Siguen avanzando los días y aún no hay certeza de lo que se pretende hacer respecto de la minería. La Comisión del Medio Ambiente ha limitado la apertura para escuchar y dialogar en materia minera toda vez que no se observó una participación de las autoridades gubernamentales competentes para exponer ante dicha Comisión. Tampoco se reflejó el interés de ésta para conocer, a través de las autoridades, el rol, la importancia y cómo funciona la minería en nuestro país y menos para entender la normativa jurídica existente y las razones del por qué se regula a través de concesiones mineras, como regla general, la exploración y extracción de las sustancias minerales.
La protección a la naturaleza que se está otorgando en el proyecto de Constitución es entendible, pero en la medida exista claridad que el medioambiente es más que la preservación de la naturaleza y el patrimonio ambiental. En ocasiones, parecieran olvidar que también lo conforman la vida en todas sus especies, lo que incluye a las personas, la población, la interacción social, cultural, económica de aquellas y que, por tanto, también en necesario resguardarlas de alguna manera.
Se plantea el interés por trabajar en mejorar las condiciones y actuar para evitar que el cambio climático siga produciendo efectos negativos, pero olvidando que, en ocasiones, hay que hacer sacrificios. Guste o no a los que defienden la naturaleza, para contrarrestar al cambio climático es fundamental la minería, por lo que su desarrollo debe continuar presente en nuestro país sin desconocer que deben hacerse mejoras y adaptaciones respecto de su ejercicio, a fin de avanzar en una minería más sostenible. Algunas empresas mineras ya están trabajando en ello y la Política Nacional Minera 2050 da pautas para avanzar en este sentido. Lo anterior es, sin perjuicio, del rol que también compete a la minería en materia de ingresos para el Estado y ser una vía para ir cumpliendo diversos compromisos que en materia económica se plantean y que benefician a los chilenos independiente si viven o no en zonas mineras.
Para invertir y desarrollar la minería a diversas escalas, se requiere tener certeza jurídica, lo cual no se ha visto reflejado en el trabajo que ha realizado la Comisión. Es un avance que se considere que los minerales, son del Estado, aunque aún no se encuentra reflejado en las normas aprobadas hasta el momento, pero la eliminación de las concesiones mineras y su reemplazo por permisos o autorizaciones que dependen de una autoridad gubernamental del momento solo permiten acrecentar la incertidumbre. Esta situación no solo afecta a la gran y mediana minería como algunos pretenden, sino que incluso al pequeño minero y a sus familias, quienes aportan considerablemente en la explotación de minerales. Esto último, al parecer no ha sido considerado por los que tienen a su cargo plantear las propuestas en esta materia, así como tampoco los efectos que se producen respecto de quienes realizan actividades en torno a la minería, que dependen de los resultados de esta.
El rechazo por el Pleno del segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente demuestra que existen falencias y desconocimiento de la realidad histórica minera, la que no inició en 1980, y queda la inquietud respecto del actuar que tendrá la Constituyente pensando en el bien del país. (La Tercera)
María Luisa Baltra
