En la última década, América Latina ha enfrentado una crisis migratoria sin precedentes, impulsada principalmente por la situación en Venezuela. Los países que ofrecen mayores facilidades a los migrantes irregulares suelen convertirse en destinos preferidos, atrayendo flujos crecientes de población.
En Chile el gobierno propone una regularización “acotada” que consiste en otorgar visas a quienes ingresaron ilegalmente y trabajan sin autorización, lo que genera un incentivo perverso para la migración irregular. Además, según el decreto 15 de 2022 de la Junji, los hijos de migrantes irregulares reciben prioridad en el acceso a jardines infantiles, incluso por sobre los hijos de madres adolescentes chilenas. A esto se suma que 533 mil migrantes en el sistema de salud público no cotizan en Fonasa, sobrecargando aún más un sistema ya debilitado.
En el resto de la región, Colombia implementó el Estatuto Temporal de Protección, otorgando visas de 10 años a más de un millón de venezolanos. No obstante, persisten los problemas laborales, y muchos terminan en trabajos informales y precarios. Perú, por su parte, ha endurecido sus políticas migratorias y avanzado en expulsiones, aunque también enfrenta presiones económicas y sociales. Otros países, como Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay, cuentan con políticas de refugio o visas humanitarias, pero no entregan las facilidades que Chile otorga a migrantes irregulares.
El problema se agravará con el inevitable aumento de la migración. El régimen de Nicolás Maduro continúa expulsando a millones de venezolanos, y el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, con políticas migratorias más restrictivas, redirigirá estos flujos hacia países como Chile. Al entregar mayores beneficios y facilidades, nuestro país se convierte en un destino migratorio preferido en la región.
Para evitar este desequilibrio, se requiere una cooperación regional efectiva con mecanismos claros de expulsión, validación de identidad y retorno seguro. Es necesario que países como Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y Uruguay también sean considerados como destinos viables para distribuir de manera más equitativa la presión migratoria. En paralelo, es fundamental terminar con las facilidades excesivas que Chile otorga, incentivando que los migrantes en situación irregular abandonen el país de manera natural en busca de mejores oportunidades en otras naciones, como Colombia, donde muchos aún tienen visas vigentes.
Chile no puede enfrentar solo esta crisis. El control efectivo de las fronteras y una política migratoria equilibrada a nivel regional son las únicas vías para garantizar la seguridad, la justicia y el desarrollo sostenible del país. (El Líbero)
Álvaro Bellolio
