La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, informó que el Gobierno ofició al Consejo Nacional de Televisión (CNTV) producto de la cobertura mediática del caso Monsalve. Según recogió The Clinic, la secretaria de Estado señaló ayer en la sesión de la comisión de la Mujer de la cámara de Diputados que «hemos oficiado al Consejo Nacional de Televisión, por su intermedio, presidenta, a que se verifiquen las condiciones de la Ley Antonia».
Orellana y la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, enviaron el pasado 30 de octubre el oficio para «expresar nuestra preocupación por las situaciones de revictimización que pueden provocar los tratamientos de delitos de connotación pública, en particular los referidos a delitos sexuales, que circulan por diferentes medios de comunicación», dice el texto.
El ex subsecretario del Interior cumple prisión preventiva en la cárcel de Rancagua tras ser formalizado por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de violación y abuso sexual. Cuestionamiento por cárcel En tanto, Jorge Donoso, periodista y ex integrante del CNTV, cuestionó a los medios de comunicación que informaron dónde el ex militante PS se encuentra recluido.
A través de una carta titulada «Privacidad y libertad de expresión» y difundida por El Mercurio, Donoso expresó que «llamó la atención la insistencia de algunos reporteros por conocer el lugar de reclusión del exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, luego de que se decretara su prisión preventiva».
«El juez, al anunciar su resolución, expresamente dijo que no se daría a conocer el lugar por una razón obvia: las funciones que desempeñaba el exfuncionario lo llevaron a enfrentarse a delincuentes y organizaciones criminales, algunos de los cuales estarían precisamente internados en algunos recintos carcelarios», añadió.
En ese sentido, sostuvo que «el riesgo para su vida e integridad física sería enorme, y ellas deben ser protegidas más allá de los actos reprobables que pudo haber cometido. Sin embargo, preguntaron reiteradamente a uno de sus abogados, quien pacientemente les dijo que no respondería a esa pregunta».
Finalmente, escribió: «En esta situación, debemos examinar si existía algún interés público real de que ese sitio se conociera. Ninguno. Lo importante ya se había dado a conocer: la medida decretada y los fundamentos de ella. Debemos admitir que la libertad de información tiene límites, como la privacidad, la que solo puede ser invadida —con mayor razón si hay un riesgo como el señalado anteriormente— solo en el caso de que exista un interés real en que el hecho sea conocido». (Emol)
