Un nuevo flanco político se abrió para el Gobierno tras la férrea defensa del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a Francisca Moya, jefa de la División Jurídica de la Segpres y cercana al Presidente Gabriel Boric. La controversia surge luego de que Moya reconociera ante una comisión investigadora de la Cámara que conocía la inhabilidad constitucional de la senadora Isabel Allende para celebrar contratos con el Estado, lo que fue ignorado en la firma presidencial de un decreto de compra de una propiedad familiar para convertirla en museo.
La decisión de Elizalde de blindar a Moya ha generado fuertes críticas desde la oposición y sectores oficialistas, quienes cuestionan la permanencia de la abogada en su cargo. Su rol es crucial, ya que supervisa la legalidad de todos los documentos firmados por el Presidente.
El fallo del Tribunal Constitucional, que destituyó a Allende por infringir la Carta Fundamental, intensificó la presión política. Diputados de oposición han advertido sobre la posibilidad de iniciar una acusación constitucional contra Elizalde por omisión de responsabilidades cuando era titular de la Segpres. También se evalúa una presentación ante la Contraloría para investigar posibles negligencias de Moya y un eventual sumario administrativo.
El Gobierno, por su parte, sostiene que el proceso fue legal y que la Contraloría visó el decreto, aunque la polémica continúa escalando en medio de crecientes tensiones políticas. (Red NP-fuente La Tercera)
