“Da lo mismo que los candidatos no manejen los temas, para eso están los asesores”. Este lugar común nunca me ha convencido. ¿Cómo alguien que no entiende mínimamente un asunto va a discernir cómo asesorarse bien sobre el tema? ¿Hay, al menos, alguna garantía respecto a la calidad de los asesores?
Mis dudas han sido reforzadas por proyectos de ley que han tenido como fuentes Wikipedia y “El Rincón del Vago” (Navarro) o Yahoo Respuestas (Girardi), y por “asesorías” a la Guillier. ¿Qué tan generalizadas son estas prácticas en el Congreso? ¿Cuántos casos similares han pasado piola? No sabemos, aunque la defensa corporativa para evitar que se investigue nos da un indicio. Lo que sí es claro, es que si depositamos tantas expectativas sobre quienes asesoran a quienes hacen las leyes que nos rigen, lo mínimo sería preocuparnos de tener un sistema de asesorías transparente, competente y profesional.
Urge, entonces, el diseño de un sistema de asesorías legislativas a la altura del dinero que pagamos los contribuyentes, y de los complejísimos desafíos que nos pone por delante el proceso de modernización y los cambios sociales, económicos y ambientales que experimentamos. Con ese fin parece razonable aprovechar y potenciar dos recursos ya disponibles: la Biblioteca del Congreso y el “capital humano avanzado” en el que el país ha invertido millones de dólares, compuesto por muchos especialistas en diversas áreas que tienen la obligación de residir en Chile por un cierto número de años como retribución por sus becas.
La Biblioteca del Congreso podría ser convertida en el centro neurálgico de las asesorías legislativas más comúnmente requeridas por los congresistas, así como en un motor de la cultura nacional. Haríamos bien en observar el caso de las bibliotecas de los poderes legislativos peruano, estadounidense o británico. Nuestra actual Biblioteca, que cumple digna, independiente y profesionalmente con sus labores, merece ser llevada a otro nivel, hasta volverse un motivo de orgullo nacional y un lugar codiciado para trabajar.
En el caso de nuestros posgraduados, son muchas las quejas en contra del sistema de retribución existente, que algunos consideran excesivamente oneroso, y otros insuficiente. El problema se vería morigerado si diseñamos un sistema de asesorías que permita incorporar a nuestras mejores mentes al proceso legislativo. Por ejemplo, podría crearse un registro de asesores expertos en distintos temas, mediante un proceso de selección riguroso y exigente al que los becados quedaran incorporados por defecto, pero al que cualquiera pudiera postular, y que los legisladores convocaran a quienes les dieran más confianza y sintieran más afines, pagando una retribución por servicios prestados.
El Congreso, en todo caso, algo tendrá que hacer con este tema. Hay, con razón, cada vez menos tolerancia popular con los chantas. Especialmente con los que ganan varias veces el sueldo promedio sin tomarse en serio su trabajo. Uno de los efectos de la democratización que vive nuestro país es que los ciudadanos ya no nos sentimos súbditos de la clase política. Les pagamos demasiado bien, y estamos comenzando a exigir un servicio a la altura. (La Tercera)
Pablo Ortúzar
