La palabra la tomó el abogado Jorge Insunza (PPD). El exministro y representante de ese partido fue el encargado de exponer, ante Chile Vamos, la propuesta del oficialismo sobre mecanismo para tener un nuevo órgano que redacte una propuesta de nueva Constitución.
La alianza de gobierno se quedó hasta el jueves en la noche afinando los detalles de su postura. El debate no estuvo fácil ya que ambas coaliciones no piensan lo mismo al momento de entrar en los detalles. Pese a que los dos bloques reafirmaron su postura de tener un órgano 100% electo, difieren en la cantidad de integrantes. Mientras Apruebo Dignidad quiere una cifra en torno a los 100, Socialismo Democrático busca algo más pequeño, cercano a los 78 convencionales.
Pese a la diferencia en algunas materias, la alianza de gobierno y la DC lograron cerrar el marco general de su propuesta. Luego de que la explicara Insunza, los diputados Diego Ibáñez (Convergencia Social) y Raúl Soto (PPD) complementaron la exposición. Lo mismo hicieron los senadores Claudia Pascual (PC) y Juan Ignacio Latorre (RD).
En esas exposiciones, los partidos oficialistas delinearon su postura: un Cabildo Constitucional de 90 personas más nueve escaños reservados, que funcione con quórum de 3/5 y que parta trabajando en base a un anteproyecto de nueva Constitución elaborado por 32 expertos designados por el Congreso.
Por parte de Chile Vamos, uno de los primeros en responder fue el diputado UDI Guillermo Ramírez. El parlamentario comentó que recibió la contrapropuesta con extrañeza, ya que hubiera esperado algo más realista y cercano a lo que se había comentado antes: alejarse lo más posible de la experiencia fracasada de la Convención, no innovar en reglas electorales y tener un órgano lo más acotado posible.
En cambio, comentó Ramírez según testigos del encuentro, se topó con la misma idea que ya habían compartido semanas antes. Sin embargo, agregó el parlamentario, al menos ya hay contrapropuesta formal sobre la cual conversar. En esa línea, añadió que Chile Vamos sigue firme en su alternativa: órgano de 50 personas electas con las reglas del Senado.
La opción de la alianza de gobierno fue bien recibida por otras fuerzas presentes como los partidos en formación Amarillos y Demócratas. Estos últimos -representados esta vez por la senadora Ximena Rincón– han dicho que están por un órgano integrado por 60 redactores.
El número de integrantes es el nudo principal que no deja llegar a acuerdo. Tanto Ramírez como el secretario general de RN, Diego Schalper, fueron los encargados de endurecer el tono respecto de lo relevante que es bajar el número de futuros convencionales.
Respecto de ese punto, la alianza de gobierno sabe que llegar a 99 es imposible. Por lo mismo, llegado el momento estarían dispuestos a ceder y bajar a 78 personas, que es la mitad de los escaños de la Cámara. El problema es que cualquier número distinto de 50 o 155 requiere crear un nuevo distritaje y Chile Vamos no está dispuesto a hacer esas innovaciones.
Ese último punto es una de las principales piedras de tope. Chile Vamos no va a innovar en un nuevo distritaje, ya que eso es un trabajo adicional que no asegura llegar a buen puerto y corren el riesgo, dicen, de tener un mal desempeño electoral. Además, como antecedente tienen los cambios electorales que se le hicieron al Acuerdo por la Paz de noviembre de 2019.
Esa vez, luego de cerrar el acuerdo la noche del 15 de ese mes, en el Congreso se hicieron una serie de modificaciones en base a mociones parlamentarias, como las listas de independientes. Esos cambios posteriores, creen en Chile Vamos, distorsionaron la representación. Esta vez no cometerán el mismo error.
Al cierre de esta edición, los partidos seguían en ese tira y afloja. Mientras en el oficialismo comentaban que el tono era positivo, en Chile Vamos los ánimos se percibieron distintos. Los negociadores de la oposición consideraron que la propuesta oficialista era un retroceso y les molestó que llegarán con la misma cifra de los 100.
Además plantearon que, siguiendo la propuesta oficialista, si a los 99 se les suman los 14 integrantes del Comité Técnico de Admisibilidad -que funcionará como árbitro de los bordes- y los 32 expertos que tendrán como misión escribir el ante proyecto, la cifra final queda en 145 personas. La señal, agregan, es contraria a lo que se quiere transmitir: un proceso austero, con menor costo fiscal y acotado.
La reunión, al igual que todas las otras, terminó sin acuerdo. Los partidos echarán a correr conversaciones bilaterales durante el fin de semana para acercar posiciones. Lo más complejo, comentan en los negociadores, será lidiar con las posturas más duras de Apruebo Dignidad, sobre todo del PC y de Ibáñez.
A la salida del encuentro, el líder de Convergencia Social, Diego Ibáñez, reafirmó que “estamos abiertos a debatir el número, no queremos establecer una línea roja, nos interesa resguardar la representatividad y que el proceso sea democrático (…). Con 50 es replicar un modelo que restringe la participación de las regiones”.
Lo secundó el secretario general de los socialistas, Camilo Escalona. “El tema del número no es un capricho. Mientras más reducido sea el número de representantes, menor va a ser la representación de las bases en los territorios. Hay que seguir dialogando para encontrar el equilibrio”, enfatizó.
El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, aseguró que el “tiempo está corriendo en contra del acuerdo” y adelantó que las tratativas continuarán la próxima semana. Cada vez queda menos plazo para cerrar el asunto ya que el plazo fatal es noviembre. Además a los negociadores les están pisando los talones.
Más allá de las negociaciones formales, los senadores -de distintos sectores- comienzan a fraguar un Plan B en caso de que la mesa se quiebre y el acuerdo fracase. De hecho, de manera soterrada han sostenido diversas conversaciones para encausar que el pacto derive en en un órgano designado o al menos de composición mixta, pero con poder de voz y voto de los expertos.
Por estos días, los legisladores de la Cámara Alta -junto a algunos diputados- han estado preparando un proyecto de ley que permita una reforma constitucional para que, si no hay órgano 100% electo, sea un comité de expertos designados por el Congreso el que se haga cargo de redactar la propuesta constitucional.
Según presentes en la cita este tema se conversó durante la reunión de hoy. De acuerdo a las mismas versiones, algunos dirigentes habrían dicho que no hay piso para avanzar en un organismo que no sea electo. Más allá de eso, entre los senadores transmiten que esa alternativa sigue sobre la mesa. (La Tercera)
