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¿La mejor Dipres de la historia?

En 2023, el ministro de Hacienda de la época afirmó que Chile tenía “probablemente la mejor directora de Presupuestos de la historia”. La propia directora aseguró recientemente que “este gobierno ha sido muy exitoso en la contención del gasto”. Al finalizar el período, corresponde contrastar esas afirmaciones con los informes del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo independiente encargado de velar por la responsabilidad fiscal.

El primer dato es categórico: Chile se encamina a un tercer incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural (BE). Tras los desvíos de 2023 y 2024, el CFA habla de un “cuadro de estrés fiscal prolongado”. En 2024, el déficit estructural llegó a –3,3% del PIB, frente a una meta de –1,9%, una desviación excepcional en un año sin crisis.

Tampoco el superávit de 2022 prueba una gestión sobresaliente. Este no respondió a una estrategia deliberada de la actual administración, sino al efecto mecánico del presupuesto aprobado por el gobierno anterior y, sobre todo, al retiro de las medidas transitorias y extraordinarias implementadas durante la pandemia —incluido el término del IFE y de otras transferencias masivas—, lo que generó una fuerte caída del gasto ese año. Este resultado estuvo influido además por ingresos transitorios elevadamente altos.

La formulación presupuestaria también exhibe problemas. En el Presupuesto 2025, la Dipres mantuvo proyecciones de ingresos que no se ajustaron pese a advertencias del CFA, lo que llevó a aprobar un gasto no financiable y luego forzar correcciones. Nada indica que el Presupuesto 2026, recién aprobado, esté libre de ese riesgo.

A ello se suma la rápida alza de la deuda pública, hoy cercana al nivel prudente de 45% del PIB. El CFA atribuye esta trayectoria a la “persistencia de déficits estructurales” y proyecta una probabilidad cercana al 50% de superar ese umbral hacia 2027. El principal colchón de liquidez, el FEES, cayó desde un promedio histórico de 5,1% del PIB a solo 1,2% en 2024, nivel similar al mínimo de la pandemia. La gravedad de esta tendencia se acentúa al considerar que ninguno de estos años estuvo marcado por eventos extraordinarios que pudieran justificar un relajamiento de la disciplina fiscal.

El comportamiento del gasto tampoco respalda la idea de contención exitosa. El gasto corriente creció 2,6% real en los primeros ocho meses de 2025, frente a una proyección de apenas 0,2%. Para cumplirla, habría sido necesario reducirlo en 4,7% entre septiembre y diciembre: algo inverosímil. Aunque el crecimiento real del gasto pasó de 4,8% anual entre 2010 y 2019 a alrededor de 2,4% en el último trienio, este ajuste cuantitativo no ha sido suficiente para cumplir de manera consistente la regla fiscal y así preservar el espacio fiscal para enfrentar futuras crisis.

A ello se suma un relajamiento reiterado de las metas de BE, práctica que el CFA considera sistemática y que traslada el ajuste a gobiernos futuros, debilitando la credibilidad de la institucionalidad fiscal. En conjunto, los informes del CFA describen un escenario muy distinto al mensaje oficial: tres años de incumplimientos, caída histórica del FEES, deuda al borde del límite prudente, ingresos sobrestimados y pérdida de control del gasto corriente, todo en ausencia de crisis. En este contexto, la afirmación de que Chile tuvo “la mejor Dipres de la historia” carece de sustento. La próxima administración heredará una institucionalidad fiscal debilitada y el desafío urgente de recomponerla. (La Tercera)

Mauricio Villena

Decano de la Facultad de Administración y Economía UDP.

Palabra del año y la disolución de lo humano en el algoritmo

La reciente elección de rage-bait (cebo de rabia) como la palabra del año por la Oxford University Press no es una simple anécdota lingüística, sino la manifestación de una grave patología social digital. El rage-baiting, la táctica de crear contenido intencionalmente ofensivo o polarizante, tiene un único fin: capitalizar la indignación para maximizar la interacción. La rabia, con su combustión inmediata y su viralidad algorítmica, se ha convertido en el activo más rentable de la economía de la atención.

Este fenómeno dista de ser casual; es una consecuencia directa de la ingeniería digital que explota las vulnerabilidades más profundas de nuestra arquitectura cerebral. Nuestros mecanismos evolutivos de supervivencia nos predisponen a reaccionar antes de reflexionar. El estímulo constante de la ira produce un cortocircuito cognitivo que cede el control a la amígdala –el centro emocional–, relegando a un segundo plano la corteza prefrontal, sede del control ejecutivo y el pensamiento reflexivo.

En el foro público y político, este baipás cerebral resulta letal. Genera un contexto donde solo el contenido de alta carga emocional logra penetrar el ruido. El resultado es un discurso populista y polarizante que no solo inocula la rabia, sino que reduce la complejidad de los problemas a eslóganes simples y amplificados. Esta peligrosa ecuación –ira potenciada por algoritmos– mina la legitimidad de nuestras democracias y atenta contra la deliberación civilizada.

La estrategia algorítmica pone las plataformas al servicio de la polarización, un proceso que destruye la confianza e impide la conversación. Sin conversación genuina, no hay democracia. Hoy, la defensa de la democracia liberal está intrínsecamente ligada a la defensa de la humanidad, pues los algoritmos, para asegurar el flujo constante de datos, amplifican sistemáticamente el miedo, la amenaza, la falsedad y la indignación: es decir, aquello que representa lo peor de la especie humana.

La personalización extrema nos confina en “burbujas de iguales”, eliminando el disenso y fanatizando nuestra propia visión, lo que desarticula el tejido social. El corolario es la erosión acelerada de atributos esenciales que nos definen: la empatía, la capacidad de cooperar y, sobre todo, el pensamiento crítico.

La preocupación central radica en que aquellas habilidades blandas que nos confirieron nuestra ventaja evolutiva –la capacidad de cooperar, socializar, empatizar, el altruismo y la solidaridad– están siendo sistemáticamente marginalizadas y disminuidas a su mínima expresión en el entorno digital. El rage-baiting, por lo tanto, no es una simple artimaña de marketing de contenidos; es una amenaza existencial directa a las democracias liberales. Una humanidad polarizada y fragmentada por los algoritmos se traduce inevitablemente en la muerte de la deliberación civilizada y, por extensión, de la democracia.

Por todo ello, se vuelve imperativo iniciar un debate ético y regulatorio de alcance global que logre domesticar al algoritmo y restituir nuestra autonomía. Hoy, la defensa de la democracia liberal está intrínsecamente ligada a la defensa de la humanidad misma.

Como advierte el profesor Martin Hilbert, uno de los mayores expertos mundiales en la materia: “Pasó que tu cerebro paleolítico no es rival para el aprendizaje automático de las supercomputadoras acerca de tu voluntad”.

Hilbert, un pensador lúcido sobre la manipulación algorítmica, será uno de los oradores centrales de Congreso Futuro 2026 (del 12 al 17 de enero), donde nos desafiará a reflexionar sobre cómo garantizar que la tecnología amplifique lo mejor de nuestra especie, en lugar de acelerar la disolución de nuestra humanidad. Este diálogo es vital para definir hacia dónde vamos como humanidad. (El Mostrador)

Guido Girardi

La certeza como habilitador del crecimiento

Durante más de cuatro décadas, el Decreto Ley 600 fue un elemento silencioso pero decisivo en la arquitectura económica de Chile. Su promesa (certeza jurídica, estabilidad tributaria y reglas claras para la inversión extranjera) marcó una diferencia sustantiva en el desarrollo del país. No fue perfecto, ni estuvo exento de tensiones, pero difícilmente se puede negar que haya sido uno de los pilares que permitió financiar proyectos de gran escala, expandir la capacidad productiva y posicionar a Chile como uno de los destinos más confiables para la inversión en la región.

Entre 1974 y 2015, el DL 600 canalizó decenas de miles de millones de dólares hacia sectores clave como la minería, la energía y la infraestructura. Pero más allá de las cifras, lo que realmente importó fue la señal que Chile enviaba al resto del mundo: un Estado dispuesto a respetar contratos, a proteger las reglas del juego y a garantizar un entorno estable incluso en tiempos de turbulencia política o económica. En otras palabras, fue un instrumento que generó confianza, y esa confianza se tradujo en inversión, empleo, exportaciones y modernización productiva.

En 2015 Chile decide dejar atrás el DL 600, convencido de que el país había alcanzado un nivel de madurez suficiente como para prescindir de un régimen de invariabilidad. La decisión marcó un hito: era la señal (en teoría) de que Chile ya podía competir en base a su institucionalidad general y no en base a contratos especiales.

La lógica detrás de esa decisión no era del todo equivocada. Efectivamente, un país que aspira a la sofisticación económica no puede depender eternamente de mecanismos extraordinarios de estabilidad tributaria. El problema es que asumimos una madurez que todavía no teníamos. El país sobreestimó su capacidad institucional, política y regulatoria para ofrecer, sin instrumentos adicionales, la estabilidad que los inversionistas requieren. Y la evidencia posterior lo dejó claro: los años que siguieron estuvieron marcados por episodios de volatilidad, incertidumbre tributaria y una dificultad persistente para articular consensos mínimos en materia económica.

No todo es atribuible al fin del DL 600, por supuesto. Factores globales, ciclos de precios de commodities y cambios regulatorios en múltiples sectores, influyeron. Pero es imposible ignorar que el país perdió un instrumento que, durante décadas, actuó como un puente entre la política pública y el apetito de los inversionistas globales.

No se trata de romantizar el pasado ni de afirmar que el DL 600 era imprescindible. Ese no es el punto. Lo relevante es reconocer que la transición se hizo sin una lectura realista del entorno político y sin una estrategia clara para reemplazar la certeza que se estaba eliminando. En otras palabras, dimos un salto institucional sin mirar si el terreno estaba firme.

Mi propuesta no se basa en volver atrás, sino en aprender. El pasado nos demostró que la estabilidad, la coherencia regulatoria y la protección de las reglas del juego son condiciones indispensables para atraer inversión de calidad. Y la experiencia posterior demostró que la confianza se pierde más rápido de lo que se construye.

Ahora, ¿es este el momento adecuado para reinstalar la invariabilidad tributaria? Probablemente no. En una economía que necesita oxígeno rápido, el debate urgente no es la estabilización de largo plazo, sino cómo incentivar la inversión en el corto plazo para recuperar ritmo. Bajar la carga tributaria efectiva, simplificar procesos, facilitar el inicio de proyectos y reducir la fricción regulatoria puede tener un impacto más inmediato y ofrecer señales claras de reactivación.

Aunque no sea la prioridad hoy, es una conversación que el país debe retomar con seriedad porque un marco estable y creíble es un elemento clave para competir globalmente en inversión de calidad. Y la experiencia reciente muestra que nuestra institucionalidad, por sí sola, no siempre ha logrado ofrecer esa estabilidad.

Hoy, ad-portas de una elección y cuando el país necesita reactivar el crecimiento, atraer capitales y avanzar hacia una economía más diversificada, Chile debe ofrecer un marco de inversión que combine lo mejor del pasado con las exigencias del futuro. Eso significa reglas claras, instituciones sólidas, consistencia tributaria y, sobre todo, una política pública que entienda que la inversión no llega por inercia, sino por convicción. (El Líbero)

Javiera Contreras

EY Chile

Japón y Europa frente a China: lecciones para América Latina

El exembajador japonés en China, Hideo Tarumi, publicó el 8 de diciembre en el diario Sankei Shimbun una columna en la que llamó a Japón a “despertar” y establecer una estrategia de largo plazo frente a China. Según Tarumi, Japón ha tendido durante años a retroceder ante cualquier presión proveniente de Pekín, debilitando así la coherencia de su política exterior y reforzando la percepción de que la coerción siempre funciona. Aunque su reflexión se origina en la reciente controversia generada por las declaraciones de la primera ministra Sanae Takaichi sobre un posible escenario de crisis en Taiwán, el fondo del argumento apunta a una vulnerabilidad estructural de la política japonesa hacia China.

El debate interno japonés

La advertencia de Tarumi no surge de manera aislada. En los últimos meses, medios como Nikkei han subrayado que la dependencia japonesa de las cadenas de suministro y de la tecnología china expone al país a riesgos asimétricos en un contexto de creciente tensión regional. Asahi Shimbun, por su parte, ha señalado que Japón podría quedar sin margen de maniobra si no define una planificación estratégica de largo plazo. En conjunto, estos análisis evidencian un consenso emergente: la estrategia nacional no puede basarse en la presunción de que China actuará siempre de forma estable o predecible.

El giro europeo

Europa avanza en una dirección similar. En noviembre de 2025, Alemania publicó un informe que reconoce explícitamente que la relación bilateral con China ha pasado de la cooperación a una competencia estructural. Periódicos como Handelsblatt y Frankfurter Allgemeine Zeitung han advertido sobre la vulnerabilidad que supone depender excesivamente del mercado y la capacidad productiva china, especialmente en sectores como los vehículos eléctricos y los minerales críticos. A nivel comunitario, la Comisión Europea ha adoptado la noción de “reducción de riesgos”, orientada a evitar que un solo mercado condicione decisiones políticas esenciales.

Dependencia y autonomía

Tanto en Japón como en Europa, la reflexión converge en una misma premisa: cuando la economía, la tecnología o la diplomacia dependen en exceso de China, la autonomía estratégica se debilita inevitablemente. El llamado de Tarumi a un “despertar” es, en esencia, una advertencia sobre este tipo de riesgos estructurales. La cuestión no es si un país debe relacionarse con China, sino hasta qué punto dicha relación condiciona su capacidad de decisión.

Un espejo para América Latina

Esta reflexión ofrece lecciones claras para los países en desarrollo y, en particular, para América Latina. La región ha dependido ampliamente de China en exportaciones, préstamos para infraestructura y cooperación energética. Si bien estos vínculos aportan beneficios inmediatos, también concentran la estructura productiva y reducen el margen de maniobra ante escenarios internacionales cambiantes. Deutsche Welle ha señalado que, sin una diversificación real, los países latinoamericanos corren el riesgo de perder autonomía en momentos críticos. Chile enfrenta un desafío similar: como lo han analizado El Mercurio y Diario Financiero, la fuerte dependencia del mercado chino en los sectores del cobre y del litio limita su poder de negociación y condiciona su transición industrial.

Un desafío de alcance global

La relevancia de la columna de Tarumi trasciende la política japonesa. Su mensaje revela una experiencia aplicable a numerosos países: el espacio estratégico de un Estado rara vez se pierde en una crisis repentina; más bien, se erosiona gradualmente a través de estructuras de dependencia prolongadas. Las respuestas de Japón y Europa muestran cómo las democracias maduras identifican sus vulnerabilidades y ajustan sus políticas en consecuencia. Para Chile y otras naciones emergentes, la advertencia es clara: cuando un único mercado o un solo proveedor de financiamiento domina la economía, las opciones reales ante decisiones cruciales son mucho más limitadas de lo que aparentan. La autonomía estratégica no es un ideal abstracto, sino una condición que exige mercados diversificados, cadenas de suministro resistentes y una institucionalidad capaz de sostener decisiones soberanas. (Red NP)

Andrés Liang

Analista en política internacional y relaciones Asia-Latinoamérica

Precio de la plata alcanza récord histórico de US$60 la onza

El precio de la plata vive una «verdadera fiebre» al alcanzar su máximo histórico este martes, cotizando a US$60 la onza. El valor del metal blanco ha escalado un impresionante 90% en el año 2025, un rally que no pasa inadvertido para la economía de Chile, un país minero.

Expertos han reportado que la escasez en la oferta global y las apuestas por un mayor estímulo monetario de la Reserva Federal (Fed) han sido factores claves. Este récord de cotización no era esperado por los analistas del mercado al inicio del año.

El desempeño de la plata, que casi duplica su precio, ha superado incluso al del oro, que acumuló un alza cercana al 60% en el mismo periodo. El oro alcanzó su propio máximo histórico en octubre, llegando a cotizar en US$4.480 la onza.

Dado el alto valor del metal, surge la pregunta de si Chile podría beneficiarse de esta alza histórica. El país se posicionó como el séptimo productor mundial de plata en 2024, según datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Chile representó el 4,9% de la producción total mundial de plata en ese año. Se ubicó por detrás de países como México, China, Perú, Bolivia, Polonia y Rusia. La entidad estatal informó que Chile produjo 1.224 toneladas del metal en 2024.

En Chile, la plata se obtiene como un «subproducto» esencialmente de la extracción de cobre y oro. Por esta razón, la cantidad de plata extraída dependerá en gran medida de lo que ocurra en los yacimientos de esos otros metales.

Ronald Guzmán, docente de Ingeniería Civil en Minería de la UDD, explica que, si las minas de cobre aumentan su producción, naturalmente se debería extraer una mayor cantidad de plata. Al ser un subproducto, sus costos de producción son bajos.

Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting, afirma que el alza histórica podría implicar un «aumento significativo en los ingresos» para Chile. Ronald Guzmán concuerda, señalando que el alto precio trae beneficios en materia de tributos e ingresos fiscales.

Pablo Müller, académico de la Universidad Autónoma, sostiene que este volumen de producción adquiere un peso estratégico con precios tan favorables. Esto mejora los retornos por exportaciones y la recaudación fiscal del país.

El académico añade que el entorno de precios favorables incentiva las inversiones enfocadas en mejorar la recuperación de metales. Esto fortalece la posibilidad de un incremento gradual y sostenido en la oferta de plata en el futuro.

Manuel Reyes, académico de Ingeniería Civil en Minas de la U. Andrés Bello, mantiene una mirada optimista sobre el aumento de la producción nacional. Proyectos como Salares Norte y Nueva Esperanza podrían sumar cientos de toneladas anuales al 2035. (NP-Gemini-Emol)

Votar informado: la urna no es una apuesta

En la antesala de una nueva segunda vuelta presidencial en Chile, nos encontramos frente a un momento crítico que pone a prueba la madurez de nuestra democracia. La «fiesta de la democracia» no debe ser entendida únicamente como el acto ritual de sufragar. La soberanía reside esencialmente en la Nación y su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, ahora bien, lo anterior no es solo una declaración solemne, sino una responsabilidad activa que adquirimos cada vez que ejercemos nuestro derecho a votar.

Elegir democráticamente a la máxima autoridad del poder ejecutivo, no sólo un gesto simbólico, sino que corresponde a una decisión que influirá directamente en la vida cotidiana de muchas personas. La democracia representativa exige una ciudadanía activa. No basta con delegar el poder en un tercero, sino que es fundamental entender para qué se le entrega ese poder.

En un régimen presidencialista como el chileno, el programa de gobierno no es un mero trámite burocrático, es en la práctica, un contrato social propuesto a la ciudadanía. Cada candidatura trae consigo un programa de gobierno que, aunque a veces pueda parecer técnico o distante, contiene definiciones que pueden incidir en áreas tan sensibles como el desarrollo económico, la protección social, la seguridad pública, el medioambiente o las políticas laborales. Ignorar estas propuestas es renunciar a comprender cómo podrían cambiar las condiciones que estructuran nuestra convivencia

La democracia no solo necesita votos, exige un compromiso adicional, que esos votos sean conscientes. Un ciudadano informado es un actor político pleno, capaz de exigir coherencia, fiscalizar el poder y anticipar los efectos de las políticas que respaldará con su apoyo. En un país como el nuestro, donde el debate público suele tensionarse en periodos electorales, informarse se vuelve también un acto de responsabilidad con la verdad y con la convivencia democrática.

Votar sin conocer estas propuestas es firmar un cheque en blanco. En esta segunda vuelta, donde las opciones se estrechan y los modelos de país se contrastan con mayor nitidez, la responsabilidad cívica nos obliga a ir más allá del titular de prensa o el video de 30 segundos en redes sociales.

Una democracia sana se alimenta de ciudadanos que participan, opinan, evalúan y deciden con convicción. (Red NP)

Yhohan Lagos Pavez

Director Escuela de Administración Pública UNIACC

Caso Ojeda: juzgado alista sentencia contra veintena de imputados

El 11° Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 19 de diciembre la audiencia clave en el caso contra una veintena de imputados por el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda. El exteniente venezolano, de 32 años, fue asesinado en febrero de 2024, generando un gran impacto público nacional.

El crimen de Ojeda conmocionó al país luego de que se sugiriera un posible móvil político tras su muerte. Las investigaciones han planteado vínculos con presuntas órdenes provenientes directamente del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, elevando la tensión internacional.

En la próxima cita judicial se debatirá el posible cierre de la investigación, cuyo plazo legal venció a mediados de noviembre pasado. La Defensoría Penal Pública fue la entidad que solicitó formalmente el apercibimiento para poner fin a la etapa de recopilación de antecedentes.

La posición del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), que dirige la causa, aún no se ha hecho pública de manera clara. Si bien podrían solicitar la ampliación del plazo para ejecutar nuevas y cruciales diligencias, la Fiscalía también planifica un pronto inicio del juicio oral. (NP-Gemini-Emol)

Acusación de Jara sobre «golpismo» de Machado genera molestia en oficialismo

Declaraciones de la abanderada de Unidad por Chile, Jeannette Jara, sobre la líder opositora venezolana María Corina Machado, han generado controversia y esquirlas al interior de su propio bloque. La candidata fue consultada en el debate de Anatel sobre el rechazo a la entrega del Premio Nobel de la Paz.

La exministra Jara sostuvo en el debate que «es evidente que hay opiniones distintas respecto de la señora Machado». Añadió que solo conoce lo que se difunde por televisión, pero que la líder opositora «ha tenido ciertos intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres».

El escenario político de Venezuela es históricamente un tema ríspido para el bloque progresista que apoya a Jara. La negativa del Partido Comunista (PC) a calificar el régimen de Nicolás Maduro como una dictadura ha tensado la relación con el Socialismo Democrático en la actual administración.

Esta mañana, dos de los seis voceros de la candidata tomaron distancia de la conexión que Jara hizo entre Machado y los supuestos intentos de golpes de Estado. El expresidente de TVN, Francisco Vidal (PPD), la calificó como una legítima opositora bien merecedora del Nobel.

Vidal reconoció que, si bien Machado «ha oscilado», él habría preferido que Jara no se pronunciara sobre el tema. En la misma línea, la secretaria nacional de la DC, Alejandra Krauss, reconoció tener una visión distinta respecto de la lucha política de Machado.

Krauss afirmó que Jara dejó «absolutamente claro que Maduro es un dictador», pero coincidió en que la discusión sobre Machado «no suma» a la campaña presidencial. Así, ambos voceros marcaron una diferencia con el tono de la candidata oficialista.

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, optó por el mutismo. Consultado directamente si coincidía con los dichos sobre «intentonas golpistas», el dirigente se negó a pronunciarse sobre las formulaciones hechas por la candidata.

Carmona argumentó que es un error político que él interprete o represente a la candidata, ya que ella existe y sus actividades son públicas. Afirmó que «sería abrir una dispersión especulativa» sobre cuestiones que se pueden despejar yendo directamente a la fuente.

Además, el dirigente del PC sostuvo que «no es la hora» de que su partido manifieste planteamientos individuales. Indicó que la candidata debe formular cuestiones que sean coincidentes con el mínimo común denominador de los nueve partidos que la respaldan.

Quien sí refrendó la postura de Jara fue su jefa de campaña, Paulina Vodanovic (PS). Señaló que la candidata fue clara al indicar que existían «distintas versiones y visiones» sobre María Corina Machado y que consideraba a Maduro un dictador.

En esa línea, el secretario general del PPD, José Toro, consideró que es legítimo que haya diferentes visiones sobre Machado. Subrayó que, sin embargo, el gran problema de fondo es que «Venezuela es una dictadura», y la candidata Jara lo dejó claro.

Toro añadió que cualquier otra discusión desvía el foco de cómo lograr el regreso de la democracia y el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Esto prioriza el problema del régimen sobre las controversias internas de la oposición.

Finalmente, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, aseveró que la candidata «ha sido muy clara con su postura respecto a Venezuela» y que cree que el régimen de Maduro es una dictadura.

Martínez consideró que el Premio Nobel lo otorga una academia legítima y que la disputa al respecto es «media espuria». Además, pidió «escuchar un poquito más a la candidata, porque en general ella hace muy bien su pega» en el debate. (NP-Gemini-Emol)

Misión ONU acusa a policía de Maduro de crímenes de lesa humanidad

Un informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU reveló que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cometieron graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante más de una década. La investigación de la ONU abarcó los abusos ocurridos en el país desde el año 2014.

El documento de 123 páginas, publicado este jueves, concluye que responsables del cuerpo de seguridad perpetraron y contribuyeron directamente a la comisión de privaciones arbitrarias de la vida y detenciones ilegales. También se detallan torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y hechos de violencia sexual o de género en manos de la GNB.

Estos crímenes fueron cometidos tanto durante los operativos de control de protestas sociales masivas como en acciones de persecución política selectiva. La misión, presidida por la portuguesa Marta Valiñas, concluyó que estos abusos se vieron facilitados por un prolongado entorno de impunidad dentro de la nación.

La misión investigadora explicó que el gobierno venezolano fusionó funciones militares y policiales mediante la guardia nacional, lo que legitimó la militarización de la seguridad ciudadana. Esto amplió considerablemente el papel del cuerpo en operaciones orientadas al control social y a la represión interna.

La centralización de la cadena de mando sin contrapesos facilitó estas acciones. La dirección recae en el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en su calidad de comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El informe destaca una alta concentración de poder.

El informe estudia específicamente el papel de la GNB en la represión de diversas olas de protestas masivas, incluyendo las ocurridas en Venezuela en los años 2014, 2017, 2019 y 2024. Durante estos eventos, el cuerpo de seguridad ejerció un uso desproporcionado de la fuerza.

Dicho uso excesivo incluyó el empleo de armas, incluso algunas de carácter letal, que fueron disparadas de forma indebida por los efectivos. La misión investigadora halló motivos razonables para creer que los funcionarios dispararon armas de fuego de forma indiscriminada.

Los disparos se dirigieron directamente a zonas vitales de los cuerpos de las víctimas, según el informe. Además, la investigación denuncia posibles prácticas de modificación de proyectiles utilizados por la GNB con el propósito de infligir un mayor y más grave daño a los detenidos.

El estudio documentó detenciones arbitrarias, tanto masivas como selectivas, y violencia física grave durante los arrestos. Se registraron casos de siembra de evidencias, torturas, malos tratos e incluso violencia sexual dentro de las instalaciones utilizadas como centros de detención transitoria.

Valiñas destacó que no se trata de incidentes aislados, sino que estos abusos formaron parte de un patrón sistemático de maltrato. Este patrón fue utilizado específicamente para castigar, doblegar y someter a las víctimas de la represión militar.

El informe resaltó que la GNB fue determinante en la comisión del crimen de lesa humanidad de «persecución con motivos políticos». Según datos de la sociedad civil, fue la institución que ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos en los años 2019 y 2020.

Además, desempeñó un papel crucial en la captura y criminalización de opositores políticos luego de las elecciones llevadas a cabo en 2024. La guardia nacional es señalada como un ejecutor clave en la represión contra voces disidentes en el país.

En vista de los indicios obtenidos, la misión considera que funcionarios de la GNB y altos mandos militares y políticos podrían ser penalmente responsables. Su responsabilidad podría ser invocada en virtud de los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma.

La Corte Penal Internacional (CPI) vela por el cumplimiento de este Estatuto. La misión tripartita de investigación de la ONU fue creada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y publicó sus hallazgos este jueves. (NP-Gemini-Emol)

Jara cierra campaña en Pte. Alto y reitera advertencias sobre Kast

A solo cuatro días de la segunda vuelta presidencial, la candidata oficialista Jeannette Jara (PC) realizó su cierre de campaña en la Región Metropolitana en la Plaza Matte de Puente Alto, frente a una asistencia de entre 10 mil y 15 mil personas. La aspirante a La Moneda se mostró confiada en el triunfo y criticó duramente a José Antonio Kast, a quien acusó de querer «retroceder derechos».

Jara enfatizó que en estos comicios están en juego «cosas muy importantes», como el aumento de las pensiones y la implementación de las 40 horas laborales. También señaló que en la elección está en juego la «impunidad para pedófilos» y «violadores de derechos humanos».

La candidata fustigó a su contendor por «esconderse detrás de propuestas clandestinas» y por instalar fake news para desinformar. Jara se dirigió a los indecisos y a quienes votan por otro candidato: «Quiero decirle… que yo soy chilena. Y bien chilena. De esas que trabajan a diario».

La abanderada llamó a la unidad: «El odio no debe primar entre nosotros, donde las divisiones solo nos hacen daño». El evento contó con la participación de diversos artistas como Álvaro Henríquez, «Shamanes Crew» y «Tomo como Rey», entre otros. Se espera que Jara realice su próximo cierre de campaña en Coquimbo. (NP-Gemini-Emol)