La Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Macul informó que el 5 de agosto pasado, la pareja del diputado comunista Guillermo Teillier concurrió al Municipio para revisar la polémica Ficha de Protección Social por la que el parlamentario ha recibido duras críticas desde la oposición.
En la oportunidad, Margarita Alvarado reconoció sus firmas en el documento y “se responsabilizó por la solicitud y los datos contenidos en ella”, indicó la Dideco según El Mercurio.
Así quedó de manifiesto en el informe de la directora de la Dideco, Nancy Rojo, que lo entregó el 14 de agosto al Concejo Municipal de Macul y en el que también detalla que el la pareja de Teillier volvió el 6 de agosto al Municipio para solicitar el retiro de la ficha “esgrimiendo no necesitarla y expresando que jamás la ha solicitado”.
“Lo anterior constituye una inconsecuencia evidente”, manifestó Rojo. Además destacó que el 2010 Margarita Alvarado firmó dos veces y estampó su huella en la Ficha de Protección Social.
Teillier respondió a estas versiones argumentando que “efectivamente volvió al día siguiente con la decisión de retirarla, porque aparecía como ficha y a ella, lo que le pareció, es que se tenía que eliminar porque nunca la había pedido y tampoco la necesitaba. No veo que exista ninguna contradicción”, dijo al matutino.
INVESTIGACIÓN DE FISCALÍA
Por los presuntos delitos de fraude al Fisco y falsificación ideológica de instrumento público, la Fiscalía de Macul investigará la denuncia presentada ante las supuestas irregularidades en obtención la ficha de protección social del diputado y presidente del PC, Guillermo Teillier.
La citada ficha ubica al parlamentario en el 40% más vulnerable de la población.
El fiscal jefe de Macul, Felipe Sepúlveda, será el encargado de realizar la indagatoria para la cual citará a declarar a Teillier y su pareja, quien firmó en dos oportunidades la FPS en 2010.
Adicionalmente, el persecutor citará al alcalde Sergio Puyol y al ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza.
Previo a la resolución del Ministerio Público, desde la Alianza anunciaron que solicitarán un pronunciamiento de la Comisión de Ética de la Cámara Baja respecto a esta situación.
Así lo señalaron los diputados Alejandro Santana (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI), quienes dijeron que pedirán que al volver del receso legislativo la comisión investigue el hecho.
Santana recordó que el reglamento de la Cámara de Diputados establece que ningún diputado puede obtener beneficios del Estado a través de subsidios, por lo que es válido solicitar el pronunciamiento.
Sin embargo el jefe de bancada del PC, Daniel Núñez, afirmó que la UDI no tiene autoridad moral para referirse al tema porque ellos han callado y defendido violaciones a los derechos humanos.
