Para la edición aniversario de La Tercera, escribí una columna donde afirmaba que la influencia del dinero en la política, la cooptación de las instituciones por parte de específicos grupos y la irrelevancia de los procesos eleccionarios, eran sólo síntomas de una enfermedad mayor, que se materializaba en el incumplimiento de la principal promesa que debe hacer toda democracia; a saber, el representar de manera más equitativa los intereses de todos los ciudadanos. En efecto, la grosera asimetría en las relaciones de poder -no sólo político, sino también económico, social y territorial- especialmente reflejada en una exclusiva elite que accede a privilegiadas redes de influencia, visibilidad y posibilidad, consolidaron una profunda rabia y desafección para con el sistema y sus principales protagonistas.
El viernes pasado se divulgaron los resultados de la última encuesta nacional que realiza el PNUD, en el marco de su programa Auditoría para la Democracia. En una frase, los datos son desastrosos y el panorama es derechamente desalentador.
Sólo para ilustrar: se multiplica al doble la percepción de que nuestra democracia funciona muy mal; cae la confianza en todas las instituciones públicas y privadas, incluyendo a fiscales y medios de comunicación; la corrupción se instala por lejos como el principal flagelo de nuestro sistema político, pero también arrastra al mercado y a sus principales agentes; el fantasma de la apatía y la abstención ronda cada respuesta,como si no hubiera solución y salida razonable bajo las bases de nuestra actual institucionalidad.
Es en este escenario donde la crisis de representación adquiere una dimensión superlativa, la que más allá de la coyuntura de estos años, hoy se presenta con rasgos estructurales a través de una enorme fractura en la relación entre los ciudadanos y sus políticos. Y en el centro del problema están los partidos, cuya evaluación sobre su funcionamiento y utilidad resulta tan patética como peligrosa. Tanto así que, si el 2008 el 43% manifestaba identificarse con alguna fuerza política, esa cifra es hoy de sólo 15%. Tal desazón no sólo alcanza a los partidos tradicionales, ya que el 88% de los encuestados tampoco se identifica con ninguno de los movimientos emergentes que han aparecido en los últimos años, lo que resulta consistente con otro dato muy revelador: si el 2008 sólo el 34% decía no adscribir a ninguna posición política (izquierda, centro o derecha), ese porcentaje hoy es exactamente el doble.
Para ocupar una metáfora futbolística, poco importa el esquema de juego de un determinado equipo o haber alineado a sus principales figuras, si lo que se ha destruido es el espacio donde debe desarrollarse el partido. Ningún plantel o jugador puede lucir o tener un desempeño aceptable en una cancha llena de barro y hoyos, donde no hay contornos y nadie sabe cuándo sale la pelota, con ausencia de reglas o un árbitro que determine las faltas o eventualmente muestre tarjetas.
Más allá de la semántica, esto sí es una crisis institucional. (La Tercera)
Jorge Navarrete
