El ministro subrogante de Justicia, Jaime Gajardo, desestimó los argumentos que planteó el juez Daniel Urrutia para permitir videollamadas y visitas a reos de alta peligrosidad.
Esto luego de que Urrutia fundamentara su decisión con normas de Naciones Unidas, Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y Reglas Nelson Mandela, entre otras, que «recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares (…) que lo anterior previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento».
En el informe que presentó el magistrado agrega que «analizando cada caso, sobre todo que existían algunos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, se adoptaron las autorizaciones». Además, recuerda, todos son imputados, por lo que deben «ser tratados de acuerdo al principio de inocencia».
Gajardo, en conversación con CHV Noticias sostuvo que «aquellos aspectos que señala el juez Urrutia pueden ser relevantes en personas que se encuentran imputadas o que están condenadas por delitos que son comunes, por delitos que eventualmente implican que estas personas tengan alta, mediana o bajo compromiso delictual, pero no respecto a las personas más peligrosas que tenemos dentro de nuestro país, que están cometiendo crímenes que tienen un impacto muy importante, pero que además han puesto en riesgo la seguridad de nuestro país y han puesto en riesgo la seguridad del país vecino».
«No estamos hablando de personas que sus crímenes sean delitos comunes, sino que son crímenes organizados, son crímenes que ponen en riesgo la seguridad del país y que por lo mismo se requiere un régimen especial para mantener a estas personas aisladas del resto de la población penal», agregó.
En esa línea, dijo que se trata de «personas que están imputadas por los delitos más graves que establece nuestro ordenamiento jurídico: secuestro, extorsión, mutilaciones, homicidio, trata de persona, homicidio de carabineros, etc. Es decir, además sabemos que son los líderes de las bandas criminales a través de las cuales el Ministerio Público está llevándose esas investigaciones, y estas personas por lo mismo se encuentran en una cárcel de máxima seguridad».
Sobre los regímenes diferenciados que hay en las cárceles de máxima seguridad explicó que «Gendarmería de Chile tiene las potestades para establecer regímenes diferenciados conforme a la peligrosidad de las personas privadas de libertad. Esto no implica que estas personas no puedan ser visitadas, pero en la cárcel de alta seguridad y de máxima seguridad – que fue reaperturada después de una inversión muy importante recursos precisamente para que nuestro sistema penitenciario tuviera una cárcel que le permitiera alojar a los líderes de las bandas criminales, pero para desbaratarlos y descomunicarlos del resto para que estas bandas no sigan operando – tiene un sistema que le permite a las personas recibir una visita pero a través de un locutorio. Por lo mismo, para mantener los estándares de seguridad. Esto existe en general en las cárceles de máxima seguridad en el mundo».
RECHAZO PARLAMENTARIO
Diputados de la comisión de Constitución, Reglamento y Justicia salieron al paso luego de que se conocieran los argumentos del juez Daniel Urrutia para permitir videollamadas y visitas a reos de alta peligrosidad. El magistrado fundamentó su decisión con normas de Naciones Unidas, Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y Reglas Nelson Mandela, entre otras. Además, recuerda, todos son imputados, por lo que deben «ser tratados de acuerdo al principio de inocencia».
Según constató El Mercurio, los reos beneficiados están siendo investigados por delitos graves, la mayoría asociados al Tren de Aragua. Asimismo, en este listado, se encuentran los imputados por el crimen del cabo de Carabineros Daniel Palma ocurrido el 2023. Teniendo en consideración estos antecedentes, los parlamentarios – de manera transversal – condenaron la decisión de Urrutia.
El diputado Gustavo Benavente (UDI) indicó que «los fundamentos que dio el juez Urrutia para justificar su resolución, a mi juicio, son más inexplicables que esta resolución. Toda vez que él cita algunas normas internacionales, pero dichas normas no están contenidas en tratados internacionales ratificados por Chile y, por tanto, no son ley de la República. Recordemos que un juez, para justificar y fundamentar su resolución, debe invocar la ley. Y aquí, como dije, estamos hablando de normas que no son ley de la República. Incluso, es más, a fines del año pasado se aprobó en Chile una ley que prohíbe a los internos tener y usar celulares dentro de cualquier recinto penitenciario del país, lo cual hace más inexplicable la resolución del juez Urrutia».
«Yo no niego, y existe en la ley, la facultad de todo juez de inspeccionar los recintos carcelarios. Pero vuelvo a decir, dichas atribuciones también tienen que ser utilizadas con prudencia. Y aquí en la cárcel de alta seguridad estamos hablando de reos y de internos de alta peligrosidad de bandas organizadas, del crimen organizado y, en consecuencia, la resolución del juez Urrutia que autorizó estas videollamadas lo hace aún más inexplicable y poco prudente«, agregó.
Asimismo, el diputado Miguel Ángel Calisto (Demócrata) dijo que «si bien existe la separación de poderes, resulta incomprensible que el Estado tenga dos mensajes para los delincuentes y el narcotráfico, por un lado busca perseguirlos y sancionarlos, mientras que por otro lado pretende beneficiarlo. Hoy nuestro ordenamiento jurídico consagra la restricción de libertades según el delito o la peligrosidad del imputado. Hoy se les está regalando en bandeja que sigan operando y organizándose desde la cárcel»
A su vez, el diputado Marcos Ilabaca (PS) indicó que «lo que ha sucedido con este juez de garantía es escandaloso y grave. No podemos permitir que este tipo de acciones suceda. El combate al narcotráfico y al crimen organizado debe ser total y todos los poderes del Estado deben encontrarse en una línea para poder desarrollar este tipo de acciones. Yo espero que la Corte de Apelaciones logre revocar esta decisión, que la encuentro errada. Revisaremos la normativa que existe actualmente para poder restringir este tipo de situaciones. Al crimen organizado no se le entrega ningún milímetro. Por lo mismo, creo que es absolutamente un error lo fallado por este tribunal».
Por último, el diputado Luis Sánchez (Republicano) dijo que «el comportamiento del juez Urrutia no es algo nuevo. Es el mismo que en el pasado dejó libres a delincuentes del estallido y además ha insultado en reiteradas ocasiones a nuestras policías. Es fiel representante de la ideología octubrista y por lo mismo la Corte Suprema debiese hacerse cargo y removerlo de la judicatura, o al menos del conocimiento de causas penales. Hoy la ciudadanía reclama mano dura y seguridad y el juez Urrutia, y todos los jueces que piensan como él, son una amenaza a esa demanda«.
DEFENSA DEL JUEZ
Un tema que se ha tomado la semana es el de las videollamadas para reos de alta peligrosidad (asociados al crimen organizado, como informó Mega). Y es que la decisión del juez de garantía Daniel Urrutia, que se conoció en medio de la crisis de seguridad que afecta al país, provocó cuestionamientos inmediatos.
Según consignó El Mercurio, un recurso presentado por Gendarmería ante la Corte de Apelaciones de Santiago paralizó la orden temporalmente y el tribunal de alzada le pidió esta semana un informe -previo a resolver si correspondía mantener o modificar su autorización- y ayer viernes el magistrado respondió, insistiendo en lo resuelto y explicando sus fundamentos.
Urrutia citó normas de Naciones Unidas, Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y Reglas Nelson Mandela, entre otras, que «recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares. Que el ejercicio de este derecho debe darse en condiciones de dignidad, privacidad, higiene y seguridad para ambas partes. Que lo anterior previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento».
El informe agrega que «analizando cada caso, sobre todo que existían algunos internos extranjeros que llevaban más de siete meses sin contacto con sus familias, se adoptaron las autorizaciones». Además, recuerda, todos son imputados, por lo que deben «ser tratados de acuerdo al principio de inocencia».
Sin embargo, Gendarmería en el recurso para impugnar la decisión del juez advertía que el hecho de que estos reos de alta peligrosidad puedan «comunicarse libremente con terceros a través de videollamadas pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada«.
Ahora, respecto a si se alcanzaron a materializar los contactos, la institución penitenciaria y el Poder Judicial indicaron a El Mercurio que no. El juez denunció a la fiscalía haber recibido siete amenazas de muerte por redes sociales, tras darse a conocer su resolución. (Emol)
