Sin precisar que se trataba de Izkia Siches, el director (S) del Hospital San Juan de Dios, Juan Kehr, solicitó en junio de 2018 un pronunciamiento a la Contraloría sobre la situación de una funcionaria “que debió comenzar a cumplir su Período Asistencial Obligatorio (PAO) el año 2018, luego de realizar su especialidad mediante una beca, pero que ha solicitado permisos sin goce de remuneraciones para poder desarrollar sus tareas como presidenta del Colegio Médico de Chile”, según detalla el escrito.
Al momento del requerimiento, la actual jefa de campaña del comando del candidato Gabriel Boric cumplía casi seis meses con permiso sin goce de sueldo, y cuatro meses como presidenta del Colegio Médico.
La respuesta del organismo, que llegó en enero de 2020, fue de carácter aclaratorio, y no precisó si existía o no un incumplimiento a los requisitos que impone el Estado a los becarios. “La exigencia de realizar un PAO (Período Asistencial Obligatorio) a continuación de la respectiva etapa de formación es un deber que nace de la preceptiva aplicable a la materia, del cual no están exentos los dirigentes del Colegio Médico, sin perjuicio de los permisos o autorizaciones que puede otorgar la autoridad a un profesional”, estipula el escrito emitido por la entidad fiscalizadora.
La situación de Siches y su beca de especialidad ha sido objeto de críticas en los últimos días, luego de que el presidente de la UDI y senador electo, Javier Macaya, cuestionara las dilaciones en su devolución.
Sobre esta materia, una de las precisiones del ente fiscalizador fue que “el funcionario podrá solicitar permiso sin goce de remuneraciones por motivos particulares hasta por dos meses en cada año calendario, o por seis meses cada tres años”. También aclaró que no debe haber discontinuidad en el lapso comprendido entre el inicio de la beca y el término de la práctica asistencial obligatoria, pudiendo, eso sí, “autorizarse su interrupción por el subsecretario de Salud o el director del servicio de salud correspondiente, acreditando razones excepcionales o de fuerza mayor”.
La médica terminó su formación en 2017, coincidiendo con su elección como presidenta del Colmed, labor que asumió el 2 de febrero de 2018. Y a mitad de ese año, cuando venció su permiso sin goce de sueldo y debía iniciar su periodo asistencial obligatorio (PAO), la exdirigenta solicitó cambiar la modalidad de devolución, reduciendo la práctica de 44 a 22 horas semanales. Esto se hizo efectivo en enero de 2019 y se mantiene en la actualidad.
Desde el Hospital San Juan de Dios explican que “en agosto de 2018 la Dra. Siches realiza una solicitud de reducción de su jornada laboral a 22 horas semanales, con extensión del período asistencial obligatorio por el tiempo proporcional restante. El HSJD eleva el requerimiento al Servicio de Salud Metropolitano Occidente, siendo autorizado por su director a contar del 22 de agosto de 2018″.
Siches inició la devolución del PAO hasta el 15 de marzo, cuando se dio curso a su permiso de prenatal, el que terminó el 13 de octubre. Actualmente se encuentra de vacaciones.
“La especialista ha dado cumplimiento a la jornada laboral establecida en su convenio en las dependencias del Hospital San Juan de Dios. Actualmente se encuentra haciendo uso de su feriado legal, según lo establecido en el Estatuto Administrativo para funcionarios públicos”, detalla el Hospital San Juan de Dios.
Lo anterior fue refrendado por la médica en su cuenta de Twitter. “Una vez más el miedo y la mentira ahora por el Sr. Macaya. Jamás he incumplido mi período asistencial obligatorio. Trabajo 22 horas en Infectología del Hospital San Juan de Dios y ahora me encuentro con vacaciones después de mi posnatal. Que la esperanza le gane al miedo”.
Considerando el término de su feriado legal y la jornada laboral reducida -y si no solicita una nueva prórroga o permiso sin goce de sueldo-, la jefa de campaña de Boric deberá devolver su beca atendiendo pacientes en jornada de 22 horas semanales hasta el 11 julio de 2024, según los datos que manejan en el Ministerio de Salud.
Si el próximo 19 de diciembre Gabriel Boric gana las elecciones, se ha hablado de que Izkia Siches asuma un cargo de confianza. En relación a esa situación, el abogado Luis Cordero explica que la profesional “no podrá devolver la beca con un cargo público, sí o sí lo debe hacer en un hospital, porque esa es la finalidad de la beca. Eso es lo que indica la regulación y la Contraloría; se debe devolver en razón del servicio en el que se encuentra”, explicó.
Otro punto es qué sucedería con su período de asistencia obligatoria en caso de asumir un cargo público. “Solo lo podría hacer apegándose al Artículo 87 del Estatuto Administrativo, donde se permite la compatibilidad cuando una persona asume un cargo de exclusiva confianza por un periodo determinado”, dijo Cordero. Esto contempla que la profesional asuma el cargo público y al finalizar este retome sus funciones en el hospital para devolver la beca.
Según explicó el abogado en derecho administrativo, lo anterior debe se autorizado por la Contraloría mediante una consulta, que pudiera venir de la propia Siches. “Se debe hacer la pregunta para despejar jurídicamente la situación, ya que de no quedar claro y asumir un cargo público, se podría considerar como abandono la devolución de su beca, la que tiene como sanción no ejercer cargos en el sector público durante seis años”, enfatizó.
El médico Renato Acuña, colegiado y rival de Siches en la elección de 2020, indicó a La Tercera PM que en una parte del gremio existe molestia frente a esta situación. “Tiene una cantidad de permisos (Izkia Siches) que va más allá de lo normal, porque cuando uno tiene un becado que pide permiso para muchas cosas, uno le dice que no. Pero en ella siempre ha habido un aura de protección tanto de las autoridades como de la Universidad (de Chile)”, dice el médico, quien también cumple horas en el Hospital San Juan de Dios.
En caso de incumplimiento, ya sea durante su formación o el PAO, según se registra en la ley, el becario queda inhabilitado a postular para ser contratado o designado en cualquier cargo de la Administración del Estado por un periodo de hasta seis años. (La Tercera)
