El principal desafío que como país tendremos en la “post pandemia” será el desempleo. Se estima que las cifras pueden superar el 15%, ante lo cual reaparecen las imágenes olvidadas del PEM y POJ de principios de los 80. Si bien hay diferencias entre ambas situaciones, nadie quisiera repetir el sufrimiento que aquello representó para muchos, especialmente en los centros urbanos.
Desde la infraestructura se pueden encontrar mecanismos que disminuyan la posibilidad de una crisis de empleo mayor y colaborar con una recuperación más rápida. Para ello, sería conveniente una estrategia de inversión en las principales ciudades en base a tres ejes principales: superación de brechas urbanas -que surgieron como un factor crítico en el marco del 18-O; superación del hacinamiento, evidenciado en estos meses de cuarentena; y superación de los déficit en el acceso a la salud de los sectores más vulnerables.
Entre las brechas urbanas identificamos todas aquellas inversiones que permiten un mejor uso del espacio público, una mayor movilidad y el acceso a servicios de calidad para quienes habitan en territorios de gran precariedad. Del hacinamiento hemos sido todos informados por la prensa desde que se decretó cuarentena: cumplir con esta medida es distinto cuando más de una familia convive en un espacio reducido. A su vez, las carencias en la infraestructura de salud han quedado en evidencia ante las dificultades que ha enfrentado este sector al aumentar los contagios.
Es muy probable que un inventario de proyectos para estas áreas exista en los municipios. Ninguna de estas inversiones requiere grandes estudios, y superarán las exigencias de rentabilidad social para las inversiones públicas. Todas son intensivas en mano de obra y pueden llevarse a cabo recurriendo, en muchos casos, a trabajadores de las propias comunas. Lo que sí exigen este tipo de inversiones es un esfuerzo de coordinación entre el gobierno central -ministerios de Vivienda, OOPP, Transporte y Salud- con los gobiernos regionales y los municipios, para lo cual existe la figura de los “convenios de programación”, que aseguran el involucramiento de las partes y la sostenibilidad del esfuerzo más allá de un período presupuestario.
Se debe dilucidar de dónde obtener los recursos, dado que el presupuesto público para inversión quedará muy debilitado en el corto plazo. Existen como experiencia los “contratos de conservación global” que operan en el MOP y que permiten contratar obras menores con mantenimiento, pagaderas en cuatro años, lo cual posterga hasta nuevos ejercicios presupuestarios los compromisos contraídos y permite adecuar las cuentas públicas a nuevas circunstancias. Replicar ese tipo de contratos para obras de infraestructura menor en las ciudades, para viviendas que descompriman a las familias y obras menores para el sector salud, debiera ser una modalidad a través de la cual el sector privado financie con recursos propios las inversiones, se comprometa a mantenerlas durante cuatro años y el Estado le retribuya el importe de lo invertido en forma diferida, más el costo de mantenerlas en buenas condiciones.
Ante la emergencia, un acuerdo de este tipo entre el sector privado y el Ministerio de Hacienda daría las seguridades suficientes como para aumentar las inversiones requeridas que disminuyan el efecto empleo de la pandemia, mostrar un Estado presente en las comunas, validar el rol de los municipios como entidades con un gran arraigo territorial, y contribuir a recomponer el debilitado tejido social. (DF)
Carlos Cruz
