Esta fue una semana legislativa compleja para el Ministerio de Educación: el proyecto estrella de esa cartera, Aula Segura, que busca reducir de 25 a 5 los días de expulsión de escolares que cometan hechos de violencia o porten artefactos explosivos, fue calificado de inconstitucional por la Comisión de Constitución del Senado, abriendo una pugna entre el oficialismo y la oposición, que incluyó acusaciones de bloqueo y un amplio despliegue del gobierno. En esta entrevista, la ministra Marcela Cubillos defiende su proyecto y habla sobre cómo abordar la violencia.
Cumplió dos meses en el Mineduc. ¿Esta fue su peor semana?
Al revés, esta fue una buena semana, porque partió con un bloqueo que existía en el Congreso a tramitar este proyecto y terminó con la oposición citando a sesiones en la Comisión de Educación, que es por donde se debió partir en un inicio. Ya llevaban dos semanas evitando la tramitación, porque enviaron el proyecto a Constitución. Logramos que la oposición cediera.
¿A qué atribuye el bloqueo que acusa de parte de la oposición?
Siento que cuando presentamos esta ley les resultó incómoda y ellos intentaron algo que yo nunca había visto, que es este retardo en la discusión al llevar el proyecto a la Comisión de Constitución. Y ahí, tres senadores de oposición declararon su opinión, que por respetable que sea, es simplemente una opinión, porque el único órgano capaz de declarar la inconstitucionalidad de un proyecto es el Tribunal Constitucional.
Pero igualmente se advirtió la inconstitucionalidad, porque no había un mecanismo de apelación para los estudiantes.
El proyecto es constitucional porque respeta y garantiza los derechos constitucionales de dar seguridad a la comunidad educativa, dar el derecho de educación a todos los estudiantes y el derecho al debido proceso. Pero además es constitucional porque la Constitución impone al Estado el deber dar protección a la población.
Pero no estaba la apelación y de hecho ustedes ingresaron una indicación para corregir eso.
Ambas versiones del proyecto, el inicial y el que tiene la indicación, garantizan lo que es el debido proceso en materia escolar. Esto es, que el estudiante tenga derecho a ser oído, que conozca los cargos que se le están haciendo y que pueda hacer sus descargos, opciones que estaban desde el inicio en el proyecto; y que la decisión pueda ser revisada. Todas estas etapas se cumplen en el proyecto original y además las pusimos explícitas en la indicación, para que no cupiera ninguna duda.
Ahora el proyecto será revisado en la Comisión de Educación, pero usted cuestionó que se invite a tantos expositores, ¿cree que hay un nuevo bloqueo?
Es claramente un intento de dilatar, porque todos sabemos que cuando el Congreso quiere sacar una ley, y esta es de sentido común, encuentra los mecanismos para hacerlo. Entonces cuando uno ve que los parlamentarios del gobierno piden citar a cuatro personas y los de oposición piden citar a cuarenta para un proyecto de ley de un solo artículo, uno ve mucho la intención de no sacar esto con rapidez.
Razones de la violencia
¿Cree que con la expulsión y traslado de un escolar se soluciona la violencia? ¿Si se expulsa a los “overoles blancos”, se acabará la violencia en el INBA?
Cuando se dice que el proyecto no soluciona el problema de fondo, no se está considerando el problema de fondo que tiene ese liceo en particular, y ese liceo hoy tiene estudiantes que cometen hechos de violencia. Y cuando un director puede actuar con firmeza, se soluciona el problema de ese liceo. Además, ese alumno aparte de enfrentar las sanciones penales, enfrentará la sanción de la expulsión, será separado de los compañeros con los que ha interactuado y tendrá más posibilidades, quizás, de dejar el camino de violencia.
¿Cuál será la ayuda que le dará el Estado a ese estudiante?
La Ley de Inclusión garantiza que todos los establecimientos que reciben subvención y tienen cupos deben aceptar al alumno que postule. Nosotros estamos procurando a través de la Seremi de Educación el conversar con los directores y sostenedores, para que el colegio que reciba al alumno tenga buen nivel de convivencia escolar y un buen apoyo psicosocial. Pero nada de eso funciona si no están también los padres y las familias comprometidas.
¿Y cómo funcionará el traslado? Porque quizás habrá colegios que no querrán recibir a alumnos expulsados por hechos violentos.
En concreto, lo que ha funcionado con los alumnos expulsados del Liceo de Aplicación es que la seremi se pone en contacto con los estudiantes y los padres, y sirve de vínculo con los colegios. Ahora, los padres pueden postularlos al colegio que estimen conveniente si existen vacantes.
Más allá de Aula Segura y estos hechos puntuales, ¿cómo se puede abordar la violencia sistémica?
Soy enfática en decir que los casos que aborda Aula Segura no son de problemas de convivencia escolar, sino de violencia. Lanzar una molotov es un problema de violencia. Y nunca hemos querido que ambas cosas se aborden de la misma manera, porque sería injusto con los jóvenes que de verdad tienen un problema de adaptación o de convivencia, lo que se tiene que tratar de otra manera. Cada escuela tiene sus encargados y manuales de convivencia, y nosotros, como ministerio, queremos, a través de programas específicos, seguir apoyando esa labor.
¿No le parece que la expulsión puede generar más segregación?
No, porque aquí también hay que considerar lo que dicen los propios liceos emblemáticos y los padres de esos liceos. Dicen que por qué tienen que sacar ellos a sus hijos de ese liceo, o por qué ese profesor tiene que irse a otro colegio para tener las garantías de seguridad. Nos parece lógico que el estudiante que decida automarginarse sea el expulsado, y no que los otros estudiantes se vean obligados a dejar el liceo, que es quizás el liceo al que quisieron postular toda su vida.
¿Usted cree que ese estudiante decidió automarginarse?
Un estudiante que lanza una molotov al interior del colegio o que agrede rociando con bencina a un profesor, obviamente es un estudiante que decidió automarginarse de su propio liceo.
Mecanismos del proyecto
¿Por qué dice que hoy no existen mecanismos para expulsar?
Porque hoy existen solo si los reglamentos internos de los colegios los contemplan. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es poner estos hechos a nivel legal. Independientemente de lo que digan los reglamentos internos, ante estos casos el director deberá expulsar al alumno conforme al procedimiento señalado. Hoy se puede expulsar a un alumno, pero solo si la causal está en el reglamento.
¿No sería más fácil modificar los reglamentos para que contemplen los hechos de violencia?
Esto no puede depender de decisiones internas de los establecimientos. Esto tiene que estar en la ley, porque estamos hablando de estudiantes que cometen dos hechos que son de extrema gravedad (agresiones y porte de artefactos explosivos), que además son delitos. Tiene que estar establecido a nivel legal el derecho y el deber del director a expulsar.
Y si se busca abordar los delitos, ¿no es mejor usar los instrumentos que ya existen, como la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente?
Son caminos que corren de forma paralela y separada, porque aquí el estudiante que sea sorprendido con una molotov al interior de un colegio, tendrá que enfrentar su responsabilidad penal y seguir su juicio penal. Pero ahora el director, frente a estas faltas, no tiene las herramientas adecuadas para separarlo de inmediato del colegio y expulsarlo, independientemente de los reglamentos.
El video de los estudiantes agrediendo al carabinero ayudó al gobierno a instalar la necesidad de legislar este proyecto. Pero esa agresión no es parte de Aula Segura…
El estudiante de overol blanco lanzaba bombas molotov en las inmediaciones, y ese hecho (el porte de bombas) sí está sancionado en Aula Segura. Lo que nosotros queremos es que con esta ley y con las herramientas para imponer disciplina y asegurar a la comunidad, ojalá no tengamos que ver nunca más a carabineros entrando a los liceos, arriesgando su vida.
La oposición acusó que los recursos para convivencia escolar caerán un 17% el próximo año. ¿Están pensando en revertir eso?
Los recursos destinados a iniciativas asociadas a la convivencia escolar no disminuirán. En la Ley de Presupuestos 2019 se ve reflejado un menor monto que lo que había este año, porque ciertas acciones que antes se financiaban por esta asignación el próximo año lo harán a través de otras. Por ejemplo, fueron trasladados $ 103 millones desde esa línea al Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), para la elaboración de cursos de perfeccionamiento docente para trabajar la convivencia escolar.
La Tercera
