Las crisis son una mezcla de peligro y oportunidad. Vivimos una crisis de confianza en las instituciones de la política. Podemos despeñarnos por el vértigo del populismo, o podemos salir mejorados, fortaleciendo esas mismas instituciones. El proyecto sobre la ley de partidos recién presentado ayuda a esto último.
Es ineludible: no hay democracia sin partidos; no hay democracia que funcione bien sin partidos que funcionen bien. La ley actual tiene casi 30 años. Ha revelado defectos que corregir y la necesidad de fortalecer institucionalmente a los partidos. En su primer gobierno, la Presidenta Bachelet mandó un proyecto al Congreso. Lo mismo hizo el Presidente Piñera. Hoy tenemos un nuevo proyecto, en el contexto de las reformas que tienen un antecedente en el informe Engel. Es de esperar que la tercera sea la vencida.
La discusión deberá tener a la vista otros proyectos, como el de financiamiento de la política y el que se presente para robustecer el Servel. La regulación de la política es un sistema: el proyecto de financiamiento da subsidio fiscal a los partidos, lo que pone sobre sus hombros una mayor responsabilidad. Esto demanda un regulador que sea capaz de hacerla efectiva, como debería serlo un nuevo Servel. Una mirada sistémica, por tanto, es necesaria.
De los partidos se desprenden bienes públicos, pero no hay que olvidar que materializan los derechos de asociación y libre expresión. La ley, por tanto, debe tener un papel acotado y preciso, estableciendo ciertos requisitos, pero dejando espacio a la autonomía. Por esto es positivo que se proponga derogar la prohibición de las órdenes de partido. Y por la misma razón, debería precisarse la exigencia de que todos los órganos colegiados, incluyendo el tribunal supremo, sean “electos democráticamente aplicando para ello la regla de mayoría”. ¿Implica voto directo? En el PS, por ejemplo, la directiva es elegida indirectamente por el Comité Central. ¿Cumple el requisito?
Por otro lado, el proyecto no contempla la posibilidad de que el rechazo de una solicitud de afiliación pueda ser revisado con independencia, la de que una minoría de militantes pueda convocar a sesiones extraordinarias del órgano colegiado principal, ni la exigencia de que las ordinarias se celebren con una periodicidad mínima. Y tampoco contempla como causal de disolución el hecho de que no se hayan renovado las directivas cuando correspondía.
Los bienes públicos que generan los partidos justifican un cierto financiamiento fiscal para ellos. Aquí los proyectos en curso pueden mejorarse. Por ejemplo, en lugar de decirles que usen parte de esos recursos en determinadas actividades, se debería seguir el informe Engel, que propone “cofinanciar” dichas actividades, incentivando así partidos más activos y facilitando el control del uso de los recursos, porque podrían entregarse como reembolso de actividades realizadas. Por la misma razón es lamentable que ninguno de los proyectos de ley recoja la propuesta del informe en el sentido de establecer “fondos pareados” para las cuotas y donaciones chicas.
Con todo, el proyecto es un necesario primer paso. Habrá que dar los que siguen con inteligencia y decisión. Porque nunca es exagerado repetirlo: no hay democracia sin partidos.
