Solo faltan dos semanas para que Mario Abdo Benítez cumpla su primer año como Presidente de Paraguay, pero los ánimos en el país sudamericano no están para una celebración. El Mandatario vive su primera gran crisis desde que asumió en el liderazgo del Palacio de López de Asunción, gatillada por una polémica acta energética que incluso lo tiene al borde de un juicio político.
Este miércoles, la oposición anunció que impulsa un proceso de destitución en contra del conservador y su vicepresidente, Hugo Velázquez, por un acuerdo firmado en «secreto» con Brasil sobre la hidroeléctrica binacional de Itaipú, que finalmente terminó naufragando debido a las presiones políticas y de la opinión pública.
El escándalo, por el que ya han renunciado cinco altas autoridades gubernamentales, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, ocurre cuando los dos países socios de la central se preparan para negociar el destino de la segunda hidroeléctrica más grande del mundo y la mayor productora de energía del planeta, en vistas al vencimiento de un anexo clave de su tratado fundacional en el 2023.
EL ESCÁNDALO
El controvertido documento fue firmado el 24 mayo en Brasilia, pero se dio a conocer recién el miércoles de la semana pasada, luego de que el ahora ex director de la Administración de Electricidad de Paraguay (ANDE), Pedro Ferreira, renunciara por su desacuerdo con el pacto.
El texto en cuestión trata sobre la contratación anual de energía de la represa de Itaipú.
La diferencia con documentos anteriores radica en que éste establece un cronograma de compra hasta 2022, algo que no se había hecho hasta ahora, pues dicha cifra era fijada cada año.
Además consigna que los montos de potencia media anual se incrementarían en ese periodo: pasarían de 1.370 megavatios (MW) en 2019 a 1.9545 MW en 2022, lo que conllevaría un mayor desembolso por parte de Paraguay.
Al momento de su renuncia, Ferreira denunció que este acuerdo le costaría al Estado paraguayo 250 millones de dólares extra, y que el documento había sido negociado por los representantes de la Cancillería del país, quienes apartaron a los técnicos de la ANDE de la negociación.
Las críticas de los representantes de la oposición no tardaron en llegar. Acusaron al Gobierno de Abdo de «secretismo» y de entregar la soberanía a Brasil, al firmar un acuerdo «extorsivo» e «indignante» para los derechos de los paraguayos. Aunque desde el Ejecutivo argumentaron que este tipo de pactos no suelen publicarse, el Gobierno terminó dando marcha atrás en su firma.
El domingo el entonces canciller, Luis Castiglioni, participante de las negociaciones del documento, informó que el pacto no se concretaría. El lunes, renunció. Esa misma jornada, también dimitieron a el embajador de Paraguay en Brasil, Hugo Saguier, quien encabezó los encuentros en Brasilia; el director del lado paraguayo de la hidroeléctrica de Itapú, José Alberto Alderete, y Alcides Jiménez, que llevaba unos días como sustituto de Ferreira al frente de la ANDE.
En su declaración de la semana pasada, Ferreira también indicó que una persona instruyó a los negociadores a eliminar del documento un punto clave que le permitía a la ANDE comerciar energía de la central en Brasil, dejando el campo abierto a firmas brasileñas para efectuar ese negocio.
Aunque en ese momento no especificó de quién se trataba, la identidad de dicha persona fue dada a conocer este miércoles por medios locales. Se trataría de José Rodríguez, presunto asesor del vicepresidente Velázquez, quien habría intervenido en nombre de la segunda máxima autoridad del país.
María Epifania González, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y madre de Rodríguez, también renunció a su cargo ayer.
TEMA SENSIBLE
La hidroeléctrica Itaipú, instalada sobre el caudaloso río limítrofe Paraná, fue inaugurada en 1984 y es un tema especialmente sensible para Paraguay, puesto que su construcción requirió la inundación de gran parte de la zona paraguaya y la mayor parte de la energía producida se va para el otro lado de la frontera.
Hoy Brasil consume el 93% de la energía que produce la central, con la que cubre el 15% de su demanda. En tanto, Paraguay se queda con el restante 7%, con el que satisface más del 80% de sus necesidades, según la agencia AFP.
Aunque la producción y venta de la energía producida se divide mitad y mitad para cada uno, Paraguay usa apenas el 15% de ese 50% que le corresponde. El excedente lo vende a Brasil a precio de costo. Sin embargo, esto último lo hace por obligación, ya que el anexo C del Tratado fundacional de Itaipú, firmado por en 1973 por los dos regímenes militares de la época, lo establece.
Hoy, el Estado paraguayo vende su energía a un precio fijo anual de $350 millones de dólares. «Paraguay no puede negociar con un tercero, pero este monto es inferior a los valores de mercado que se manejan regionalmente», explicó a BBC Mundo José Luis Acosta, abogado paraguayo y experto en Planificación y Estrategia Nacional.
Pero ese anexo tiene fecha de vencimiento y es 2023. De ahí el interés de los paraguayos en la central, pues esperan recuperar en las nuevas negociaciones la energía excedente, tal y como lo prometió Abdo durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia.
«Vamos a preparar la documentación que corresponda para el enjuiciamiento por traición a la patria, eso significa mal desempeño (…) se tienen que hacer nuevas elecciones», dijo a periodistas Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal, el principal partido opositor del país.
El proceso debe iniciarse en la Cámara de Diputados, donde se necesitan 53 votos para la acusación. De votar en bloque, la oposición reúne solo 38, por lo que el procedimiento dependerá de la postura de Honor Colorado, movimiento disidente del partido de Abdo, liderado por el ex Presidente Horacio Cartes, que apoyará la iniciativa.
Poco después de conocerse el respaldo de los legisladores colorados al juicio político, Abdo afirmó en su cuenta de Twitter: «¡Acepto la pelea! Por un Paraguay sin mafias«. Y este jueves, anunció que habrá nuevas dimisiones en el Gobierno.
En tanto, el controvertido documento fue anulado hoy por el nuevo canciller paraguayo, Antonio Rivas, y el embajador brasileño en Paraguay, Carlos Simas Magalhaes.
En un nuevo documento firmado en Asunción destacaron que las Altas Partes contratantes en el control de la represa paraguaya brasileña decidieron delegar «a las instancias técnicas la definición del cronograma». También se comprometieron a encontrar una «solución para el problema a corto plazo». (Emol-Agencias)
