Padrón electoral: Javiera es el Blanco

No es la primera vez que está en el ojo del huracán en los últimos doce meses ni tampoco que tanto la derecha como el oficialismo pidan –pública o reservadamente– su salida del gabinete. La diferencia esta vez es que el “prontuario político” de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, que en un año ha registrado incendios en todos los servicios que dependen de ella, hoy la complica demasiado como para poder sortear libre de polvo y paja la avalancha política que desató el error garrafal que se cometió con el padrón electoral, al cambiar de dirección y lugar de votación a casi 500 mil personas. Mientras, La Moneda, a cinco días de los comicios municipales, trata contrarreloj de aprobar un proyecto de ley en el Congreso para subsanar el hecho, para lo cual la oposición condicionó su apoyo.

Después de todo un fin de semana copado con extensas reuniones del comité de ministros políticos con el Servel, los presidentes de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, y el Senado, Ricardo Lagos Weber, además los principales dirigentes de la derecha, a las 7:45 horas de ayer la Presidenta Michelle Bachelet se reunió a puertas cerradas por más de dos horas con los titulares de Interior, Mario Fernández, de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, el vocero, Marcelo Díaz, y el jefe de la billetera fiscal, Rodrigo Valdés. El tema central fueron las opciones de La Moneda para destrabar el problema del padrón y las condiciones que la derecha puso sobre la mesa para dar los votos que requiere la ley exprés.

El domingo en la noche, el timonel de la UDI, Hernán Larraín, fue categórico: “Le entregan al Congreso, a los parlamentarios, la responsabilidad de resolver este problema, en circunstancias que todavía no sabemos cómo el gobierno va a asumir las responsabilidades políticas y administrativas». Tanto en la Nueva Mayoría como en el propio Gobierno confirmaron que el precio fijado por la derecha tenía nombre y apellido: la ministra Blanco, que cuenta con el blindaje especial, directo y a todo evento de la Presidenta Bachelet.

Por algo desde la Nueva Mayoría durante toda la jornada de ayer se habló de “chantaje” de parte de la Alianza, mientras que otros llamaron a no sacar cálculos políticos de corto plazo. «Ya habrá tiempo para que rueden cabezas y todo tipo de sangre, como quiere la derecha, que es especialista en estas cosas. Pero plantearlo como una condición, es una pequeñez», criticó Andrade.

Pero la defensa pública a Blanco dista mucho del clima real que impera en la Nueva Mayoría, entiéndase en los partidos, el Congreso y en el propio Gobierno, donde prima la idea de que la ministra de Justicia debería dar un paso al costado. “Es un precio razonable”, reconoció un timonel de la Nueva Mayoría sobre la condición que puso la derecha.

Amén del complejo manejo del paro del Registro Civil el último trimestre del año pasado, durante el 2016 Blanco ha enfrentado el escándalo por las pensiones en Gendarmería y las muertes de más de 400 niños bajo protección del Sename, además de una interpelación ante la Cámara de Diputados impulsada por la derecha. “La ministra Blanco ha hecho todo lo posible para que la echen y no sucede”, asumió un alto asesor de Palacio.

El punto, reconocen en La Moneda misma, es que Blanco siempre ha sido una de las ministras más cercanas a la Mandataria, se ha preocupado –aseguraron en Palacio– “de cultivar su relación” con la Presidenta, tiene línea directa con Bachelet e, incluso, en las últimas semanas habría comentado en distintos círculos que contaba con la “venía” presidencial para quedarse en el Gobierno hasta marzo del 2018.

En el Ejecutivo se sabe que cada vez que la ministra enfrenta momentos complejos cruza por los estacionamientos subterráneos de La Moneda –desde una reservada escalera en calle Morandé frente al ministerio– directamente a las oficinas del segundo piso de Palacio, ruta con la que evita ser vista públicamente y ayer no fue la excepción. Trascendió que habría estado por un extenso lapso en las oficinas de la Mandataria pasado el mediodía. “A estas alturas la única que la protege es Bachelet, nadie más”, sentenciaron en la Casa de Gobierno.

Es que los cuestionamientos a Blanco abundan en el oficialismo. En el Gobierno critican que ha transformado “en una profesión salvarse de todas, no pagar costos” y en Palacio les pesa que la ministra no cumpla con el papel que compete a todo Secretario de Estado, es decir, de ser “un fusible político” para evitar que los conflictos lleguen hasta la Presidencia. En cambio, utiliza a la Mandataria como escudo.

A ello se suma que la principal crítica transversal estos días en Palacio es que en todo el prontuario de problemas que ha tenido Blanco en Justicia hay un denominador común: no hacer nada con las denuncias que recibe, no anticiparse a los conflictos y solo reaccionar cuando las crisis explotaron en la cara de la administración bacheletista.

Ayer imperaba una profunda molestia en el oficialismo por el silencio que ha guardado Blanco durante toda la crisis pública por el padrón, como también por su notoria ausencia en las dependencias del Congreso mientras se realizó la primera parte de la tramitación del proyecto exprés, en circunstancias que no solo Eyzaguirre y Díaz monitorearon en persona la discusión parlamentaria, sino que hasta el ministro Fernández se hizo presente en la Cámara Baja.

No por nada el diputado DC, Aldo Cornejo, pidió con todas sus letras en la tarde de ayer que “las responsabilidades se ejerzan antes de que se despache el proyecto de ley, si es que ese es un obstáculo (…) le estoy pidiendo al Gobierno que haga efectiva la responsabilidad política que corresponda”. Mientras que los jefes de bancada del PS, Juan Luis Castro, y del PPD, Ramón Farías, coincidieron en que “no es una buena señal” que la ministra de Justicia no estuviera en el Congreso, y el senador socialista, Fulvio Rossi, agregó que “nosotros fuimos tremendamente críticos, y con justa razón, con el Gobierno de Sebastián  Piñera cuando fracasó el Censo. Hoy debemos ser consecuentes y sentirnos avergonzados por lo que está sucediendo, ya que es nuestra responsabilidad cuidar la democracia que tanto nos ha costado consolidar en nuestro país”.

La Moneda trató de dar una señal ayer en materia de responsabilidades, la que no contuvo del todo la presión política.

El ministro Díaz informó que el viernes 14 de octubre el Ministerio de Justicia mandó un oficio al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, solicitándole “que pueda llevar a cabo un informe de auditoría especial respecto de los procesos que en el Registro Civil pudiesen haber estado con alguna dificultad respecto a este procedimiento” y agregó que, en paralelo, ayer el Ejecutivo tomó la decisión también de pedir a Bermúdez que la Contraloría, en su calidad de órgano autónomo, realice un “sumario administrativo en el Registro Civil para los efectos de determinar lo que ahí ocurrió, lo eventuales errores, y a partir de ahí las medidas que hay que adoptar”.

En La Moneda reconocen que con esto el Gobierno da una señal, porque es una forma indirecta –explicaron– de asumir que hay responsabilidades gubernamentales, que se cometieron errores, pero además se le quitó una presión política a la Presidenta Bachelet de tener que resolver sobre el futuro de Blanco y su permanencia en el gabinete en el corto plazo. Desde ayer la respuesta al punto es que las energías están puestas esta semana en sacar adelante el proyecto exprés para solucionar los problemas del padrón y que se tomarán todas las decisiones necesarias una vez que termine el sumario de la Contraloría, que en el mejor de los escenarios podría demorarse un mes.

En todo caso, en Palacio recalcaron que, aunque demore, será inevitable que la Contraloría termine apuntando a Blanco. “Cualquier reconstitución de escena lleva a responsabilidades ministeriales, esto no pasa por los directores de servicios”, advirtió un alto asesor de Palacio.

Cadena de errores

Sin embargo, Blanco no es la única nerviosa y preocupada con el bochorno del padrón. Fuentes gubernamentales confirmaron que había bastante “inquietud y preocupación” en la Segpres y en el comité político en general, considerando que –explicitaron– la Presidenta Bachelet había delegado en sus ministros de Palacio la tarea de resolver los problemas del registro electoral y que los comicios municipales, en lo que compete al Gobierno, se desarrollaran de buena manera.

No por nada, el sábado, pasadas las 22:00 horas, un comunicado de la Segpres manifestaba que en julio “ante noticias de público conocimiento sobre potenciales errores en el padrón electoral detectados postcierre del registro, esta subsecretaría se reunió con los Directores del Servel y del Registro Civil, siempre respetando la autonomía constitucional del organismo electoral, y puso a disposición de las partes sus buenos oficios y asesoría técnica digital con el objeto de apoyar el trabajo que ellos debían realizar para llevar adelante un correcto proceso electoral”.

El texto agregaba que “el Servel en el legítimo uso de sus facultades y en función de los atributos legales decidió seguir adelante de forma autónoma con el proceso. Aparte de la mencionada gestión, al Ministerio Secretaría General de la Presidencia no le ha cabido participación alguna en este proceso”.

En La Moneda aseguraron que ese fue un intento de ponerse el parche antes de la herida, ya que aquí “todos somos responsables”, nadie puede lavarse las manos, porque “hace tres meses desde el Gobierno se debió advertir de manera más enérgica” que los problemas con el padrón terminarían siendo una bola de nieve incontrolable.

En el marco de esa autocrítica, en el Ejecutivo reconocen que la Segpres no tiene “el poder político suficiente” para haber apagado este incendio a tiempo, que el Registro Civil nunca recibió instrucciones precisas para arreglar esta situación con anticipación y que el Servel demostró que no estaba capacitado para afrontar y sortear el problema. A ello suman a la Subsecretaría de Interior, conocida por hacerse cargo de las crisis de la administración bacheletista y controlarlas, que en esta ocasión –asumieron– se vio superada, quedando este tema al final de la lista.

Y en el caso de la Presidenta, además de estirar el elástico al máximo para mantener su blindaje a Blanco, tampoco sopesó a tiempo las dimensiones del problema. No hay que olvidar que la semana pasada, cuando era público y notorio el cruce de acusaciones entre el Registro Civil y el Servel por los errores cometidos ante el casi medio millón de electores cambiados de comunas, Bachelet en una entrevista enRadio Oasis le bajó radicalmente el perfil al asunto y llamó a “que la gente busque donde le toca votar, es cosa de meterse con el RUT, de hecho yo lo hice. Es bien fácil, me sumo a ese llamado”.

En La Moneda también reconocen que el Gobierno como tal pudo perfectamente haberse jugado sus cartas hace dos semanas, el proyecto exprés, e involucrar a la Contraloría, para tener más tiempo de sumar apoyos y no esperar hasta último minuto, reaccionando a la rápida, quedando vulnerable a una derrota política en el Congreso por no alcanzar el quórum de 67 votos de diputados y el de 21 senadores que necesita.

La timonel de la DC, Carolina Goic, afirmó que los parlamentarios “nos hemos obligado a votar en forma exprés en algo que se debió haber resuelto antes (…) esta es una situación que no provocamos nosotros”. Un punto que se escuchó bastante ayer en Valparaíso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, fue la molestia con el Gobierno por endosarles a ellos la solución de un problema en el que no tuvieron arte ni parte y que no se descarta que puede influir en cómo se decante esta tarde, a las 18:30 horas, la votación en la Sala de la Cámara Baja.