Las aguas están revueltas en la Corte Suprema. Por diferentes razones, varios de los ministros titulares enfrentan cuestionamientos y reproches, tanto de sus pares como desde el mundo político.
De hecho, son tres los magistrados que enfrentan la posibilidad cierta de ser acusados constitucionalmente. Se trata de Ángela Vivanco -que se mantiene suspendida de sus labores producto del cuaderno de remoción abierto en su contra-, Jean Pierre Matus y Sergio Muñoz.
Y precisamente este último, como pudo conocer La Tercera, comenzó ayer a hacer uso de una serie de permisos y de feriados legales que lo mantendrán alejado del Palacio de Tribunales por poco más de tres semanas.
Muñoz estará fuera de sus labores habituales en la Tercera Sala Constitucional hasta al menos el 9 de octubre.
Esto se debe, de acuerdo con antecedentes recabados, a permisos administrativos que les fueron conferidos para ausentarse los días 16, 17 y 23 de septiembre, y también al uso de su feriado legal (vacaciones) por ocho días corridos.
Tras ello, como indicaron desde el Poder Judicial, tendrá otros permisos administrativos y también se desplegará en comisión de servicio fuera de la capital.
Contactado por este medio a fin de conocer los motivos de su ausencia, el ministro Muñoz declinó hacer cualquier tipo de comentarios.
Cabe hacer presente que Mario Carroza podría convertirse en un cuarto ministro objeto de acusación, puesto que la bancada de Renovación Nacional sigue evaluando presentar un libelo acusatorio en su contra. Aunque hasta ahora es una iniciativa promovida principalmente por la diputada Camila Flores.
INCOMODIDADES EN LA SUPREMA
Si bien actualmente hay ocho ministros titulares que se encuentran fuera, la ausencia de Sergio Muñoz en los pasillos de tribunales ha generado extrañeza porque justamente él ha sido uno de los jueces que ha ido sumando cuestionamientos.
Inicialmente, fue “pasado” a la Comisión de Ética a raíz de una denuncia interpuesta en su contra por haber entregado información privilegiada en la compra de un departamento a su hija, Graciel Muñoz, abogada y jueza.
El escrito fue presentado a la comisión por Marco Antonio Fuentes, representante de la Inmobiliaria Fundamenta, empresa a cargo de dos proyectos en los que la hija del magistrado –sancionada por teletrabajar en pandemia desde Italia– invirtió y que posterior a recibir la presunta información del juez Muñoz, decidió retirar dichas inversiones.
Adicionalmente, ha estado en el ojo de cuestionamientos pues recientemente se presentó una nueva denuncia contra su hija por haber desarrollado su teletrabajo en Europa sin informar cuál sería su dirección real.
Basado en esto último es que la ONG Quiero Vivir sin Delincuencia y Sin Corrupción, ingresó su denuncia ante el Ministerio Público. La organización, encabezada por Esteban Infante, afirma que en lo ocurrido con la magistrada se habría cometido el delito de falsificación de instrumento público, por lo que solicita que realice una serie de diligencias para determinar aquello.
Una Sala “descabezada”
Con la ausencia de Vivanco y de Muñoz, la Tercera Sala -comentan en los pasillos de tribunales- parece estar quedando “descabezada”, pues, por ejemplo, este martes sólo estuvieron dos de los titulares que integran dicha instancia: Adelita Ravanales y Mario Carroza.
La situación, en todo caso, podría “empeorar”, pues a partir del próximo 25 de octubre, tras la salida del ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar, Carroza pasará a integrar la Primera Sala Civil.
Con esto, el poder de la Tercera Sala, que suele analizar causas vinculadas con derechos sociales, se estaría “debilitando”.
