en la víspera de lo que fue el estallido social. “El imputado Roberto Adrián Campos Weiss, en compañía de a lo menos otros seis sujetos, procedió a incitar y promover por medio de gritos, aplausos y ademanes realizados con sus brazos a un grupo de personas de número indeterminado que lo observaban a romper torniquetes de control de acceso y aparatos sensores validadores de tarjetas de prepago del transporte de nombre “BIP”, ubicados en dicha estación”, se señala en la acusación del Ministerio Público.
La invocación de la LSE en este caso eleva a ocho años la pena solicitada por el Ministerio Público y sin ella, se podría llegar a una pena de 3 años de cárcel con lo que podría buscar una alternativa al juicio oral. De hecho en el documento de la acusación de la Fiscalía se lee: “Se solicita la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo por infringir la Ley de seguridad del Estado y 3 años de presidio menor en su grado medio más una multa de 11 UTM por el delito de daños agravados. Además, se pide la inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y de la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena”.
La Tercera PM intentó obtener una versión del abogado del Metro Marcelo Sanfeliú sin lograr respuesta hasta el cierre de esta edición.
