No es un misterio que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue -desde ayer en prisión preventiva por el caso Farmacias Populares- ha dividido al oficialismo y también a la militancia del Partido Comunista.
Y es que la figura del exabanderado presidencial del PC es un factor que no pasa desapercibido, en consideración de apego a la base que está más a la izquierda de la colectividad y a sus duras críticas que ha esbozado contra el gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Sin ir más lejos, Daniel Jadue fue definido este lunes por la ministra del Interior, Carolina Tohá, como un rostro con un estilo “muy confrontacional y muchas veces, cuando tiene reveses, culpa a otros actores. No hay una persecución”.
Hoy, dentro del PC, Jadue tiene sus adherentes, quienes incluso llegaron hasta el Centro de Justicia a entregarle su respaldo en masa durante los cuatro días que se extendió la formalización. Entres sus defensores que acudieron a tribunales estaban el timonel comunista, Lautaro Carmona, y la secretaria general, Bárbara Figueroa.
Pero el alcalde de Recoleta también ha visto cómo algunos dirigentes del PC toman distancia de su figura. Dentro de este grupo están las principales autoridades comunistas que hoy ostentan cargos de poder en el gobierno de Boric, con quienes Jadue ha construido este último año una relación distante.
Hoy el PC tiene tres de sus rostros en el gabinete presidencial y ninguno de ellos figura en el círculo del exabanderado presidencial.
Por ejemplo, la ministra de la Segegob, Camila Vallejo -integrante del comité político de Boric-, no habla con Daniel Jadue desde el funeral del extimonel del PC Guillermo Teillier, quien falleció a fines de agosto de 2023.
En la misma posición está la ministra del Trabajo, Jeannette Jara -también del comité político del Presidente-, quien tampoco figura entre los cercanos de Jadue.
El otro ministro PC es Nicolás Cataldo (Educación), quien no conversa con Daniel Jadue desde hace unos cuatro meses. El secretario de Estado, eso sí, había cultivado una relación distinta con el alcalde de Recoleta, debido al rol que asumió como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere) entre septiembre de 2022 y agosto de 2023. En este cargo las autoridades se caracterizan por tener que hablar constantemente con las figuras comunales.
“Acá hay que bajar de alguna manera el tono del debate, no contribuye ni a la confianza en las instituciones, no contribuye a los procesos en particular de investigación, no contribuye el estado de ánimo entre actores políticos diversos”, respondió Cataldo a Jadue en abril, luego de que el alcalde cuestionara el tono contra la justicia y el Consejo de Defensa del Estado presidido por el abogado -cercano al Frente Amplio y nombrado por Boric- Raúl Letelier.
La frase del titular del Mineduc es fiel reflejo de cómo han debido posicionarse en veredas distintas con el excandidato presidencial siempre que este último sale a cuestionar abiertamente al Ejecutivo del que son parte.
De hecho, una figura PC del gobierno a la que le podrían complicar las críticas de Jadue y sus adherentes al Poder Judicial es al subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo.
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De hecho, hoy Jadue tiene pocos aliados dentro del gobierno, quienes oscilan principalmente como asesores. Uno de ellos es el integrante de la comisión política y asesor de Manuel Monsalve en la Subsecretaría del Interior, Juan Andrés Lagos.
Sin ir más lejos, Lagos estuvo presente en la primera jornada de procesión por la formalización que realizó la militancia del PC en respaldo de Jadue. Sobre esto último, este lunes la jefa del gabinete advirtió que “no considero que esa participación haya sido prudente, pero no creo que desde el punto de vista del reproche formal se pueda plantear algo. Prudente no es”.
En medio de la celebración por su aniversario número 112, el Partido Comunista sufrió el golpe más duro desde el retorno a la democracia, luego de que su excandidato presidencial fuera esposado y llevado a Capitán Yáber para cumplir con prisión preventiva por el caso Farmacias Populares.
Todo esto ocurrió este lunes, jornada en la que el timonel de la colectividad, Lautaro Carmona, figuró en la explanada del Centro de Justicia para darle un gesto de apoyo al alcalde de Recoleta, junto a otras figuras como la secretaria general, Bárbara Figueroa, e integrantes de la comisión política como la diputada Lorena Pizarro y la exalcaldesa Claudina Núñez.
Ellos han sido parte de la militancia PC que le ha entregado un apoyo cerrado a Jadue, estrategia de la que se descolgaron las figuras comunistas que ocupan cargos de poder dentro del gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Si bien, en principio, esto se hizo para no vincular comunicacionalmente al Ejecutivo con el devenir judicial de Jadue, lo cierto es que las figuras del PC en el gobierno tampoco han estado cómodas con esta estrategia que han seguido dirigentes de la militancia. Algunos diputados, como la exvicepresidenta de la Cámara Carmen Hertz, han insistido incluso con la tesis de “persecución política”.
La percepción que hay en el gabinete es que defender a Jadue sin miramientos deja al partido en un mal pie si había alguna sanción como la cautelar de prisión preventiva en la que quedó el jefe comunal.
Considerando este juicio, desde el Ejecutivo han optado por la tesis de que “todas las instituciones deben funcionar”, que han expresado en otros casos judiciales como el lío de platas y el de Sergio Muñoz.
Así lo ha expresado, de hecho, la ministra Camila Vallejo: “Hemos tenido muchos casos de alcaldes que se les ha decretado prisión preventiva asociados a casos de corrupción u otros, y en distintos casos como gobierno hemos señalado que respetamos la labor de la justicia”.
FISCALES Y JUECES
Las asociaciones de magistrados y fiscales manifestaron preocupación después de que parlamentarios del Partido Comunista (PC) pusieran en entredicho los elementos ponderados por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago para decretar la prisión preventiva contra Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y una de las figuras destacadas de la colectividad, al que se le acusa de varios delitos de corrupción.
En la víspera, luego de tres días de un mediático proceso, la jueza Paulina Moya decidió aceptar la petición del Ministerio Público, que argumentaba que el ex precandidato presidencial, al que se investiga por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco, suponía, en su opinión, «un peligro para la sociedad».
En su cuenta de X, el jefe de bancada del PC en la Cámara Baja, Luis Cuello, afirmó que se estaba ante una determinación «desproporcionada», mientras quue el diputado Matías Ramírez aseveró que «la persecución política es evidente».
Su par Carmen Hertz calificó en una rueda de prensa que la prisión preventiva es «injusta, desproporcionada y (una medida) que no es concorde con los antecedentes que están en la carpeta investigativa».
«Ha habido una campaña -que nadie puede ignorar- contra el Partido Comunista, contra sus militantes y sus dirigentes«, acusó la legisladora.
«ASUNTO INÉDITO»
El vicepresidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Javier Mora, dijo a La Tercera que «el despliegue iniciado por el partido político del alcalde formalizado es un asunto inédito. No tenemos recuerdo, yo en particular no lo tengo, de que un partido político realizara este tipo de acciones respecto de una decisión judicial».
En ese sentido, el juez indicó: «Queremos transmitir a la opinión pública, a la ciudadanía, a los chilenos y chilenas, que el Poder Judicial es un poder independiente. La Asociación de Magistrados ha procurado siempre, de manera histórica, que el país esté dotado de jueces independientes, y en eso hemos estado trabajando».
Mora añadió que Jadue estuvo sujeto, «como pudimos ver en la audiencia, a un debido proceso cabalmente llevado a efecto. Se dieron todas las facultades al acusando, las defensas pudieron intervenir, hacer los descargos, los alegatos de defensa».
«Sería deseable», remarcó, «que toda la institucionalidad formal, y particularmente quienes forman parte de otro poder del Estado, no solo respete las decisiones como tienen que respetarlas y como corresponde en cualquier Estado de derecho, sino que además es deseable que todos contribuyan a que las decisiones emanadas en un procedimiento cuenten con ningún tipo de debilitamiento».
«PRUDENCIA»
Desde la Asociación de Fiscales, en tanto, su presidente, Francisco Bravo, comentó al mencionado medio que «respecto de las manifestaciones que puedan realizar personas partidarias del alcalde Jadue el Ministerio Público no tiene nada que comentar. Pero otra cosa son las opiniones, objeciones o críticas que realizan personas que ostentan cargos públicos«.
En ese caso, agregó el persecutor, «el llamado que hacemos -al igual que en otros casos- es a la responsabilidad, a la prudencia y al respeto de la independencia del Poder Judicial y autonomía del Ministerio Público». (La Tercera-Cooperativa)
