La Procuraduría General de México envió un escrito con carácter de “urgente” a la Cancillería de Chile, en el que pide al Poder Judicial aclarar qué gestiones realizó el país para dar con el paradero del exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) Raúl Escobar Poblete, también conocido como el “comandante Emilio”.
La respuesta a este requerimiento aparece como una de las gestiones clave para concretar la extradición del exsubversivo desde suelo azteca, pues así podrán establecer si es que se cumplen o no los plazos de la prescripción que establece la legislación mexicana.
La petición de información está centrada en las diligencias en torno al secuestro de Cristián Edwards, ocurrido en 1992 y en el cual Escobar tiene la calidad de procesado. El exfrentista, además, es requerido por su presunta responsabilidad en el homicidio del senador UDI Jaime Guzmán, crimen ocurrido en abril de 1991.
Escobar se encuentra detenido en México desde agosto del año pasado, fecha en que fue aprehendido y acusado de participar en el secuestro de una ciudadana franco-norteamericana en la localidad de San Miguel de Allendes. En el país norteamericano usaba la identidad falsa de “Ramón Guerra”.
Sobre el secuestro de Edwards, la Dirección General de la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en un escrito que “es necesario que las autoridades chilenas competentes informen si dentro de las investigaciones realizadas en contra del reclamado por esta conducta existen actuaciones de investigación del delito posterior a la fecha en que fue realizado, presuntamente, por el señor Raúl Julio Escobar Poblete”.
Asimismo, solicita informar “las gestiones emprendidas por la autoridad chilena para lograr la ubicación y aprehensión del requerido para procesarlo por la conducta imputada, a fin de analizar si se interrumpió el plazo de prescripción”. Las normas mexicanas establecen que la prescripción se interrumpe una vez que se realizan actuaciones investigativas para dar con el paradero de los sospechosos.
El requerimiento mexicano ya fue recepcionado por la Corte Suprema, entidad que envió el documento al juez que investiga el secuestro de Edwards y el crimen de Jaime Guzmán, Mario Carroza.
Agencias
