Un proyecto de ley que reforma las cooperativas entró en su fase final tras ser aprobado en la Comisión de Economía del Senado, el pasado 19 de noviembre, en su segundo trámite constitucional. Ahora debe pasar a la sala para ser votado por lo que, si le va bien, podría convertirse en ley en los próximos meses.
La nueva legislación responde a la preocupación de la autoridad normativa por la situación que viven las siete cooperativas de ahorro y crédito que están bajo supervisión de la SBIF (la entidad las regula cuando pasan las 400.000 UF de patrimonio), dado que existe riesgo excesivo en las carteras de crédito de cuatro de ellas, con baja capacidad de recuperación y que sobrepasaban los estándares adecuados.
Por esa razón, el superintendente, Eric Parrado, les exigió que comiencen a aumentar el nivel de provisiones, so pena de ser intervenidas, una facultad que la la Ley General de Bancos le otorga a la SBIF para resguardar la integridad de ahorrantes que pusieron su confianza en la institución. Si lo anterior sucediera, se nombraría a un administrador de la empresa intervenida, el cual decidiría qué hacer con los activos y pasivos. Fuentes consultadas aclararon que el escenario está lejano, aunque de igual modo las compañías tendrían que realizar aumentos de capital para financiar el incremento de las provisiones, donde los mismos socios aportarían el dinero.
Según cifras de la SBIF, a septiembre pasado, las provisiones de estas instituciones bajaron desde 7,56 a 7,06, en términos interanuales. El débil indicador se agrega al retroceso de 6,63% de las colocaciones totales del sector, al tercer trimestre de este año respecto de igual período de 2013. Asimismo, sus utilidades cayeron un 16,82% en el período analizado, mientras que las inversiones descendieron un 9,37%.
Según las fuentes, las cooperativas tendrán que hacer una reclasificación del riesgo de los clientes a los que les entregan créditos, por lo que se les hará difícil otorgarles a los sectores de menores recursos, que son el eje de su negocio.
La subsecretaria de Economía, Katia Trusich, quien encabeza el Departamento de Cooperativas, afirma que el proyecto en proceso en el parlamento incorpora mejoras en los descuentos por planillas, estableciéndo que se podrá descontar hasta 25% del sueldo de una persona en forma transversal, tanto en el sector público, como en el privado y Fuerzas Armadas. También propone medidas para mejorar su capacidad de gestión, reducir costos de administración y avanzar en sus gobiernos corporativos, buscando mayor permanencia de sus ejecutivos.
El economista Erik Haindl, vicepresidente de Coopeuch -la mayor firma del sector, con una cifra en créditos otorgados similar a la de un banco pequeño-, estima que el resultado total del sector es positivo y no hay una crisis sistémica. Reconoce que hay un riesgo reputacional, que la gente pueda percibir que si algunas cooperativas están con dificultades, esto se podría replicar a todas ellas. Haindl apunta al no pago de los socios del incremento del riesgo de las compañías, añadiendo que hay cierto grado de desacuerdo con la autoridad respecto a cuál es la provisión que corresponde, dado que al ponerse la SBIF en el peor de los casos, para las cooperativas esto significa aumentar las pérdidas, afectar su patrimonio y poner en riesgo su subsistencia.
De acuerdo a datos informados por el regulador, las caídas más pronunciadas son las de Oriencoop (que no quisieron referirse a esta situación), y la de Ahorrocoop, que pasó de tener un patrimonio de $ 16.164 millones a $ 6.470 millones. Desde esa entidad detallaron que sus estimaciones apuntan a que tienen un déficit de su patrimonio de 45%, al 31 de noviembre de 2014.
La importancia de esta indicador, que los deja en una posición difícil, radica en que si la cifra llega a caer un 50%, el Consejo de Administración de la entidad debe llamar a una junta general de socios para acordar, entre otras cosas, un aumento de capital, de acuerdo a la ley.
Las diversas entidades consultadas coincidieron que el factor principal que generó los problemas patrimoniales fue el dictamen que la Contraloría dictó en 2010, rebajando el descuento máximo por planilla de sueldos desde 40%, en algunos casos, hasta 15% para el sector público, quedando en un 25% de tope para el sector privado y las Fuerzas Armadas. (NP)
