La satisfacción por el buen desenlace del juicio sobre las aguas del río Silala no debe eludir los elevados riesgos de seguir exponiendo nuestra soberanía y conflictos con otros Estados a lo que resuelva la Corte de La Haya.
El Presidente Boric tiene despejado el camino. Sus predecesores no pudieron desahuciar el Pacto de Bogotá por estar sometidos a litigios pendientes. Por lo demás, el Gobierno no parece apreciar a la Corte: desechó la oportunidad de integrarla con un prestigiado jurista chileno, Claudio Grossman.
Hace algunos años, el 73% de los encuestados por este diario —diplomáticos, excancilleres, parlamentarios y un ex Presidente de la República— aconsejaban terminar con la obligación que nos arrastra a comparecer a La Haya, y con razón.
La mayoría de los magistrados de La Haya, aparte de pomposos, y según el último fallo, son flojos. En el caso del Silala, transcurrieron casi seis años para no resolver directamente. Los jueces se asilaron en que el conflicto no tenía objeto, por haber coincidido las partes en que el río era internacional. Además, se exceden en su jurisdicción, legitiman conflictos artificiales y son capaces de sentenciar cualquier cosa, aunque ninguna de las partes lo pida. Ocurrió en la delimitación marítima con Perú, ignorando el compromiso suscrito por las partes, en la Declaración de Santiago de 1952, que delimitaba la zona marítima de soberanía y jurisdicción exclusiva, hasta una distancia mínima de 200 millas. Sin más, sentenciaron que el paralelo demarcatorio se extendía por pocas millas, aplicando luego una extraña bisectriz y un limbo para el triángulo exterior.
Cualquier día Bolivia presentará otra demanda. Se sabe el poder que mantienen Evo Morales y su ideólogo García Linera, y sus aspiraciones de retornar al mando del país. Y Morales es un querulante, sufre de un trastorno mental que lo conduce a la pleitomanía con Chile.
En la designación de los jueces de La Haya, las partes no tienen derecho alguno. El tribunal se designa por votación de la Asamblea y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, siguiendo criterios políticos y geográficos. Dos tercios de los países de la región se han retirado o no han suscrito el Pacto. La gran mayoría de los Estados prefiere la negociación directa, mediación y arbitrajes ante tribunales libremente convenidos, acordando designación de los jueces, competencia y procedimientos.
Retirarse de la comparecencia obligatoria ante la Corte de La Haya no significa desafiar el orden jurídico internacional. Siempre queda la posibilidad de concurrir voluntariamente a La Haya.
Es el momento de retirarse del Pacto de Bogotá. El Presidente Boric haría un gran aporte al país dejándolo en libertad de concurrir o no a la Corte de La Haya. (El Mercurio)
Hernán Felipe Errázuriz
