Tal como se había adelantado en el marco de la audiencia de preparación del juicio oral, el fiscal Jaime Retamal de la Fiscalía Centro Norte solicitó este lunes una pena de cinco años de reclusión menor en su grado máximo para los 10 imputados por colusión de precios en el denominado caso farmacias.
Tras seis años desde que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) demandara a Farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand por colusión de precios de 220 medicamentos, ocurrida entre diciembre de 2007 y abril de 2008, hoy se dio inicio al juicio oral en la arista penal del caso.
Durante esta jornada las defensas de los acusados solicitaron suspender el proceso alegando que el caso ya fue juzgado con la sanción emitida por el Tribunal de Defensa de la Libre Compentencia (TDLC) el año 2012 y que posteriormente fue ratificada por la Corte Suprema.
Al respecto al fiscal Retamal señaló que «nunca hubo un pronunciamiento respecto de la responsabilidad penal de personas determinadas por lo cual los fundamentos que entendemos esgrimen las defensas son erróneos, son distintos y en ese contexto, entendemos que el tribunal debiera resolver este caso de manera definitiva y desestimar esta petición».
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía Centro Norte las cadenas de farmacias Salcobrand, Ahumada y Cruz Verde, quienes cubren aproximadamente el 90% del mercado, alzaron concertadamente los precios de 220 medicamentos entre diciembre de 2007 y abril de 2008.
Durante la audiencia, el fiscal Jaime Retamal expuso que tras mantenerse un contexto de competencia entre las cadenas, que se conoció como la “guerra de precios”, a partir del año 2007 los ejecutivos de las cadenas tomaron contacto entre sí, coordinando un alza de precios programadas de diferentes medicamentos.
Según explicó el fiscal, para alzar los precios las farmacias acordaron un mecanismo denominado 123. Esta fórmula consistía en que a una de estas empresas se le asignaba ser el líder en el alza del precio de un medicamento determinado, subiéndolo el día 1. Las otras dos compañías verificaban en terreno que la primera empresa hubiera subido el precio y al día siguiente la segunda compañía efectuaba el mismo alza. Una vez verificado, la tercera empresa también subía el precio al tercer día.
Los ejecutivos de las farmacias facilitaron la coordinación de estas alzas con las demás cadenas a través de los laboratorios y las implementaron mediante el ingreso a los sistemas informáticos de los respectivos locales, sostiene el Ministerio Público.
Los 10 imputados por este caso son Sergio Purcell y Ricardo Ewertz (ex Fasa); Ricardo Valdivia y Cristián Catalán (relacionados en el caso por Cruz Verde), y Roberto Belloni, Ramón Avila, Claudia Carmona, Judith Carreño y Mehilin Velásquez (Salcobrand), además del ex gerente general de Laboratorio Medipharm, Mario Zemelman.
En julio de 2013, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte les ofreció a los ejecutivos vinculados al caso un acuerdo que implicaba que debían ir a clases de ética, además del pago de una multa en donaciones a instituciones de salud y ONG por un monto de $ 255 millones.
Sin embargo, esa salida no prosperó. A fines de agosto de ese mismo año, la Corte de Apelaciones revocó el acuerdo y determinó que los 10 ejecutivos de las farmacias debían ir a un juicio oral.
Se estima que el juicio oral se extendrá entre 45 a 90 días. (La Tercera)
