El plebiscito del 17 de diciembre será la quinta votación nacional efectuada como parte del proceso de experimentación constitucional iniciado hace cuatro años.
Sabemos cuán determinantes fueron los contundentes argumentos empleados por los “constitucionalistas” de Plaza Italia, cuyo primer logro fue conseguir que el Congreso se inclinara ante la ola de irracionalidad que llevó al país al borde del desastre. Frente a la más dura prueba enfrentada por el régimen democrático, los parlamentarios optaron por la fuga hacia adelante y dieron la partida, junto al gobierno de entonces, a la posibilidad de desmontar el orden constitucional y reemplazarlo por lo que resultara.
La Constitución no era un problema en 2013, cuando la expresidenta Bachelet regresó de su primer cargo en la ONU para preparar su nueva candidatura presidencial. Fue el momento en que, para materializar el giro a la izquierda, integró al PC a una nueva coalición y proclamó como objetivo programático el reemplazo del texto que llevaba la firma del expresidente Ricardo Lagos desde 2005. Todo se redujo a una temporada de asambleas y cabildos sin base legal.
Lo concreto es que el populismo constitucional socavó la democracia real. La Constitución fue debilitada por la campaña dirigida a deslegitimarla, lo que implicó ignorar sus múltiples reformas, violar sus disposiciones mediante el llamado “parlamentarismo de facto” e intentar demostrar que seguía siendo la Constitución de Pinochet.
El objetivo fue invalidar al camino hecho por Chile a partir de 1990, desvalorizar el proceso de reconstrucción democrática y, ciertamente, hacer retroceder las concepciones que hicieron progresar al país como nunca antes y que tuvieron como núcleo el libre mercado.
“No son 30 pesos, sino 30 años”, fue la confesión de los voceros del octubrismo, que querían llevar a Chile hacia otra parte. ¿Hacia dónde, exactamente? Hacia aquello que vimos en la Convención.
Nuestro país se salvó dos veces en este período: primero, del golpismo revolucionario de octubre de 2019, y luego, del delirio refundacional de la Convención que funcionó entre julio de 2021 y julio de 2022. ¿Se pueden identificar nexos entre uno y otro momento? Absolutamente. ¿Y responsabilidades políticas? Sin duda, es cosa de mirar a La Moneda. El mandatario y sus colaboradores usaron todo el poder gubernamental para conseguir que, el 4 de septiembre del año pasado, fuera aprobado el proyecto refundacional que hubiera desmembrado a Chile en tantas naciones como etnias. Fracasaron, afortunadamente.
La raíz de las dificultades que ha enfrentado nuestro país en estos años ha sido crudamente política. La Constitución fue un pretexto de la izquierda que hoy gobierna para imponer “el otro modelo”, el que traería una supuesta igualdad, ese talismán falsamente progresista que ha servido para cualquier cosa.
Cualquiera que sea el resultado del plebiscito, las fuerzas gobiernistas ya no consiguieron lo que buscaban. ¿Qué pueden exhibir como logro? Haber erosionado, con malas artes, el orden constitucional de los 30 años. Por los estragos causados, es una victoria a lo Pirro. Hoy, defienden la opción conservadora de “congelar” el texto vigente. Es como si les dijeran a los ciudadanos: “perdonen las molestias, aquí no ha pasado nada”.
Chile necesita cambiar muchas cosas, pero lo más importante es, a todas luces, el saneamiento de la política, lo que se vincula forzosamente con la solvencia moral e intelectual de los líderes. La liviandad y el oportunismo han causado mucho daño, como lo ilustra el comportamiento de quienes creen que los cargos pueden tapar la incompetencia y las pillerías. Es imperioso que los partidos sean corrientes de civismo y sentido nacional, comprometidos en la lucha contra la corrupción. El Estado debe dejar de ser un botín.
El país resultó gravemente perjudicado por la obsesión constituyente. Corresponde, pues, cerrar este capítulo. Concluyó satisfactoriamente la labor del Consejo, elegido por los ciudadanos el 7 de mayo de este año. Se respetaron rigurosamente las 12 bases establecidas por el Congreso, como lo prueba el hecho de que no hubo ningún reclamo ante el Comité Técnico de Admisibilidad. Puede haber reservas o críticas sobre tal o cual aspecto, pero la democracia representativa está a salvo.
El nuevo proyecto resguarda lo que el texto de la Convención negaba: la integridad territorial de Chile, el Estado unitario, la división de poderes, el ejercicio de las libertades, el régimen presidencial, el Parlamento bicameral, la alternancia en el poder. Es hora de dar vuelta la página y reafirmar la lealtad con la democracia. (El Mercurio)
Sergio Muñoz Riveros
