Antes de las 10:00 de la mañana de ayer, el Gobierno ingresó un oficio a la Cámara, dando cuenta de su decisión de bajar la velocidad legislativa del proyecto sobre pago oportuno a las pymes, pasando de urgencia suma a simple.
La modificación tuvo varios efectos. El principal fue el dar más espacio al Ejecutivo para buscar consensos en el oficialismo y en la oposición, que le permitan lograr el avance de la iniciativa.
Hasta anteayer, el panorama para el Gobierno era desfavorable. Desde RN, su presidente, Mario Desbordes, había apuntado al corazón de la propuesta, advirtiendo que la rechazaría de persistir su implementación en tres años más, es decir, en la antesala de la próxima administración.
A esa postura se había sumado la bancada DC. El diputado Gabriel Silber señaló que no son viables los plazos establecidos en una materia «sensible» para el partido.
Ante ese escenario adverso, la solución del Ejecutivo fue modificar la urgencia legislativa, permitiendo que el proyecto se vote en general hoy o la próxima semana. Así, se minimizó el riesgo de que la iniciativa fuera rechazada al mantenerlo en la tabla de ayer, cuando el ánimo de parte importante de los parlamentarios era contrario a la propuesta.
El cambio en la urgencia también viabilizó el ingreso de indicaciones al proyecto, por parte del Gobierno; lo que procedimentalmente no se puede hacer cuando una iniciativa está con discusión inmediata o suma, como se ingresó inicialmente.
La propuesta del Ejecutivo plantea establecer un plazo general de 30 días, sin diferenciar el tipo de sector productivo, estableciendo que durante los primeros 18 meses de vigencia de la norma se pagará máximo en 60 días, mientras que en los 18 meses posteriores ese período será de 45 días.
ACORTAR PLAZOS
No obstante, la principal petición de los legisladores es acortar la gradualidad en la aplicación de la norma. «Las pequeñas y medianas empresas con urgencia requieren un pronto pago de verdad, sin letra chica y a 30 días, y no de manera gradual como estaba planteándolo el Ejecutivo», dijo Silber, junto con valorar que el ministro de Economía, José Ramón Valente, haya dejado «atrás su tozudez». Ello, al constatar que la propuesta fue devuelta a las comisiones de Economía y Hacienda para profundizar su discusión.
Para el diputado Alexis Mellado (PR), «tras la presión de las pymes, el Gobierno ingresó una indicación para tener a tres años el plazo de 30 días. Ese plazo hay que discutirlo; tres años es una distancia muy amplia, pero hay que buscar un punto de encuentro para avanzar, con responsabilidad. Si llegáramos a 30 días a dos años, sería una fórmula ideal», dijo.
Desde el oficialismo, el diputado Diego Schalper (RN) añadió que «estamos avanzando para que la implementación de esos 30 días sea en dos años«. Mientras el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) expresó que lo «relevante es acercar lo más posible los plazos de pago».
De hecho, ayer, los ministros Andrés Chadwick (Interior) y Gonzalo Blumel (Segpres) almorzaron con la bancada RN para abordar el proyecto. Fue ahí, según presentes, que los diputados insistieron en modificar la gradualidad.
PETICIÓN DE VALENTE
El ministro de Economía fue uno de los primeros en intervenir ayer en la sesión de Sala de la Cámara. Lo hizo para hacer una sentida petición sobre el proyecto: «Los chilenos nos están pidiendo -a ustedes como parlamentarios, a nosotros como gobierno- a gritos que, respetando nuestras diferencias, seamos capaces de llegar a acuerdos que permitan a Chile progresar», dijo Valente.
Respecto de los plazos graduales, de 60, 45 y 30 días, el ministro agregó que «lo último que nos gustaría es destruir la armonía en la cadena de pagos».
La propuesta será puesta nuevamente en tabla hoy en la Sala de la Cámara. Se espera que se vote en su idea de legislar, pero hasta anoche había una treintena de diputados inscritos para intervenir, por lo que la votación podría ser la próxima semana. (El Mercurio)
