El modelo de gobierno del Poder Judicial desató una guerra fría al interior del Consejo y de la comisión de Función Jurisdiccional. Todo se centra en el diseño que promovió con fuerza el comisionado UDI Hernán Larraín y que logró convencer a la Comisión Experta.
Los 24 comisionados separaron las funciones jurisdiccionales de las no jurisdiccionales, para que así los jueces solo se encarguen de fallar las causas que les toca resolver. En vez de tomar el camino de un solo órgano que administre las funciones no jurisdiccionales -como es el caso del Consejo para la Magistratura en otros países- el comisionado Larraín pensó una idea distinta y luego de un largo debate consiguió convencer al resto de los comisionados.
El tema quedó de la siguiente manera. “Para la gobernanza del Poder Judicial existirán órganos autónomos encargados de los nombramientos de sus integrantes, el ejercicio de las facultades disciplinarias, la formación y el perfeccionamiento de jueces y funcionarios, así como la gestión y administración del Poder Judicial. Existirá un órgano por cada uno de ellos, los que funcionarán separadamente y de forma coordinada”, se lee en el anteproyecto.
Esos cuatro órganos autónomos estarán coordinados por un consejo: “Existirá un Consejo Coordinador del Poder Judicial, cuya única función será coordinar la actuación de los órganos autónomos referidos en el artículo anterior, entre sí y con la Corte Suprema, sin perjuicio de su respectivo funcionamiento separado e independiente. Dicho consejo será de carácter permanente y consultivo”.
La idea del comisionado Larraín -quien fue durante cuatro años ministro de Justicia, conoce de cerca la judicatura y además impartió durante el primer semestre el curso “Modernización del Poder Judicial y el Estatuto de los Jueces” en la Universidad Católica- fue evitar la concentración del poder en un solo órgano para que ningún organismo “se lleve todo el botín”. De esa manera, Larraín ha argumentado que un modelo de cuatro órganos permite desconcentrar el poder, tener buenos pesos y contrapesos y aprovechar las capacidades que ya están instaladas en órganos actuales como la Academia Judicial o la Corporación Administrativa del Poder Judicial.
El problema es que ese modelo ha generado una serie de resistencias en distintos mundos políticos, judiciales y académicos. Tanto así que la misma Corte Suprema y el gremio de los jueces ha expuesto una y otra vez que la idea no les gusta y son de la opción de tener todo concentrado en un solo órgano.
Entre comisionados y consejeros oficialistas, y de Chile Vamos, llama la atención lo que, califican, ha sido una “verdadera campaña en contra” por parte de los académicos de la Universidad de los Andes al modelo de gobernanza judicial que aprobó la Comisión Experta.
En la comisión de Función Jurisdiccional llamó la atención que fueran cerca de cinco profesores de esa casa de estudios los que criticaran duramente este diseño. A eso se suma, por ejemplo, una columna publicada el lunes en El Mercurio por el académico, exdecano de Derecho y exrector de la Universidad de los Andes, Orlando Poblete.
En su columna Poblete afirma que “el capítulo de Poder Judicial de la Comisión Experta contiene una propuesta que refleja un afán desmedido por corregir, pero no convence y menos entusiasma”. Luego el exrector va un paso más allá: “La propuesta que hoy se discute no tiene parangón en ningún orden jurídico. El derecho comparado muestra, en lo que podría ser de nuestro interés, básicamente tres modelos que tienen evidencia empírica. No son ellos los que aquí se han tenido como referentes, optándose por un experimento que, además, sin responder a imperativos insoslayables, echa por tierra doscientos años de cultura organizativa judicial”.
La seguidilla de críticas de la Universidad de los Andes es vista con sospecha en algunos sectores al interior del Consejo. Los profesores de esa casa de estudio que han sido invitados a exponer, como por ejemplo, Alejandro Romero, Maite Aguirrezábal y José Ignacio Martínez, fueron propuestos por el consejero Antonio Barchiesi (republicano) -presidente de la instancia- y Lorena Gallardo (Ind.-RN).
Los dos consejeros tienen dudas respecto del modelo y pese a que ninguno presentó enmiendas para hacer modificaciones, pretenden hacerlo. La arremetida de la Universidad de los Andes generó tanto ruido en la comisión que en la sesión del viernes pasado el asunto fue comentado por los presentes.
De hecho el comisionado Jaime Arancibia (Ind.-RN), quien también es académico de la Universidad de los Andes, recogió el punto y lo refutó. “Aquí se han dicho algunas afirmaciones que yo quisiera rectificar en los hechos porque de la última intervención pareciera que los únicos que han sostenido una crítica con respecto al capítulo de Poder Judicial son los profesores de la Universidad de Los Andes y yo tengo contabilizados a nueve profesores que han expuesto opiniones críticas”, afirmó Arancibia.
Eso último es cierto. De hecho el Instituto Chileno de Derecho Procesal tiene una posición en contra al diseño que aprobó la Comisión Experta. Ese organismo mandató a la profesora Renée Rivero a exponer ante el Consejo en contra de este idea de tener cuatro órganos autónomos coordinados por otra instancia más. Las mismas fuentes comentan que otros académicos como Sofía Romero y el exsupremo Pedro Pierry, ambos de la Universidad Católica de Valparaíso, también han manifestado sus reparos al capítulo del Poder Judicial. Esto, comentan, debido a que “su visión académica” difiere del camino tomado en el anteproyecto y las sesiones de debate público “son la instancia para hacerlos ver”.
La postura tomada por Arancibia también ha generado ruido al interior de Chile Vamos. En esa coalición resienten que desconozca los acuerdos tomados en la Comisión Experta y que Arancibia aprobó. Sin embargo, fuentes conocedoras del proceso comentan que Arancibia siempre ha tenido dudas del capítulo y que cuando votó en el pleno no dio su opinión favorable a, por ejemplo, la norma que establece que la función jurisdiccional recae en los jueces.
Al momento de cerrar la Comisión Experta, en su discurso de cierre, Arancibia recalcó que había asuntos perfectibles del anteproyecto y esperaba que el Consejo tomara esa función. Las mismas fuentes comentan que dado su perfil académico, en la comisión ha optado por permitir que “la academia pueda ser oída”.
Los reparos no solo provinieron de Arancibia. Cuando el capítulo se votó en el pleno, el comisionado socialista Flavio Quezada se abstuvo de todo el acápite, ya que argumentó que “por integridad intelectual” no podía votar a favor de esas normas.
Tanto ha sido la molestia en Chile Vamos que la comisionada Katherine Martorell (RN) emplazó a Arancibia en la misma sesión del viernes. “Dado que el comisionado Arancibia no hizo ninguna pregunta, pero sí hizo una exposición y también dio a entender su opinión, yo lo quiero invitar a que conversemos ya que aprobó muy conformemente este capítulo cuando correspondió hacerlo en la Comisión Experta. Si tiene alguna diferencia, me parece que es importante poder considerarlo porque todos tenemos el legítimo derecho de cambiar de opinión”, dijo la experta.
Arancibia respondió de vuelta. “Agradezco la invitación de la comisionada Martorell y en relación con la exposición sobre el concepto de órgano, la hice el día del pleno el día que aprobamos este capítulo. Muchas gracias”, replicó el académico.
La tensión no quedó ahí. Cuando Romero, profesor de la Universidad de los Andes, criticó las normas del anteproyecto en esa sesión del viernes, el tono de sus comentarios no fueron bien recibidos. Hubo un momento en que la consejera María Pardo pidió la palabra y en duros términos le respondió. “Me gustaría solicitar que nuestros expositores nos traten con cierto respeto, no como estudiantes en un colegio, sino como invitados en un órgano constituyente, el cual se merece cierto respeto. Yo no escribí el anteproyecto, yo soy consejera constitucional y no comisionada. Mi apellido es Pardo y no Parra, y no soy su estudiante”, dijo Pardo.
Cuando los republicanos ingresaron sus enmiendas no tocaron el modelo de cuatro órganos que promovió en la Comisión Experta el comisionado Larraín. En los días previos al ingreso de las indicaciones en privado comentaban que el análisis no estaba puesto en la pertinencia del diseño de gobierno judicial sino de qué tanto les convenía “irse en contra del modelo de don Hernán” y los costos políticos que eso podría tener debido a su ascendencia en Chile Vamos y la UDI.
Por lo mismo sus indicaciones apuntaron principalmente a eliminar las elecciones al interior del Poder Judicial para que los cuatro órganos sean integrados solo por sorteo, de manera de evitar elecciones politizadas. El sorteo se haría previo a una especie de examen de admisibilidad, para así resguardar que los jueces elegibles cumplan con los requisitos.
Sin embargo, fuentes conocedoras de este debate comentan que Barchiesi no está convencido del modelo. Por lo mismo, está interesado en hacer modificaciones que podrían apuntar a algunos detalles de integración o, eventualmente, algo más arriesgado. Esto último podría ser disminuir la cantidad de órganos a solo dos instancias. Eso no está zanjado y será materia de negociación o de debate.
Para concretarlo, Barchiesi necesita cumplir con los 3/5 al interior de la comisión para impulsar enmiendas de unidad de propósito. Para eso necesita todos los votos republicanos y el de un consejero más. Ese voto adicional podría ser el de Gallardo.
La consejera tiene dudas del modelo. Tanto así que el fin de semana anterior a la presentación de las enmiendas, cuando la bancada discutía este tema en el Instituto Libertad, manifestó sus dudas y dijo que no estaba por apoyar el modelo tal cual como llegó de la Comisión Experta y se resguardaba el derecho a hacer cambios. Su postura, comentan fuentes de Chile Vamos, fue respaldada con algunos matices por el comisionado Arancibia, quien también estaba presente en la cita.
“Las críticas actuales de las personas al Poder Judicial no tienen que ver con cuántos órganos vamos a tener. El sistema que tenemos hoy día si bien puede tener errores, funcionó y sigue funcionando. Lo que se está presentando en el anteproyecto es una innovación que puede presentar errores o riesgos importantes y hay que tratar de ver ahora si podemos subsanar esos errores para que sean los mínimos en un futuro”, explicó Gallardo a La Tercera PM. (La Tercera)
