La intervención de la Presidenta este viernes, al recibir el informe sobre transparencia y corrupción, adolece de tres errores: uno, el empleo del plural al referirse a los ilícitos del último tiempo; el otro, el énfasis en la falta de previsión en que habrían incurrido las leyes actualmente vigentes; el tercero, aludir a la conducta de su hijo como imprudencia ética.
El primero salta a la vista.
En su intervención la Presidenta rehusó emplear la primera persona -salvo al pasar, como un obiter dictum – y en cambio prefirió el plural:
«Pudimos hacer más para que prime la transparencia en la relación entre política y negocios -dijo-. Pensamos erradamente (…) no siempre supimos condenar con fuerza y a tiempo los modos éticamente imprudentes de hacer negocios que hemos conocido».
La prensa tituló que esas palabras de la Presidenta eran un mea culpa . Pero la prensa se equivoca.
Y es que como todos saben, usar el plural es una forma de eludir las culpas propias e individuales. Allí donde todos son culpables -es lo que enseña Simone de Beauvoir-, ninguno lo es. Si todos somos monstruos, ninguno lo es.
En los casos a los que, sin nombrarlos, se refería la Presidenta, hay culpables más o menos claros. Los casos Penta, Soquimich y para qué decir Caval tienen partícipes claramente identificados. Ellos son los culpables y no el sujeto colectivo al que aludía la Presidenta al emplear el plural. Délano y Lavín, por atrapar mediante el dinero a un partido político; un número de parlamentarios y un ministro, Peñailillo, por dejarse remunerar por Ponce Lerou, quien de esa forma eludía el escrutinio acerca del origen de su fortuna; Sebastián Dávalos y Natalia Compagnon, por emplear, o dejar que se empleara, su parentesco en negocios audaces; y la Presidenta, por no haber advertido a tiempo la inconsistencia que mediaba entre la conducta de sus familiares y la oferta con que se había ganado la confianza de los ciudadanos.
Ni fueron todos los políticos, ni todos los empresarios, ni todos los funcionarios gubernamentales, como la Presidenta insinúa, los culpables. Como enseña Hanna Arendt, la culpa es siempre personal y deriva de las acciones que cada uno ejecuta o las omisiones que tolera.
El segundo error -la falta de previsión en que habrían incurrido las leyes hoy vigentes- salta también a la vista.
No cabe duda que las leyes hoy vigentes poseen defectos de diseño y de falta de previsión; pero lo que los casos anteriores pusieron de manifiesto no fueron esos defectos, sino la falta de disposición de los involucrados para cumplirlas. Todos los nombrados eludieron reglas existentes y válidas. El caso Penta es relativo a la infracción de una ley y no un ejemplo de la falta o del mal diseño de ella. Y lo mismo ocurre con el caso Soquimich. Hay que mejorar las leyes -de eso no cabe duda-, pero no son los defectos de la ley lo que los casos Caval, Soquimich y Penta han puesto de manifiesto, sino la falta de voluntad para acatarla.
Y se encuentra -este es el tercer error- la referencia a la imprudencia ética:
«No supe condenar a tiempo modos éticamente imprudentes» -dijo la Presidenta.
Se refería así, sin duda, al caso Caval. ¿Qué pudo querer decir la Presidenta al calificar los actos de su hijo y de su nuera como «éticamente imprudentes»?
Los abogados suelen distinguir entre actos dolosos y culposos. En los primeros existe la intención directa de ejecutar el acto reprochable; en los segundos, hay un simple descuido, una negligencia a la hora de cumplir el estándar de conducta esperado.
Cuando la Presidenta califica los actos de su hijo y de su nuera como «éticamente imprudentes» está, en verdad, aligerando sus culpas. Está diciendo que no había en ellos la intención de incumplir una regla, sino apenas un descuido a la hora de acatarla. Pero, ¿cómo considerar fruto de un simple descuido a una conducta que contradice todo un programa gubernamental y se ejecuta racional y deliberadamente, empleando recursos, contactos y redes y cuyos partícipes -enterados hoy del descalabro- no retroceden?
«El sello de mi gobierno -concluyó la Presidenta- será dejar una democracia más transparente, más ética y más legítima».
Nadie puede dudar de su propósito. Aunque -todo hay que decirlo- ya van demasiados sellos.
Y no hay muchos recursos humanos para elaborarlos, ni tiempo para imprimirlos.
