El abrazo de los diputados Gonzalo Fuenzalida, de RN, y Maite Orsini, de RD, evidenció la celebración transversal que desató que la Cámara aprobara por segunda vez el postnatal de emergencia. El Senado había rechazado su admisibilidad, y la Comisión Mixta, que debía resolver la diferencia entre ambas Cámaras, la aprobó. Lo que hicieron los diputados el jueves fue ratificar lo que votó la mayoría opositora en esa comisión.
Y el viernes se vio la celebración final porque el gobierno llegó a acuerdo con la oposición en esta materia en la Comisión del Trabajo del Senado, evitando el riesgo que el proyecto fuera declarado admisible en la Sala esta semana. La Moneda podía perder el estrecho margen de apenas cuatro senadores que en la primera votación consideraron que era inconstitucional al irrogar gastos y tratar una materia de seguridad social que la Carta Fundamental entrega al Ejecutivo. Y puede haber preferido un mal acuerdo a que se aprobara otro proyecto inconstitucional que supone financiamiento estatal, en este caso.
¿Era para descorchar champaña este acuerdo con la oposición? Toda esta tramitación dejó en evidencia la debilidad de nuestro aparataje institucional y del gobierno. Los 19 diputados de RN y los 8 de la UDI que celebraron con el Frente Amplio, que presentó el proyecto en marzo, hicieron patente al Ejecutivo que ya no se alinean con él, sino que corren con colores propios. Se sumaron a la iniciativa de la extrema izquierda gustosos, a pesar que este grupo rehusó participar en el acuerdo económico social que contempla US$12 mil millones para enfrentar la pandemia que finalmente firmaron sólo tres partidos de la ex Concertación el domingo 14 de junio (PS, DC y PPS). Se suponía que con este acuerdo terminaría el desafío al Ejecutivo con iniciativas inconstitucionales para aparecer como titulares de los beneficios a la población producto del conronavirus.
El gobierno cedió en todo lo que le solicitaron los autores del proyecto (diputados del Frente Amplio y el ex PS, Marcelo Díaz) y sus promotores de oposición y del oficialismo, que fue darle una solución sólo a las madres cuyo post natal venció a partir del 18 de marzo, las que verán extendido el permiso por tres meses, con el mismo sueldo, mientras dure la pandemia. Lo único que cambió es que la oposición pedía que lo financiara el fisco y el acuerdo registró que serán el Fonasa y las isapres, porque tendrá la forma de una licencia Covid 19, como la que opera en caso de enfermedad de niños menores de un año.
El Presidente resolvió ceder, a pesar que tuvo desde marzo a la ministra del Trabajo María José Zaldívar argumentando la inconstitucionalidad del proyecto, que era además muy caro, restrictivo y altamente regresivo. Todos oímos que la propuesta parlamentaria beneficia sólo a 13 mil madres, de las 22 mil que tienen hijos en un año, y que de las beneficiadas, el 20% más rico se lleva el 54% de los fondos porque tienen los sueldos más altos.
Tampoco parecía justo gastar sobre $83 mil millones en las 45 mil mujeres cuyos postnatales vencieron a partir del 18 de marzo, cuando volver a trabajar en época de pandemia mientras están cerradas las salas cunas, jardines y colegios está lejos de ser un problema solo de ellas. Por el contrario, lo lógico era pensar en algo más justo, y por eso el Mandatario propuso el 24 de junio un proyecto para beneficiar adicionalmente a las más de 800 mil familias que tendrían impedimentos para volver al trabajo porque tienen hijos menores de 7 años (allí hizo el corte, aunque los niños de 10 o 13 años tienen la misma dificultad si sus dos padres trabajan).
Su propuesta no se la aceptó la oposición ni algunas diputadas de RN (como Paulina Nuñez o Marcela Sabat), que convirtieron este proyecto en una cosa de vida o muerte por considerar injusto que se financiara la extensión del postnatal con el seguro de cesantía. Esta alternativa está prevista en la ley de Protección del Empleo, a la que el fisco inyectó US$2 mil millones para que responda el componente solidario cuando se agote el fondo individual de cada trabajador.
Curiosamente, lo que no es bueno para las madres a las que se les termina uno de los postnatales más largos del mundo, según los diputados, sí es positivo para las otras, que están y estarán obligadas a trabajar a pesar de no tener con quién dejar el cuidado de sus menores. El gobierno cedió un beneficio para unas y concedió uno peor para las demás. Un ejemplo de política pública que no resiste una evaluación social.
Durante la larga tramitación de esta iniciativa presenciamos el descaro con que los parlamentarios creen que ellos pueden infringir la Constitución cuando consideran loable el objetivo (la famosa frase con que la presidenta del Senado hizo historia) y no le reconocen al gobierno tampoco la facultad de hacer el alegato correspondiente ante el tribunal ad hoc o presentar un veto para restablecer el orden. Parecía que el Ejecutivo iba a dar la pelea hasta el final, aunque la perdiera. Pero el Presidente aparenta haber perdido la convicción para hacerlo. Frente a otra ley inconstitucional aprobada por el Congreso el 11 de junio, que impide los cortes de los servicios básicos impagos, le venció el plazo sin que la llevara al Tribunal Constitucional y hasta ahora, tampoco la ha vetado.
Con tanto titubeo podía esperarse que algunos parlamentarios oficialistas, consciente o inconscientemente, estén pasándose al bando de los que buscan terminar con el mandato de Sebastián Piñera antes de marzo del 2022. Hacerlo por la mala o de facto con esta proliferación de iniciativas donde deciden gasto y se arrogan facultades que no les reconoce el ordenamiento jurídico. Otros están desafectándose porque sienten que si La Moneda no ejerce sus atribuciones para atajar mociones populistas e inconstitucionales, no les puede continuar pidiendo a ellos rechazarlas y pagar el costo político. Y menos, cuando después le termina cediendo a quienes han desafiado al gobierno.
¿Algo que celebrar? (El Líbero)
Pilar Molina
