Si las propinas asociadas a almuerzos o cenas de carácter oficial pueden ser cargadas a los gastos de representación y protocolo es una duda que ha asaltado a varios servicios públicos y que en diversos momentos los llevó a pedir una interpretación de la Contraloría.
Esta vez fue el turno de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, la unidad que tiene a su cargo la logística y el apoyo a la mandataria y a sus asesores en todo lo necesario para su gestión.
En este caso, la respuesta del contralor Jorge Bermúdez recoge lo establecido en dictámenes anteriores en lo relativo a que las propinas derivadas de estas actividades en las que la Presidenta de la República comparte con autoridades de distintas zonas del país pueden ser imputadas con cargo al presupuesto de dicha unidad de la Presidencia.
Lo anterior, especialmente después de que estos aportes fueron reconocidos por una ley, fijando el 10% como el mínimo voluntario a entregar. Además, indica la forma apropiada para pagarlas y declararlas.
Es en este último punto donde la Contraloría hace una sugerencia interesante, pues al tiempo que precisa que además de boletas o facturas, el expediente para la redición de estas gratificaciones debe contener además “los antecedentes que permitan comprobar los motivos de la realización del aluerzo o cena” y la cantidad de asistentes, también plantea que debe especificarse “la investidura de las autoridades que fueron objeto de las atenciones”.
Esto último, lo que busca es una manera de “acreditar la efectividad y proporcionalidad del gasto”, lo que que para algunos podría sonar a algo así como “dime con quién andas y te diré cuánto gastar”. (DF)
