La comisión encargada de analizar la admisibilidad de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, continuó esta mañana con sus audiencias. En este contexto, recibió al abogado y profesor de derecho administrativo, José Valdivia; y a Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano. Ambos presentaron visiones dispares sobre el debate en cuestión.
Marcela Aranda dijo que no hay preocupación por los niños. La activista expuso materiales relacionados con el lenguaje no sexista, feminismo y el movimiento LGTBQ+. “El ministro Ávila puede creer lo que quiera y sentirse como él quiera. Sin embargo, no puede usar su cargo para tomar el ministerio como una plataforma para ejercer una acción de proselitismo ideológico, sea en el ámbito político, de la sexualidad o cualquier otro”, acotó la directora del Observatorio Legislativo Cristiano.
También manifestó su temor a que no se respete el derecho preferente de educar a los hijos. En dicho plano, señaló que espera que se pueda garantizar tal garantía, de modo que las niñas y niños tengan la educación que los padres decidan darle hasta que tengan la edad suficiente para tomar sus decisiones.
Sobre el punto apeló a lo indicado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el pacto internacional de derechos civiles y políticos suscrito por el Estado de Chile.
Sostuvo que la moral establece lo que es bueno y malo. Ello considera que la formación física, mental, social, cultural, emocional y espiritual de los hijos sea competencia de los padres. Así, el Estado cumple un rol subsidiario.
Finalmente dejó expuesta su inquietud, frente a si el titular de educación es un “lobista” LGTBQ+ o un ministro de la educación en Chile. A su juicio, su activismo y condición ha superado el limite de lo privado y ha cruzado el limite de vulnerar el derecho de niños y padres.
“Él, hoy día, y su activismo LGTBIQ+, y su condición, ha superado el límite de lo privado y él ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños, de las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer ese activismo”, señaló Aranda, haciendo referencia al líbelo acusatorio, cuyas declaraciones abrieron el debate en las redes sociales.
REACCIONES OFICIALISTAS
“Marcela Aranda, del Observatorio Legislativo Cristiano, promotora del bus del odio y que discrimina a su propia hija, confirma en la Cámara que hay homofobia detrás de la Acusación Constitucional al ministro Ávila. A esta gente lleva la derecha para apoyar sus argumentos, fatal”, comentó la diputada Emilia Schneider (CS).
Por su parte, el diputado Andrés Giordano (Ind-FA) señaló que Marcela Aranda, del denominado “bus de la libertad”, “fue invitada a la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el ministro Ávila, dejando en evidencia que la razón real de esa acusación es la homofobia, por más que la oposición lo haya negado”.
Su par del Partido Socialista, el diputado Tomás de Rementería, criticó que “una de los testigos que lleva la derecha a la comisión de la acusación al ministro Avila es Marcela Aranda del inefable bus de la libertad, no me digan después que esto no es por homofobia”.
Camila Rojas, diputada del partido Comunes, planteó que la presencia y dichos de Marcela Aranda “confirma que Acusación Constitucional contra ministro Ávila responde a que su ‘activismo lgbtiq+ y su condición (sic) ha superado el límite de lo privado’”. Por lo tanto, “¿se necesitan más pruebas para evidenciar que esto se trata de una persecución homofóbica? No lo creo”, sostuvo la parlamentaria.
Finalmente, el diputado Juan Santana (PS) calificó de homofobia pura y dura las declaraciones de Marcela Aranda, “otra de las invitadas de la derecha a exponer en la comisión revisora de la Acusación Constitucional contra el Ministro Ávila”. “¿De verdad estamos disponibles para un retroceso civilizatorio como este?”, cuestionó.
“AC NO ESTÁ RESPALDADA”
Cabe mencionar que el académico José Valdivia precisó que todas las irregularidades que se achacan al ministro provienen del desempeño de instituciones que son subalternas y que dependen del ministerio. En particular, se refirió a dos capítulos que calificó como “problemáticos”: el quinto y el sexto. Ellos refieren a los programas de útiles escolares y de alimentación. En ambos casos, “lo que está en juego es una cuestión de supervigilancia”.
Valdivia detalló que es muy excepcional que la supervigilancia se traduzca en controles relativos a las actuaciones y operaciones de los organismos en cuestión, como controles concretos. “Los poderes con los que cuenta el ministro, respecto de la Junaeb, son específicamente los que determina la ley y esto se muestra fundamentalmente en la designación de personal”, puntualizó.
El académico dijo que las acusaciones que se formulan en relación con esta materia, “pretenden que, gracias a la noción de supervigilancia, el ministro sea responsable respecto de las posibles irregularidades que se hayan cometido al interior de esta institución”.
“Es una acusación que no se ve respaldada en hechos concretos. Simplemente, acusaciones de un déficit de dinero que no parecen provenir de un hecho que sea imputable directamente a la institución (a través de qué contrato se ha producido una falta), por lo que se hace difícil contestar ese tipo de acusación”, detalló.
Manifestó que, “en el caso de los Servicios Locales de Educación, sin duda, la institucionalidad general del Ministerio de Educación permite conceptualizar estas figuras como parte de una misma familia, pero el diseño normativo especifico ha radicado las competencias de supervisión en el director de educación pública”.
Por consiguiente, esto trae por consecuencia una doble cadena de controles. Por una parte, los servicios locales de educación son controlados por el director de educación pública. Son servicios descentralizados que son controlados por un organismo desconcentrado del Ministerio de Educación.
En tal sentido, determinó que las imputaciones que se formulan hacia el ministro son muy difíciles de configurar. (El Mostrador)
