Esta tarde las diputadas Francesca Muñoz y Sara Concha, ambas del Partido Social Cristiano, concretarán sus advertencias e ingresarán la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.
El libelo acusatorio incluirá un récord de siete capítulos detallando presuntas vulneraciones a la Constitución. De las causales, dos se refieren a los programas de educación sexual, que afectarían -según indica el documento- el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos.
Bajo ese escenario, esta mañana el ministro Ávila, tras participar de una actividad con académicos para abordar los resultados del Simce 2022 y los desafíos para el sistema educativo, abordó el asunto y manifestó: “No me puedo referir a un texto que no conozco, una vez que lo conozca, me imagino, junto a los equipos vamos a trabajar en las respuestas correspondientes”.
En esa línea y ante las preguntas de la prensa, evitó el tema y enfatizó en que si no conoce “el texto y no sé cuáles son las acciones, no puedo tener una línea argumentativa”.
“He repetido hasta el cansancio, que todos quienes estamos en política, debemos ser muy responsables respecto de todo nuestro ejercicio diario de trabajo, también de aquello que decimos, y yo todos los días elijo no creer que hay motivaciones distintas a las que no sean exclusivamente las que están asociadas al desarrollo de las tareas de la cartera”, dijo el titular de Educación.
El ministro además, fue consultado por la causal VI del libelo acusatorio, que alude al rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) debido a las supuestas irregularidades detectadas en los programas “de Alimentación Escolar” y “de Alimentación Parvularia”.
En ese contexto, Ávila fue escueto y señaló que “la directora de Junaeb está trabajando en una respuesta más inmediata, si es que es convocada por la prensa para preguntarle de este asunto”.
Además, aprovechó de aclarar que “eso es parte de una acusación, yo sería más cuidadoso en las observaciones respecto a si hay o no hay una irregularidad”.
MÚLTIPLES ACUSACIONES
Nunca antes un titular del Ministerio de Educación (Mineduc) había sido acusado constitucionalmente por tantas causales.
Este lunes las bancadas de oposición ingresarán el libelo acusatorio en contra del ministro Marco Antonio Ávila, que incluirá siete capítulos detallando presuntas infracciones a la Carta Fundamental.
“Ante la inacción del ministro para reaccionar ante esta crisis en el sistema educativo, y constatándose actuaciones que constituyen, en primer lugar, una infracción al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos…, asimismo, infracciones a otros cuerpos normativos de rango legal, es que se formula una acusación constitucional… Es preciso insistir en que lo que fundamenta la acusación constitucional es la gestión educativa del ministro. Nada tiene que ver esta herramienta con su orientación sexual”, dice una minuta que circulaba ayer en la oposición.
Hay dos causales que aluden a los programas de educación sexual que impulsa el ministerio. El capítulo I señala una infracción del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos con ocasión de la implementación de las “Jornadas de Educación No Sexista”. El número II también indica una infracción del derecho preferente a propósito de las guías (“Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile”), que fueron actualizadas en mayo pasado, suprimiendo los aspectos más polémicos, como los ejercicios para menores de edad. No obstante, no se incluirá el episodio de abusos denunciados en una escuela en Talcahuano, en el marco de un operativo de salud, ya que era responsabilidad de la municipalidad y de las autoridades sanitarias locales.
El punto III plantea una infracción de la Ley General de Educación al excluir a los estudiantes con discapacidad de la “Política de Educación Inclusiva”. El capítulo IV menciona una infracción al rol de autoridad y conducción del sector educativo, lo que incluye temas como el retraso injustificado en entregar los resultados del Simce, el ausentismo y la deserción escolar, problemas en la infraestructura educativa y el deterioro de la calidad educacional.
La causal V señala el incumplimiento del rol de supervigilancia de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) con ocasión del inserto de información sobre “educación no sexista” en los cuadernos entregados a los estudiantes del sistema público. Y el número VI también alude al rol de supervigilancia de la Junaeb debido a las irregularidades detectadas en los programas “de Alimentación Escolar” y “de Alimentación Parvularia”.
Anoche, además, se agregó el capítulo VII por los problemas de implementación de los Servicios Locales de Educación. “Incumplimiento de la ley en lo referente al Sistema de Eduicación Pública”, dice el texto.
Esa cantidad de capítulos solo tiene un precedente en los últimos años, la acusación contra la anterior ministra del Interior, Izkia Siches, quien también debió enfrentar una extensa presentación en su contra con siete causales en junio-julio de 2022. La diferencia es que por la naturaleza del cargo de Interior (que abarca tareas como la coordinación política, el orden público, la seguridad y el desarrollo regional) sus flancos son más que los de un ministro sectorial. De hecho, en la historia de Chile, la jefatura del Interior ha sido el cargo que más ha estado sometido a acusaciones constitucionales desde el siglo XIX.
Comparativamente, otros exministros de Educación que fueron acusados siempre debieron responder a una menor cantidad de capítulos: José Pablo Arellano sólo uno (junio de 1997); Yasna Provoste enfrentó cinco causales (marzo-abril de 2008); Harald Beyer, tres (abril de 2013); Marcela Cubillos, cinco (septiembre-octubre de 2019), y Raúl Figueroa, tres (julio-agosto de 2021). Sólo las presentaciones contra Provoste y Beyer fueron aprobadas tanto por la Cámara y como por el Senado. Las otras presentaciones, en tanto, fueron desestimadas en su primera instancia por los diputados.
Uno de los factores que explican el alto número de capítulos es que esta presentación fue objeto de una negociación entre varias bancadas opositoras, lo que obligó a incluir los puntos críticos que cada grupo le reprochaba a la gestión de Ávila. No obstante, esta suerte de récord también da cuenta de la gran cantidad de flancos abiertos que tiene el titular del Mineduc.
Inicialmente la presentación fue levantada como una bandera de legisladoras evangélicas que le cuestionaban al ministro los planes de educación sexual. Entre ellas figuraban las diputadas Sara Concha y Francesca Muñoz (del Partido Social Cristiano), Karen Medina (Partido de la Gente, PDG), además de Eduardo Durán (RN).
Sin embargo, había bancadas que señalaban que había otros problemas incluso más graves (como la deserción y la violencia en liceos emblemáticos) que debían incorporarse, por último, como cuestionamientos políticos para exponer, a juicio de ellos, la deficiente gestión de Ávila. Con ello, se buscaba también convencer a otros grupos no alineados (ni con el oficialismo ni con la derecha) de sumarse al libelo, por ejemplo la DC.
Además del rol que jugaron Muñoz, Concha, Durán y Medina, en el caso de Chile Vamos fue clave el papel del secretario general de RN, Diego Schalper, y del jefe de bancada de ese partido, Frank Sauerbaum, que contribuyeron a darle más contenidos y una base de apoyo más amplia al libelo.
Para la presentación de la acusación contra un ministro de Estado sólo se necesitan 10 firmas de diputados. Ese umbral ya se había superado con creces la semana antepasada, luego de que la bancada de RN y algunos legisladores de derecha, a título personal, decidieran plegarse al interés de presentar un libelo.
Sin embargo, hoy la arremetida ya cuenta con la venia de casi todas las bancadas opositoras, salvo el comité de Evópoli, que si bien probablemente apoyará la presentación, hasta el domingo no tenía resuelto sumar firmas para su presentación.
Al margen de ese matiz, el escrito tendría las rúbricas de diputados de RN, de la UDI, de republicanos, del Partido Social Cristiano, del PDG y posiblemente de algunos independientes.
Esta base de apoyos se acerca peligrosamente a un número de parlamentarios que podría, incluso, aprobar la acusación en la Cámara. En el caso de secretarios de Estado, basta la mayoría de los diputados presentes en sala (78 si es que el día de la votación están todos presentes) para que el libelo pase al Senado.
Hasta ahora, en teoría, si todas las bancadas opositoras e independientes de derecha actúan unidos llegarían a 70 votos (23 UDI, 23 RN, cuatro Evópoli, 12 P. Republicano, siete independientes-socialcristianos, además de Gonzalo de la Carrera). Si a ellos se suma la PDG Karen Medina, que se plegó a título personal, la acusación ya sumaría 71 respaldos.
Por el contrario, el oficialismo suma 64 diputados, que podrían crecer a 69 si se alinean independientes asociados a sus bancadas (Carlos Bianchi, Camila Musante, Mónica Arce, Andrés Jouannet y Félix González).
Con ello, el desenlace de este libelo quedaría en manos de grupos no alineados, como los otros legisladores del grupo PDG (Rubén Oyarzo, Francisco Pulgar y Gaspar Rivas), de la bancada DC (Eric Aedo, Alberto Undurraga, Ricardo Cifuentes, Héctor Barría y Felipe Camaño), del subcomité del Centro Democrático Unido (integrado por ex DC como Miguel Ángel Calisto, Joanna Pérez y Jorge Saffirio, además de Erika Olivera) y de otros legisladores independientes, como Pamela Jiles, René Alinco y Viviana Delgado (quien protagonizó un conocido incidente con Ávila en marzo pasado).(La Tercera
