El gobierno está de fiesta, finalmente, luego de tres años, lograron presentar su anhelada propuesta para poner fin al CAE. Su promesa estrella, aquella que dio origen a su proyecto político y los vuelve a arropar como los dirigentes estudiantiles que fueron. Era tanta la felicidad que hasta el Presidente Boric se permitió contar un chiste con relación al nuevo crédito FES que proponen (que le tienen “fes”).
La fiesta del gobierno tiene, para ellos, algo de dulce y agraz. Dulce porque al fin podrán decirle a sus bases que pusieron fin al CAE (o al menos lo intentaron). Agraz, porque no lo podrán hacer tal como prometían: con condonación y gratuidad universal. Pero, en reemplazo a sus ideales frustrados, plantean una reorganización de la deuda y una modernización del financiamiento de la educación superior.
La reorganización de la deuda aún no sabemos si será una condonación camuflada con costos altísimos para el Estado, o una condonación mentirosa que no cumpla con las promesas hechas a los deudores. Por su parte, llaman “modernización” a poner fin al CAE mediante la creación de un nuevo sistema (el FES) del cual no debieran sino estar decepcionados si juzgamos por sus pretensiones. A fin de cuentas, promueven un préstamo que deberá ser retribuido por los estudiantes una vez egresados en un plazo de 20 años (hoy eso ya existe, se llama CAE). Eso sí, modifican dos aspectos: la retribución será vía impuestos, y ampliarán la fijación de aranceles que impone la gratuidad a las instituciones adscritas al nuevo sistema.
Si bien hacen falta más detalles (al momento de escribir la columna aún no se ha ingresado el proyecto de ley), parece ser que al gobierno se le están quedando fuera del análisis un par de datos que amenazan con aguar -si acaso ya no lo está- su fiesta. El primero, que un pago vía impuestos podría significar un costo mayor para los estudiantes, así como ciertos incentivos negativos, por ejemplo, a la informalidad para evitar el pago del impuesto.
Por otro lado, en relación con la condonación, hacen caso omiso del aumento de la morosidad que han generado sus promesas de condonación, al punto que aumentó a un 64%. Esto conlleva, por una parte, un mayor costo para el Estado y, por el otro, un desincentivo al pago especialmente si no se establecen medidas para incentivar la puesta al día, que en gran medida pasan por disponer mecanismos que generan consecuencias para quienes no pagan.
Por último y quizás lo más grave, la iniciativa deja entrever la irresponsabilidad e irreverencia del gobierno que pretende ampliar aranceles regulados que impone la gratuidad, sin atender las graves consecuencias de déficit financiero que ha generado en las instituciones de educación superior y que son hoy una de las principales preocupaciones de los rectores.
Mientras el gobierno está de fiesta porque al fin (not) acaba con el endeudamiento, todo el sistema, estudiantes e instituciones, tendrá que sufrir una vez más las consecuencias de una política educativa mal hecha y populista que amenaza sus posibilidades de crecimiento, sostenibilidad y calidad. (El Líbero)
Magdalena Vergara
