La actitud de todos los actores ha sido patética y cantinflesca. ¡De opereta! En esta crisis, el presidente está nuevamente en el centro, como ocurrió con los indultos, que eran de su autoría. Pero también en el caso Monsalve, donde el mandatario consiguió convertirse en el protagonista después de una alucinante conferencia de prensa donde disparó por 53 minutos.
El Ejecutivo no aprende. Reiteran siempre el mismo guión, aunque fracasado, porque insisten en creer que a fuerza de voluntad nos pueden hacer lesos. Pero el agua sigue su curso y va arrastrando ministros (2), a una senadora y varios funcionarios, arrollando todos los argumentos que pretenden ser técnicos para cerrar el caso a punta de piruetas argumentativas. El caudal sigue corriendo con fuerza buscando su cauce final, los responsables. Más todo tiene un límite, porque al final las responsabilidades escalan al intocable de palacio.
Hasta el día de hoy, el presidente no responde si sabía que los 13 octubristas que estaba indultando tenían prontuario policial, uno de los cuales fue posteriormente condenado por secuestro. La manera de sortear la pregunta es siempre la misma: “como ya lo hemos explicado”, o “esa pregunta ya la respondí”. Idéntica réplica frente a las dudas que despierta la actitud del mandatario posterior a conocer la confesión de su subsecretario del Interior que sobre una acusación de violación de una funcionaria suya en La Moneda.
Lo mismo que van diciendo hoy la vocera o el ministro del Interior, Elizalde, quien el miércoles, cuando le preguntaban sobre el rol de Francisca Moya, que tiene el deber de revisar la legalidad de todo lo que firma el Presidente, señaló que “todas las preguntas fueron respondidas. (…) Este tema quedó más que claro en la comisión investigadora”.
¿Broma? Lo único que hizo la jefa jurídica de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) fue desatar la incredulidad y la ira de los diputados el lunes cuando cantinfleó con cuál era su rol (“la revisión técnico-legal”, únicamente, de los decretos que después firmará el Mandatario) como si ésta no incluyera la primera ley de la República, que es la Constitución y que prohíbe a ministros y parlamentarios contratar con el Estado. Un calce perfecto con la operación que llevó adelante el gobierno para comprar la casa de Salvador Allende a su hija, la senadora Isabel, y su nieta, la entonces ministra de Defensa Maya Fernández. A ambas, dueñas de la mitad de la propiedad, les correspondían 500 millones de pesos por la transacción.
A la ministra, Boric le pidió intempestivamente la renuncia a Defensa. A la senadora la destituyó el Tribunal Constitucional (TC). Indignados los socialistas, porque nadie cree que ninguno de los 17 abogados que participó en la operación ignoraba la infracción constitucional, a pesar de lo cual arriesgaron el honor de la familia Allende, han disparado en contra del Frente Amplio, porque dos ministras del TC también estuvieron en la mayoría de 8 de 10 que cesó en el cargo a la senadora. Y disconformes con no poder cobrar la responsabilidad donde corresponde, exigen la cabeza de Moya, el filtro jurídico de los decretos, porque nadie le cree que no le advirtió también a su jefe, el Presidente, que firmaría uno contrario a la Constitución.
Pero el Frente Amplio está cuadrado con Moya, último tabique que separa de la responsabilidad de Boric al firmar el decreto 38 que incluía todas las condiciones de la compra, incluyendo los nombres de las funcionarias públicas. Por eso ensayan argumentos tan intragables, como el del diputado Gonzalo Winter, su candidato presidencial, que aseguró que “la tarea de Francisca Moya era revisar las inhabilidades del Estado y no las del del vendedor, que son cosas distintas”.
La distinción es tan loca como la que hizo Isabel Allende al despedirse del Senado. Admitió que, aunque conocía la norma constitucional que establece que “cesará en el cargo el senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”, ella no es abogada… pero lleva 31 años formulando las leyes que nos rigen, y además presidió la Cámara y el Senado.
En este caso es tan obvio que la firma del contrato de compraventa era inconstitucional (y así lo estableció el TC) como que el Presidente empujó la operación, según él mismo lo reconoció a la prensa. La iniciativa se trabó luego de advertencias internas a la Presidencia, que empujaba la compra, lo que han reconocido varios funcionarios ante la Fiscalía, como la entonces jefa jurídica de Bienes Nacionales, Macarena Diez.
Pero luego, con la misma impulsividad con que dispara al Presidente Trump cuando está a punto de anunciar aranceles en nuestra contra, Boric decidió reanudar la compra de la casa para convertirla en un museo en honor a su líder político. Estaba por terminar 2024, pero los recursos estaban en el presupuesto de ese año y de no utilizarlos se perdía la oportunidad. De ahí que otros de los involucrados consideraron que las objeciones se manejarían “comunicacionalmente”, (Leonardo Moreno, jefe de seguimiento de políticas públicas en La Moneda) porque era un “proceso prioritario”. Y finalmente, las partes firmaron el contrato de compraventa el 30 de diciembre.
En estos sentimientos cruzados de pesar y victimismo, el Frente Amplio también hace el punto que quien debe responder es quien fuera el superior de Moya en la Segpres. Ni más ni menos que un socialista, Álvaro Elizalde, actual ministro del Interior. También lo amenaza la oposición por no haberle pedido la renuncia a su entonces subalterna, después de incumplir con su obligación de advertir al presidente. La pregunta es, ¿por qué no ha sido cesada en el cargo? “Porque sabe la verdad”, como señaló el diputado Andrés Longton.
Los socialistas quieren ver sangre, pero no saben cómo cobrarla, porque al responsable no se le toca. Por eso están condenados a conformarse con las piruetas lingüísticas de La Moneda que no engañan a nadie. (El Líbero)
Pilar Molina
