Una de las frases más conocidas en la comunicación política es “No es la economía, estúpido”. Esta se timbró en la campaña de un joven Bill Clinton contra la reelección de Bush padre, que se veía segura en el papel. Su período había marcado el del fin de la Guerra Fría, y de la Cortina de Hierro. Además, había logrado un sonoro éxito militar en la operación para sacar a Saddam Hussein de Irak. Para sumarle más mérito, había anunciado y negociado el tratado de libre comercio con más espacio territorial de la historia. Con todo eso era invencible y en especial contra un joven gobernador lleno de escándalos sexuales y no muy conocido fuera de su estado sureño. Pero ese recordatorio hizo que los electores decidieran en función de lo que les estaba ocurriendo en sus vidas cotidianas con las dificultades económicas y no por la fanfarria.
Dada la evolución que ha tomado el caso Hermosilla, bien valdría decir en voz alta “¡No es el whatsapp, estúpido!”, para advertir que lo estructural no es la serie de nombres que han aparecido y aparecerán entre las más de 700 mil hojas de las conversaciones del famoso abogado. La selección final que han hecho los filtradores para dar a conocer nombres tampoco es el problema. El tema de fondo es cómo estamos designando a nuestra Corte Suprema.
Es cierto que no es la que describía Alejandra Matus en el “Libro Negro de la Justicia”. Aquella tenía un desdén hacia las violaciones a los derechos humanos, y muchos jueces debían su cargo a la genuflexión al tirano. A diferencia de los actuales, aquellos cerraron los ojos ante los graves atropellos que se vivieron en este país, y sancionaron a los pocos jueces valientes que se atrevieron a investigar, como narra la periodista.
El problema ahora es el modo como se designan a jueces para las Cortes. El mecanismo actual es una invitación a las malas prácticas y a las sombras. Debido al largo camino que deben recorrer los postulantes, que incluyen una selección por parte del Ejecutivo y una ratificación por parte del Senado; existe una industria de abogados asesores que promueven o detienen los caminos de jueces, como se ha sabido por la serie de reportajes de Ciper y otros medios. Y no es sólo ese abogado o esa ministra, sino que es una práctica común.
Si intervienen los poderes políticos, la tentación será amarrar nombres de ambos lados del espectro. Los postulantes deben asegurarse de liquidar a los que tengan la misma orientación política, para que no entren en el combo. Hay que preocuparse estar en la quina que hace la Corte Suprema y que el Presidente se decida por el nombre. La larga lista de besamanos que deben hacer los candidatos hace que muchos recurran a tramitadores. Hoy, salvo la exposición en la Comisión de Constitución del Senado que es pública, todo lo otro requiere más iluminación.
Se debe diseñar un sistema que no genere incentivos perversos. Un ejemplo de esto son las postulaciones de los candidatos en concursos abiertos, con un sistema de evaluación conocido a priori. También se deben evitar los “combos”, analizando las postulaciones una a una, eliminando el incentivo a empatar y, por tanto, comprometer a jueces con una cierta afinidad política. Una discusión pública sobre este tema podría arrojar otros mecanismos que eviten que el juez que llegue a la Suprema esté comprometido y, por tanto, deba acceder a los whatsapps con abogados litigantes, una versión moderna de las antiguas audiencias de pasillo. (La Tercera)
Carlos Correa Bau
