La empresa Odebrecht, la mayor constructora de Latinoamérica, con más de 160 mil empleados en todo el continente, está siendo investigada en 10 países de la región por supuesto pago de sobornos y corrupción, para obtener los millonarios contratos de las obras públicas a partir de los cuales ha prosperado. Según se va desplegando el caso, empieza a dar la impresión de que Odebrecht ha participado en el financiamiento de las campañas políticas de casi todos los países de la región, y no solo la de un partido o candidato.
Dicho escándalo, pone en el tapete una vez más la vinculación de las grandes empresas con el poder político, y el potencial riesgo de corrupción y tráfico de influencias entre ambos. Como ocurre en general ante estos casos, la primera reacción pública y mediática se ha orientado a identificar las responsabilidades de carácter individual: quiénes son los involucrados, en especial qué políticos y actores públicos se han aprovechado o enriquecido y a cambio de qué. Dado el desprestigio de la clase política en la actualidad, y la comprensible indignación pública ante estos hallazgos, es fácil que este nivel de análisis acapare toda la atención.
En un segundo nivel, la mirada se vuelca sobre las regulaciones o desregulaciones legales que permiten esta influencia desmedida del dinero en la política. El foco se centra así en nuevas leyes de lobby, financiamiento de la política, sistemas electorales y otros aspectos clave.
Estos avances son positivos, desde luego, pero es sabido que no solucionan el problema. A lo más lo encauzan, lo canalizan. En Estados Unidos, por ejemplo, que es tal vez el país con la regulación más desarrollada del mundo en materias de lobby, el poder del dinero y de las grandes corporaciones en los asuntos públicos sigue siendo enorme.
Hay, sin embargo, un tercer nivel de análisis de este problema, que apunta a la médula del sistema capitalista y al tipo de sociedad que hemos construido alrededor de este, y que el caso de la constructora Odebrecht ejemplifica de forma emblemática. Este refiere a la unidad fundamental sobre la cual la sociedad capitalista hace descansar el crecimiento y la prosperidad económica: el concepto mismo de empresa. La reflexión ideológica de izquierda no debiera desconsiderar este nivel de análisis, por cuanto constituye uno de los puntos fundantes para articular una crítica cabal al capitalismo.
Las empresas, es decir, la articulación de grandes intereses privados en organizaciones productivas, movilizadas por el principio de la competencia y basadas exclusivamente en el rendimiento y la eficiencia, han constituido sin duda un mecanismo extremadamente útil para aumentar el bienestar material del mundo.
En las últimas décadas, digamos en el último siglo, los progresos alcanzados por este medio en materias tan importantes como la vivienda, la salud, la comunicación y la tecnología, entre varios otros, han sido siderales. Sin embargo, junto con la gran prosperidad material que proveen, las empresas se han consolidado también como entidades completamente “inorgánicas” respecto del sistema más amplio del que forman parte, la sociedad y, en un sentido aún más macro, el planeta, el mundo.
Guiadas exclusivamente por el principio de la eficiencia, entronizado como credo del capitalismo, las empresas, especialmente las grandes, derivan inevitablemente en un accionar que termina por volverse, de una u otra manera, en contra de la sociedad al interior de la cual existen. Su accionar y su “moral” –por decirlo en términos metafóricos–, basadas en el impulso de obtener la mayor cantidad de ganancias al menor costo posible, las transforma en instituciones depredadores de su entorno.
De esta forma, fenómenos como la colusión, los contratos abusivos y, como es el caso de Odebrecht, la cooptación de asuntos públicos, no son en verdad meras “externalidades negativas” que deben ser reguladas, sino que aparecen más bien como aspectos consustanciales a su definición. La destrucción del medioambiente forma parte también del mismo fenómeno, no es simplemente un accidente o exceso de una empresa, sino la consecuencia natural de la persecución de su función.
La empresa, según la hemos concebido, no tiene la capacidad de integrar en su accionar el bien social o el desarrollo sustentable del mundo, por el contrario, está orientada precisamente a su explotación.
Es necesario, por tanto, reconocer que una empresa no se define, ni conceptual ni legalmente, como una organización tendiente a contribuir a la sociedad en la que se inserta, o propender a su desarrollo. Su fin último no es, como pretende, por ejemplo, la Doctrina Social de la Iglesia, “servir a la sociedad”. Su fin último es aumentar su rentabilidad, ser más eficiente en la producción y comercialización de los bienes y servicios que genera, con el fin de incrementar sus ganancias. Tanto es así, que los miembros de un directorio están legalmente obligados a guiar siempre sus decisiones por el aumento de la rentabilidad de la empresa, y no por otros criterios.
En este contexto, es fácil comprender por qué la multiplicidad de fenómenos en que las grandes empresas se vuelven, de una u otra forma, en contra de la sociedad de la que forman parte, no son una excepción a la regla, como los empresarios no se cansan de señalar con tono escandalizado, sino más bien un fenómeno corriente, extendido, frente al cual la sociedad y el Estado parecen no contar nunca con mecanismos de protección suficientes.
Volviendo al caso de Odebrecht, es por cierto importante perseguir las responsabilidades individuales, tanto de políticos como empresarios, y castigar a la empresa. Asimismo, será necesario revisar las regulaciones y leyes que organizan la relación entre el dinero y la política, como ya se está haciendo en Chile y probablemente se hará también en otros países de Latinoamérica. Sin embargo, la izquierda debería también reflexionar de manera más amplia sobre el rol de las grandes empresas en la sociedad.
¿Es posible construir una sociedad justa y medianamente integrada sobre la base de grandes empresas, orientadas únicamente por la eficiencia, que terminan por apoderarse del mundo? En otras palabras, ¿es viable fundamentar el desarrollo de una sociedad a partir de organizaciones puramente técnicas, sin ninguna dimensión de carácter social o, incluso, valórica?
En términos más concretos, a propósito de Odebrecht: desarrollamos carreteras y obras públicas de manera cada vez más eficiente y a un mejor precio –supuestamente–, pero a cambio de construir un poder omnívoro, que termina por minar la democracia de toda Latinoamérica. ¿Vale la pena como modelo de desarrollo? (El Mostrador)
Pablo Torche
