Autoridades civiles y militares de Chile y Argentina se reunieron ayer para conmemorar el bicentenario de la batalla de Maipú. El ambiente de genuina amistad que enmarca la estrecha relación que se ha consolidado con el país vecino, sin embargo, estaba muy lejos de avizorarse hace cuatro décadas, cuando la guerra fratricida entre ambos países se llegó a considerar “inevitable” y el conflicto se disipó casi por milagro. La publicación del libro Chile- Argentina, La Historia del Gran Conflicto, basado en las crónicas del general Ernesto Videla Cifuentes, jefe de la delegación de Chile ante la mediación de la Santa Sede en la disputa marítima austral con Argentina, viene a difundir y servirá para valorar uno de los capítulos más relevantes de nuestra historia diplomática.

El libro, publicado por la Universidad San Sebastián, recoge crónicas del principal protagonista chileno en la mediación papal, abarcando desde el origen del conflicto, que se inició con el desconocimiento, por parte de Argentina, del laudo arbitral sobre el asunto del Canal Beagle, desechando de un plumazo lo que ambos países convinieron conforme al Derecho Internacional y los tratados vigentes, con todo lo que ello implica. A partir de ese momento, el autor relata el incremento de las tensiones, las provocaciones y los preparativos bélicos de un conflicto cada vez más difícil de evitar. El relato constata, asimismo, el complejo escenario vecinal, regional y global en el cual debió accionar la diplomacia chilena durante más de una década. El diferendo con Argentina llegó a tal punto de tensión, que las acciones de guerra sólo fueron postergadas por un “milagroso” temporal, que obligó a volver a puerto a las unidades navales ya desplegadas en la zona austral. A ese extremo habían llegado ambas naciones hacia fines del año 1978, cuando acordaron recurrir a la mediación del Papa Juan Pablo II.

La misión de conducir las negociaciones por parte de Chile en la mediación papal recayó en el entonces coronel Ernesto Videla, a la sazón Director de Planificación del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuya labor polifacética quedó reflejada tanto en el proceso de la mediación, como en sus resultados.Destacamos en la personalidad de Videla, entre otras virtudes, su singular inteligencia y versatilidad, características que le permitieron llevar la conducción de ese extenso proceso, desde el inicio de la negociación hasta su conclusión, de manera brillante. Demostrando su habilidad innata para liderar, conformó un variado y completo equipo de trabajo con civiles de distintas especialidades, sacando el mejor provecho de las capacidades que cada cual de sus integrantes podía aportar. Ese personaje, de quien se solía decir en  Cancillería que era “el más civil de los militares”, es quien nos relata la historia del conflicto.

El valor testimonial en lo histórico y su aporte reflexivo como experiencia diplomática, hacen del texto de Videla una lectura amena y didáctica. El público joven se beneficiará de esta lectura, que presenta hechos trascendentales, pero poco difundidos, de nuestra historia reciente. Para los estudiosos de las relaciones internacionales el relato contiene vivencias, descripciones y reflexiones de alto valor, indispensables para entender a cabalidad los orígenes del conflicto y las complejas negociaciones desplegadas para resolverlo. En su relato, Ernesto Videla describe y reconoce la participación de diversas personalidades políticas, juristas y diplomáticos, que, con diverso grado de protagonismo, tomaron parte en los esfuerzos por hacer prevalecer la paz entre ambos países. Las entrevistas de Mónica Cerda a las principales personalidades chilenas y argentinas vinculadas a este proceso histórico contextualizan el texto de esta interesante crónica del recordado militar y diplomático. (El Líbero)

Jorge Canelas, cientista político, director de CEPERI

Aunque muchas veces la izquierda dice querer combatir el poder que ejerce sobre el país el sector empresarial, a quien llama “los dueños de Chile”, ahora que el gobierno de derecha legítimamente busca nombrar personas afines a sus ideales en cargos de confianza política, varios líderes de izquierda buscan aferrarse a sus cargos en el sector público. Esos líderes, que carecen de la dignidad necesaria para renunciar a trabajar en un gobierno que impulsará políticas con las que ellos no comulgan, se comportan como si se creyeran dueños del Estado.

Las elecciones constituyen oportunidades para que la gente decida la hoja de ruta que seguirá el país por los próximos años. Cuando la coalición que ostenta el poder es castigada por el electorado, corresponde que sus líderes se hagan a un lado y dejen que gobiernen aquellos que fueron popularmente mandatados para hacerlo.

Cuando un líder político se niega a renunciar a un cargo de confianza alegando condición de funcionario público, no sólo está siendo engañoso respecto de su verdadera identidad, sino que, además, está haciéndole un daño a la reputación de los funcionarios públicos. Para que el Estado funcione bien, debe haber cuadros profesionales bien capacitados de funcionarios públicos capaces de implementar de forma no partisana las políticas públicas y prioridades del gobierno de turno. Por cierto que los funcionarios públicos pueden tener sus propias preferencias, pero su trabajo no consiste en tratar de defenderlas o en promover sus propios valores; su obligación es desempeñar funciones que convierten en realidad las promesas que hizo en su campaña el gobierno actual.

Como bien recordaron muchos líderes de izquierda durante la discusión sobre el aborto en tres causales y la posibilidad de que funcionarios públicos del sector salud tuvieran el derecho a ser objetores de conciencia, los funcionarios públicos no están en sus cargos para defender sus valores personales, sino para implementar las políticas públicas en vigencia. Si un funcionario público discrepa de las políticas públicas que ha decidido implementar legalmente el gobierno, tiene la opción de renunciar y buscar otro trabajo. Pero ese funcionario no puede atornillar al revés porque cree que el gobierno está haciendo lo equivocado o porque sus valores personales discrepan con los del gobierno. Uno no tiene por qué estar de acuerdo con lo que piensan políticamente los jefes, pero si un trabajador de un restaurante tiene problemas éticos porque el restaurante pasó de ser vegano a vender carne, no puede por eso botar la carne a la basura. Puede renunciar y buscar otro trabajo; pero no puede decidir cuál va a ser el tipo de comida que vende el restaurante.

Con la llegada del gobierno de Chile Vamos, hay numerosas anécdotas de funcionarios de confianza del gobierno anterior— incluidos candidatos a diputados y cores, y cientos de militantes activos de partidos de oposición— que buscan aferrarse a sus cargos o que abiertamente han dado señales de no aceptar que ahora el gobierno implemente sus prioridades.  Además de que resulta patético que esos funcionarios no hayan tenido la dignidad de renunciar voluntariamente a sus cargos, es lamentable que algunos de ellos reclamen cuando se les pide la renuncia. La abogada de derechos humanos, dirigente comunista y candidata a diputada del PC en 2017, Julia Urquieta, simbolizó esa actitud de rebeldía con un tweet en que acusaba al gobierno de “cavernario” por cesarla en su cargo. Engañosamente, Urquieta se definió como “funcionaria pública”, cuando su principal actividad es ser líder política.  Algunos defensores de Urquieta recordaron su encomiable trabajo como abogada de derechos humanos en dictadura, pero ese trabajo la hace merecedora de un premio, no de un cargo público en el que le tocará implementar políticas públicas a las que ella sistemáticamente se ha opuesto.

Para que el Estado funcione bien debe haber funcionarios públicos competentes y no partisanos que implementen las políticas estatales y las del gobierno de turno.Cuando los líderes políticos de una coalición perdedora se quieren disfrazar de funcionarios públicos para seguir cobrando sueldos, esos políticos actúan indignamente y dañan la imagen de lo que en realidad deben ser los funcionarios públicos. Porque la Nueva Mayoría perdió la elección, sus líderes y sus militantes activos debiesen renunciar a sus cargos en el gobierno. Los militantes que son funcionarios públicos y que no están dispuestos a implementar las prioridades del nuevo gobierno, deben ser consecuentes y renunciar. Tratar de aferrarse a un cargo que obtuvieron por afinidad política con el gobierno anterior o disfrazarse de funcionarios públicos sólo refleja que muchos líderes de izquierda —que normalmente critican a la derecha empresarial por creerse dueños de Chile— se están comportando como si ellos fueran dueños del aparato público del Estado de Chile. (El Líbero)

Patricio Navia