La discusión sobre las modificaciones a la Ley de Migraciones 21.325 ha generado debate. Si bien se proponen avances necesarios, estas medidas no constituyen un cambio de paradigma para abordar la crisis migratoria.
Entre los aspectos positivos, destaca la intención de limitar privilegios para quienes ingresan al país de manera clandestina. Las modificaciones apuntan a evitar que se mantenga la resolución del gobierno de que los hijos de extranjeros irregulares tengan prioridad en acceso a jardines Junji por sobre los hijos de madres adolescentes chilenas, o que puedan trabajar sin autorización dado que no existe responsabilidad real para el empleador. Sin embargo, esta propuesta enfrenta a la ministra del Interior, quien ha insistido en que la responsabilidad de regularizar la situación migratoria debe recaer en los empleadores, manteniendo la lógica del gobierno que el ingreso clandestino no es acto que debe ser sancionado, sino que premiado.
Otro aspecto destacable de la reforma es el endurecimiento de las causales de expulsión, que ahora incluirán faltas reiteradas y no sólo delitos graves. Además, se refuerzan las sanciones a las empresas de transporte que faciliten el ingreso de migrantes irregulares. Estas disposiciones son razonables.
No obstante, uno de los principales déficits sigue siendo la falta de capacidad operativa para materializar las expulsiones. Aunque se endurezcan las normas, sin voluntad, estas disposiciones serán sólo buenas intenciones en el papel.
Además, el proyecto no aborda de manera estructural la necesidad de desincentivar la regularización de quienes ingresan ilegalmente al país. La expectativa de que, tarde o temprano, se les otorgará una visa sigue siendo una de las principales razones detrás del ingreso clandestino. Si en las próximas semanas se anuncia un proceso de regularización, independiente del nombre o eufemismo que ocupe el gobierno, significará que se renunció a establecer un proceso justo y triunfó la lógica de privilegios a extranjeros que no respetan nuestra norma.
A su vez, resulta imperativo retomar la discusión seria sobre el ingreso clandestino como delito. Penalizar este acto -con excepciones para solicitudes de refugio que funciona bien en nuestro país-, y priorizando la reconducción antes de la expulsión, enviaría una señal inequívoca de que el respeto a la ley es una condición fundamental para construir una migración justa.
Por ello, las modificaciones son un avance necesario, pero insuficiente para resolver los desafíos estructurales del sistema migratorio. Sin una implementación efectiva y un enfoque que priorice el cumplimiento de la ley por sobre los privilegios, estas reformas corren el riesgo de quedar como buenas intenciones. La oportunidad está en corregir el rumbo hacia un modelo que, además de ser justo, envíe un mensaje claro: en Chile, la migración debe ser responsable y respetuosa de nuestras normas. (El Líbero)
Álvaro Bellolio
