Contrariamente a lo que muchos piensan, el régimen de Pinochet no fue solo una dictadura sino que, a partir de 1981, se transformó en una dictadura totalitaria. Según la RAE, totalitario significa: “Que incluye la totalidad de las partes o atributos de algo, sin merma ninguna”.
La característica esencial de un régimen totalitario es, pues, la existencia de una ideología que pretende aplicarse a todos los aspectos de la vida de una nación “sin merma ninguna”. Esta ideología fue, en el caso de Chile, el neoliberalismo que pretendía explicar, desde la estrecha perspectiva de las así llamadas leyes del mercado, todas las actividades, tanto públicas como privadas e, incluso, el comportamiento de las personas.
Naturalmente, una ideología totalitaria requiere, para su aplicación y subsistencia, de un gobierno dictatorial que la sostenga y soporte. El perfecto maridaje entre la dictadura, la derecha política y, especialmente, los grupos económicos, fue el marco apropiado en el que se gestó una situación que, pese a haber desaparecido el dictador, ha permanecido, casi sin cambios esenciales, hasta nuestros días. Ahí están las Isapres, las AFP y la municipalización de la educación pública, entre otras de las herencias de la dictadura, para recordárnoslo.
La teoría del “chorreo” ha sido reemplazada por un nuevo dogma: el desarrollo económico del país generará más y mejores empleos logrando una mejor distribución del ingreso. Ambas “soluciones” a la desigualdad extrema han fracasado, y seguirán fracasando, porque la codicia de los grupos económicos no tiene límites.El modelo neoliberal dio origen a poderosos grupos económicos que son, salvo los pocos que desaparecieron o fueron absorbidos, los mismos que hoy mantienen más del 90% de la riqueza del país en sus manos. La novedosa teoría del “chorreo” –que afirmaba que una vez saciadas las ansias de riqueza de estos grupos económicos se produciría un mejoramiento del bienestar de la población– nunca llegó a cumplirse y, por el contrario, la brecha entre los más ricos y los más desposeídos no ha hecho sino aumentar.
Dice el adagio que “la avaricia rompe el saco” y ello está comenzando a producirse ante nuestros ojos. La decadencia moral de algunos empresarios –empujados por su incontenible deseo de acumular riqueza contando para ello con dirigentes políticos dispuestos a venderse al mejor postor– los está llevando más allá de los límites aceptables, transformándose, de paso, en el mejor ejemplo de que un modelo como el neoliberal no puede mantenerse en el largo plazo, facilitando así el trabajo de quienes deseamos terminar con este modelo.
Quizás la razón última de las dificultades que hemos tenido para cambiar el modelo neoliberal no esté siquiera en la Constitución de Pinochet y sus ajustes posteriores, ni en la existencia de los grupos económicos, ni en la privatización de derechos sociales inalienables. En mi opinión, lo que sustenta el actual modelo económico y social es el individualismo desenfrenado, el egoísmo sin límites y el arribismo banal que el propio modelo se preocupó de generar en vastos sectores de la ciudadanía.
Para muchos opositores a Pinochet, la tarea de terminar con la dictadura se cumplió con la elección de Patricio Aylwin y, sin darse cuenta, comenzaron a aceptar el modelo neoliberal y, lo que es más grave, a perfeccionarlo y profundizarlo.
De algún modo, el modo de vida neoliberal penetró hasta los huesos en no pocos chilenos, incluidos varios de los que nos gobernaron a partir de 1990 y algunos de los que actualmente dirigen o militan en los partidos de la Nueva Mayoría. Cuesta hoy imaginar qué llevó a presidentes y ministros a proponer, y al Parlamento a aprobar, leyes que no hacían sino profundizar el modelo. Es como si la conciencia colectiva que permitió derrotar a Pinochet se hubiese adormecido y una suerte de espíritu maligno se hubiese apoderado de todos los que luchamos en contra de la dictadura y, en particular, en contra de su modelo neoliberal totalitario.
No tiene otra explicación que personeros del gobierno de la Concertación hayan sido los principales “neoideólogos” de la mercantilización de la educación superior, propiciando una masificación irracional y sin ningún control de su calidad. Y qué decir de los ministros de Educación y de Hacienda que crearon el sistema de Crédito con Aval del Estado que financió la educación superior privada que Pinochet había creado, financiamiento que, en última instancia, terminó en manos de grupos económicos nacionales y extranjeros. Este Crédito con Aval del Estado fue la culminación del proceso de privatización y mercantilización de la educación superior a cuyo amparo crecieron, como callampas, muchas universidades privadas de escasa calidad. A todos ellos debemos agradecer la profunda crisis en que se encuentra sumida la educación superior chilena y la frustración de muchas familias que, endeudadas, han visto desvanecerse sus sueños de tener un hijo o una hija profesional.
La creación del copago, el notable aumento de las subvenciones escolares y la subvención escolar preferencial, fueron todos “logros” de diferentes gobiernos de la Concertación, los cuales son, en la educación básica y media, la réplica perfecta de lo ocurrido en la educación superior. Estas subvenciones permitieron el crecimiento de la educación particular subvencionada y el enriquecimiento de algunos sostenedores a expensas del Estado, al mismo tiempo que se jibarizaba la educación municipal. Creo que ni en sus mejores sueños pudo Pinochet imaginar un mejor método para culminar su obra.
La esperanza, sin embargo, pareció renacer con la elección de Michelle Bachelet, que prometió un programa de cambios sustantivos al modelo neoliberal y con el número de parlamentarios obtenidos por la coalición que respaldó dicho programa. No obstante el paciente está aún convaleciente y ante la más mínima arremetida de la derecha pareciera perder sus convicciones. A modo de ejemplo –y para seguir con el tema de educación– resulta inexplicable la poca o nula capacidad de la dirigencia política para enfrentar la crítica de la derecha a la ley, recientemente aprobada, que pretende terminar con el lucro, la selección y el copago. Si, como lo entendemos muchos, el término de la selección y el copago tiene, antes que nada, un fundamento moral, ¿por qué se aceptó discutir cuál es su contribución –que de hecho la tiene– al mejoramiento de la calidad de la educación?
¿Por qué casi todos los personeros de la Nueva Mayoría se compraron el discurso de la derecha, de que se debería haber comenzado por mejorar la educación pública? ¿O acaso cuando en Estados Unidos se puso término a la existencia de colegios separados para blancos y negros, alguien preguntó en qué contribuía esto a la calidad de la educación u osó proponer que antes de terminar con la segregación se debía mejorar la educación de los negros?
Desde esta mirada moral de la reforma, resulta imposible entender por qué el fin de la selección no se hizo extensivo a todos los colegios, excluidos, por cierto, aquellos que por su propia naturaleza deben seleccionar, tales como los bilingües, artísticos o para niños diferentes.
Del mismo modo, ¿por qué se ha caído en la trampa de tratar de demostrar a los empresarios que la reforma laboral contribuye al aumento del empleo cuando su fundamento no es de carácter económico sino que, simplemente, la justicia de devolver a los trabajadores lo que la dictadura les arrebató?
El tema de las AFP y las Isapres parece desaparecer de la agenda inmediata, el fin al lucro en educación básica y media se posterga más de ocho años para los colegios con menos de 400 alumnos, que son la mayoría, y la reforma constitucional parece perder importancia entre quienes nos gobiernan.
En este escenario, las elecciones en marzo y abril próximos de nuevos dirigentes en la Democracia Cristiana y en el Partido Socialista, respectivamente, son cruciales. Si triunfan los neoliberales, el proceso de cambios estará irremisiblemente terminado antes de cumplirse dos años de gobierno. (El Mostrador)
