Fue la denuncia de un pequeño empresario de servicios de limpieza, cansado de pagar coimas, la que inició el destape del sistema de corrupción italiano conocido como Tangentopolis (it. tangente: suma de dinero pagada, percibida o exigida a cambio de favores ilícitos, s. XVIII) en alusión a Milán, la elegante ciudad de los sobornos. Allí cualquier comerciante, empresario o mafioso amigo de los partidos encontraba su “protección paralegal”.
El caso comienza en Milán el 17 de febrero de 1992, cuando el socialista Mario Chiesa es sorprendido in fraganti recibiendo siete millones de liras a cambio de asegurar un contrato. A partir de esa fecha se sucede, cual efecto dominó, una saga de acontecimientos: el 22 de abril, ocho empresarios son detenidos; el 2 de mayo, dos alcaldes son imputados; el 6 de mayo, es arrestado el vicepresidente de la cuarta mayor empresa constructora de la península; el 8 de mayo, un ex senador y presidente del Ferrocarril del Norte confiesa haber receptado aportes ilegales para la Democracia Cristiana; el 12 de mayo, el tesorero de la DC es acusado de recibir 700 millones de dólares… El 3 de julio, Benedetto Craxi, secretario general del Partido Socialista, confiesa que todos los partidos tienen un aparato que, aunque precario, ha empleado recursos adicionales en forma irregular o ilegal y que, si esto es considerado un crimen, significaría que gran parte del sistema es un sistema criminal. “Ningún partido –remata Craxi– está en posición de lanzar la primera piedra”. Craxi acabó fugándose a Túnez, donde murió el año 2000.
LOS JUECES Y LA DESINTEGRACIÓN DE LA CLASE POLÍTICA
Centenares de políticos investigados y juzgados terminaron en la cárcel o debieron renunciar a sus cargos. El régimen político se vino abajo. La Primera República llegó a su fin, arrastrando consigo a las principales fuerzas políticas que le dieron sustento desde la Segunda Guerra Mundial, entre ellas, la poderosa Democracia Cristiana que gobernó entre 1948 y 1993. Para desatar la tempestad, bastó el simple aleteo de una mariposa que cobró aliento en la atmósfera propicia: de entrada, el fin de la Guerra Fría y del llamado equilibrio del terror, siempre esgrimido para asegurar la estabilidad de las instituciones y del régimen político. Luego, una crisis económica que hacía ya imposible seguir pagando prebendas. Y, claro, una reforma judicial que había fortalecido la autoridad e independencia de la magistratura.
Los paladines de Mani Pulite, la gigantesca operación de la justicia ordinaria que desentrañó la impudicia de la corrupción y las negociaciones incompatibles como modus operandi de la clase política, no fueron las redes sociales, ni ningún ciudadano empoderado y consciente de sus derechos, sino los jueces. Fueron ellos quienes desnudaron el financiamiento ilícito de las campañas parlamentarias, el cohecho, las prebendas y el tráfico de influencias, los mismos delitos que todavía ensombrecen a Europa y América Latina. Pues, si la actual crisis de España, Italia, Francia y Portugal no dista de nuestra cotidianeidad, es porque casos como el de Bárcenas –que compromete a la plana mayor del Partido Popular español, heredero de la Falange y socio de la Internacional Democristiana–, muestran un elocuente parangón con los casos del binomio Penta y Soquimich. En efecto, en el caso chileno las contabilidades paralelas de los partidos y el financiamiento ilícito derivado de los fraudes al fisco, a través del uso contable de boletas falsas, ha sido denunciado como un sistema que llevaría operando, al menos, los últimos dos periodos presidenciales.
EL VATICINIO DE LA DEBACLE, ALDO MORO Y SU ETOS DE PROBIDAD
Tangentopolis fue de tal envergadura, que marcó un punto de inflexión en la relación de la política y los negocios en Europa. Antes del escándalo italiano, los partidos se servían de los negocios ilícitos para financiar la actividad política –con todo el altruismo que ello envuelve: ideales, servicio público, solidaridad–, algo muy parecido a lo sincerado hace poco tiempo por el empresario chileno Andrés Navarro: “Yo nunca lo hice por conseguir ningún favor en especial, sino que por un simple ánimo de ayudar a personas que me merecían confianza y que pensaba que podían desempeñar un buen papel en la función pública”. Después de Tangentopolis, con Berlusconi en el control del Gobierno y a la manera de las sociedades Penta y Soquimich, el vínculo se invierte. Ahora, para hacer negocios e incrementar las utilidades de sus empresas, los intereses económicos se valen de los grupos de poder que operan al interior de los partidos. Ellos seleccionan y asignan recursos a los más idóneos. La política, y su finalidad general, que es el bien común, quedan así subordinadas a los negocios y a sus fines particulares.
Sin embargo, Tangentopolis no fue algo súbito, sino la coronación de un largo proceso de descomposición que tuvo como antecedente crucial el testimonio y sacrificio de Aldo Moro, el político democratacristiano que mejor intuyó y luchó contra tan fatal desenlace.
En los atribulados “años de plomo” del terrorismo de derechas e izquierdas, Moro fue un visionario. Un estadista que tenía claro que la única manera de construir poder y responder a las reivindicaciones sociales que urgían a Italia, era la reactualización de la doctrina fundacional a través del compromesso storico y la aplicación de una férrea ética política de la probidad. Entendía, por tanto, que la mantención del centro y de su anacronismo, del clientelismo, y de la connivencia con el empresariado y la mafia, sólo conducirían al aniquilamiento del partido y de todo el sistema político.
Acaso Romanzo di una Strage (2012/Marco Tulio Giordana), film sobre el atentado terrorista de 1969 en Piazza Fontana, Milán –que inaugura el periodo de actividad insurreccional en Italia–, sea donde mejor se revela la matriz ética de Aldo Moro y su crítica a la vulnerabilidad del poder dentro del régimen político. El guión, que se apoya en los escritos de su diario de vida y que se expresa al modo de una confesión en los días previos al crimen, relata: “Me pregunto cuál es el rol que el Señor me ha asignado en medio de este mar en tempestad. No lo logro comprender; no logro verlo. Miro a mis pares, y no veo más que indisciplina y vanidad. Veo solo maldad, ningún sentido de la comunidad, ningún amor por el otro sino por el propio interés. Después, en el lugar de las ideas, están la vileza, el oportunismo y la violencia. A veces pienso que sería mejor obviar esto y mantener un comportamiento parecido al de las cosas: los árboles, las piedras, la naturaleza. Otras veces pienso que quizás en Italia sea necesaria una catástrofe que destruya todo aquello a lo que nosotros nos hemos sobrepuesto: las hormigas, los autos, el cemento, y la traslade al desierto, a la primera tierra desnuda, así la naturaleza podría sobrevivir y recomenzar desde la primera forma de vida, del primer hombre, del primer fuego. Así es, se avecina un cataclismo político del cual me siento ser pronto su primera víctima”.
Por otra parte, la vocación garantista de derechos de la DC de Moro, de lo que da cuenta el espíritu de la Carta Magna de 1948, en cuya redacción participó –texto pionero en la constitucionalización de las prerrogativas fundamentales–, era más que la interpretación conservadora de las ideas del francés Maritain y de la Doctrina Social de la Iglesia. No por nada era reconocido como el jurista italiano que mayor proyección normativa dio a la filosofía maritainiana. Ya en 1963, su primer Gobierno, en una alianza de centroizquierda con los socialistas, encontró un modelo en la propuesta chilena de reformas y políticas con enfoque de derechos de Eduardo Frei Montalva, elogiada por el mismo Maritain y mirada con recelo por la CDU alemana, que todavía no se recuperaba de las corruptelas que en 1957 provocaron un cisma en su Gobierno.
Una década después, y convencido de que cualquier alianza con la derecha significaría un retroceso, en 1976 comenzó a plantear la tesis del giro decisivo hacia una amplia coalición de centroizquierda: la incorporación en el Ejecutivo de los recientemente exitosos eurocomunistas de Enrico Berlinguer. Este último, a su vez, conmovido por la catástrofe del golpe militar de Pinochet, propició el afianzamiento de dicha tesis para evitar la radicalización de las fuerzas en juego.
Sin embargo, el proyecto se vio truncado, anticipándose la encrucijada ideológica que desde la década del 90 viven los partidos de inspiración humanista cristiana. La fatídica mañana del 16 de marzo de 1978, mismo día en que la moción de confianza para aprobar el Gobierno se votaría en el Parlamento, marcó la suerte de la república italiana y también el destino de la Democracia Cristiana internacional. Han sido 37 años en que el secuestro y la posterior ejecución de Aldo Moro a manos de la Brigadas Rojas en Roma –en un intrincado plan que incluyó a funcionarios de la OTAN, agentes de la CIA, y miembros de la derechista P2 y la Red Gladio– han sedimentado una crisis de identidad que afecta desde el rendimiento electoral hasta la legitimación del rol y discurso del comunitarismo y los derechos humanos.
Parece lógico, por tanto, concluir que el magnicidio de Moro sea muy semejante al de Eduardo Frei ocurrido cuatro años después. Ambos fueron –usando la retórica de las Brigadas Rojas– un ataque al corazón del Estado, y su reparación, más allá de la aplicación de la justicia criminal, hoy es parte del derecho a la memoria. Sólo en ellos, la ética de la justicia social y la gobernabilidad democrática hacían viable una férrea oposición, en un caso al régimen cooptado por las mafias; en el otro, a la derecha golpista.
Los 14 años que siguieron a la muerte de Aldo Moro tuvieron por protagonistas y mandatarios alonorévole Giulio Andreotti de la Democracia Cristiana y al onorévole Benedetto Craxi, socialista. En sus administraciones recae la responsabilidad de haber hecho del culto al poder el camino directo hacia la pulverización del sistema. Las conexiones con la mafia, con mercenarios, con terroristas internacionales y con golpistas latinoamericanos contribuyeron a que el fin del régimen político tuviera sus nombres marcados a fuego.
Con una mirada premonitoria y crítica, Moro retrata a Andreotti en la penúltima carta que escribe en cautiverio: “No es mi intención volver sobre su gris carrera. Esto no es un fallo, pero se puede ser gris y honesto; se puede ser bueno y gris, pero lleno de fervor. Y bien. Es esto lo que precisamente le falta a Andreotti. Cierto, él ha podido navegar desenvueltamente entre Zaccagnini y Fanfani, imitando a un De Gasperi inimitable que está a millones de años luz lejos de él. Pero le falta justamente eso, el fervor humano. Le falta ese conjunto de bondad, sabiduría, flexibilidad y claridad que tienen, sin reservas, los pocos demócratas cristianos que hay en el mundo. Él no es de éstos. Durará un poco más o un poco menos, pero pasará sin dejar rastro”. Y así lo escribiría la historia. Andreotti representó las glorias y miserias de la DC en la vía haciaTangentopolis.
REIVINDICANDO A MORO
A diferencia de lo que ocurre en Chile y la opacidad con la que cada cierto tiempo se evocan los testimonios de Eduardo Frei Montalva y otros, la figura de Moro en Italia sirve de inspiración para una nutrida literatura y filmografía. Con mayor o menor verosimilitud y documentarismo, la imagen de Moro y su tragedia siempre están presentes en el alma de una sociedad hastiada de la desideologización, la sobreexposición de la vida privada de los políticos, los conflictos de interés y el marketing electoral que envilece al Estado. En este sentido, a la hecatombe del régimen le siguió (años 1993-2011) otro modelo más vergonzante y ruinoso: la despolitización en manos de la derecha popular. A este modelo los analistas le han denominado la videocracia italiana, cuyo máximo exponente ha sido el hiperventilado cavaliere Silvio Berlusconi.
En el último bienio, los esfuerzos por determinar la verdad del caso Moro han tenido diversos hitos. El más importante, pese a seguir siendo un secreto de Estado, es la comisión parlamentaria formada el 2014 para investigar nuevos antecedentes, en particular, cintas de audio con declaraciones de los hechores y del mismo Moro. Más de alguna de esas pruebas conectan con otros crímenes de Latinoamérica, Portugal y Alemania, distintos a los atentados emblemáticos ya conocidos, como el de Bernardo Leighton y el del General Prats, por mencionar a víctimas chilenas. Asimismo, la instancia cuenta con el apoyo del Papa Francisco, quien se ha comprometido públicamente a liberar el secreto de Estado sobre algunos antecedentes y facilitar los testimonios de nuncios y obispos involucrados, como es el caso del polémico padre Menini, quien niega las acusaciones de haber sido enviado al cautiverio de Moro para confesarlo.
“Nel discorso c’é Moro, c’é Moro” (en el discurso está Moro, está Moro) decían varios de los parlamentarios el día que juró el actual Presidente de Italia, Sergio Mattarella, quien dejó la judicatura para entrar de lleno en la vida política. En más de alguna ocasión ha indicado que estos tiempos han abierto un escenario propicio para el legado de Moro y que el suyo será el gobierno que emprenderá sus reformas, ahora desde el Partido Democrático que desde el 2007 reúne a ex democratacristianos, comunistas y socialistas. La razón: el etos de la probidad que siempre estuvo presente en sus propuestas quizá sea la cuerda de salvación para un sistema que no logra despercudirse de los lastres que dejaron los distintos gobiernos de il papi Berlusconi, así como las manifestaciones de subpolítica que derivaron en el total desconcierto que trajo el movimiento Cinque Stelle de Beppe Grillo, la derecha de las velinas (la farándula en el Parlamento) y la extrema derecha del norte.
Mientras conocemos el alcance del financiamiento ilícito y los delitos asociados a la influencia de Penta y Soquimich en los partidos chilenos, gracias a la investigación formalizada de la Fiscalía Nacional, no podemos pensar que se trate de un problema coyuntural a la espera de una nueva Ley de Partidos Políticos y una moderna normativa del lobby. Al contrario, ni la perplejidad ni la tolerancia a estos casos detendrán un desenlace similar al italiano: asistimos al principio del fin del régimen político y no podemos sino pensar en un nuevo pacto social que permita restablecer los equilibrios democráticos. Los partidos no pueden seguir siendo las parcelas de poder de unas pocas familias ni es racional cifrar las esperanzas en movimientos de subpolítica tan volátiles como las consignas expresadas en Facebook o Twitter.
Aunque no lleguemos a conocer el vacío de poder, los males que padece Chile –una economía de la precariedad laboral, la altísima concentración económica, la mercantilización de derechos fundamentales como la educación, la salud y la vivienda, entre otros– ponen de manifiesto que la inercia política en manos del populismo está acechante y la responsabilidad de esta crisis también es del electorado. Una debacle de los partidos no sólo afecta la gobernabilidad y la economía de un país, sino los derechos fundamentales de la ciudadanía. Los casos de Italia en los 90, de España en el 2011 y, ahora, de Brasil, deben animarnos a reflexionar sobre un cambio radical de enfoque. No es el sistema legal y judicial el que abre intersticios y forados para la cooptación de los políticos por el empresariado. Es la carencia de una ética de la probidad y de la justicia social o el desdén por ambas la que subyace en el modus operandi de Penta, Soquimich y de los receptores de ese financiamiento.
Los democratacristianos tienen la propuesta de Aldo Moro para debatir qué límites éticos de la probidad y la justicia social están dispuestos a respetar. No hacerlo los empujará a la vereda de los encubridores, convirtiéndose en espectadores de un triste Tangentopolis sin el glamour ni la belleza del original. (El Mostrador)
