El anuncio de gratuidad para el 60% de alumnos vulnerables en 2016 que hizo la Presidenta Michelle Bachelet en su Cuenta Pública ante el Congreso, sigue generando polémica por la exclusión de 425 mil estudiantes de universidades privadas y de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica que no cumplen los requisitos del gobierno.
A las críticas de los rectores de dichas casas de estudio, quienes acusan discriminación, se suman parlamentarios de la Nueva Mayoría que piden entregar el beneficio de manera focalizada y no sólo a quienes determinó administrativamente el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.
De hecho, una crítica recurrente en los parlamentarios consultados por este diario es que desconocían el anuncio de la Mandataria y las razones para limitar el beneficio estudiantil.
Los 450 mil alumnos, que pertenecen al 60% más vulnerable del país, que deja fuera el proyecto de ley -que ingresará durante el segundo semestre de este año-, se desglosa en 250 mil de los CFT e IP y 175 mil de las universidades privadas. Es decir, el 62% de los estudiantes de menores recursos quedará fuera del beneficio anunciado por la Presidenta.
Senador Rossi: “Medida es injusta y arbitraria”
Por esta razón, el presidente de la comisión de Educación del Senado, Fulvio Rossi (PS), señala a“El Líbero” que el proyecto es “injusto y arbitrario porque excluye del beneficio a los jóvenes que lo merecen y necesitan, y por el distingo entre instituciones de educación superior privadas simplemente por ser históricas y ser parte o no del CRUCh”.
Rossi afirma que “hay que revisar el anuncio para poder hacer que sea más inclusivo y no dejar a jóvenes vulnerables fuera del beneficio del Estado”. Por ello, plantea que se debe buscar una fórmula que permita fijar los criterios técnicos y los requisitos de las instituciones en las cuales los alumnos serán beneficiados.
El parlamentario es partidario de establecer requisitos para que los estudiantes de las universidades privadas accedan a la gratuidad, como tener un arancel que represente el costo de la docencia, que sean instituciones acreditadas y concordar el mecanismo de acceso.
El senador socialista califica de “razonable” el envío de un proyecto de ley “corta” –como propuso Gonzalo Vargas, director de Inacap y presidente del gremio que agrupa a más de 100 IP y CFT-, que permita incorporar a dichos centros que no tienen fines de lucro pero están organizados como sociedad y no como fundación, como exige el Mineduc.
Rossi agrega que el ministerio debe transparentar los recursos disponibles para definir una ruta de gradualidad que permita llegar a todos los alumnos que lo requieran. De hecho, la meta del Gobierno es alcanzar el 70% de los estudiantes más vulnerables a 2018, según ratificó ayer el ministro Eyzaguirre.
En la misma línea, el miembro de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Mario Venegas (DC), plantea que la ayuda estatal debe “estar asociada a la condición de vulnerabilidad de los estudiantes”, y no a la pertenencia de las casas de estudios al CRUCh.
Venegas admite que no han tenido contacto con el ministro, y que se sorprendió con el anuncio en la Cuenta Pública. “La cobertura es una debilidad de esta medida. Debe incluirse a otras instituciones. La idea es que la gratuidad sea universal hasta el nivel socioeconómico que lleguemos pero no debe haber discriminación entre universidades. Ese es el régimen al que queremos llegar”, señala a este medio el diputado DC.
El diputado UDI Jaime Bellolio, calificó de “discriminación arbitraria y capricho ideológico” por dejar fuera a 425 mil estudiantes sólo por estudiar en instituciones que no pertenecen al CRUCh o no ser corporaciones sin fines de lucro, que están bajo la legislación vigente.
“Es tan 
absurda la discriminación que se está haciendo que las universidades de Aysén y de Rancagua que aprobamos la semana pasada podrían pertenecer al CRUCh y, por tanto, acceder al beneficio, sin embargo, universidades que tienen más de 30 años de historia, que tienen alumnos vulnerables, que está comprobada su calidad, no podrían acceder”, dice Bellolio.
En este contexto, el diputado sostuvo que “nos parece que esta es una discriminación inaceptable, y si se presentase así el proyecto en el Congreso Nacional, nosotros haremos la reserva de constitucionalidad; y si éste se aprobara así, no dudaríamos en ir al Tribunal Constitucional y hacer una presentación para defender el principio de no discriminación arbitraria”.
“Le pedimos al Gobierno que no caiga en la misma sobreideologización de la reforma que puso fin al lucro, el copago y la selección. En este caso son miles de familias y estudiantes vulnerables los que quedarían sin un beneficio que es, a todas luces, justo”, afirma el diputado UDI.
Eyzaguirre: “Tenemos una cantidad limitada de recursos”
El ministro de Educación descartó el envío de una “ley corta” para incorporar a los CFT e IP, y admitió que “tenemos una cantidad limitada de recursos y si tironeamos mucho un billete, el billete se termina rompiendo. Para subir al beneficio a algunos, tendríamos que sacar a otros”.
Eyzaguirre explicó que la gratuidad en 2016 es “sólo el primer paso”, ya que en 2017 y 2018 se seguirán incorporando nuevos grupos de instituciones de educación superior hasta llegar al 70% de los jóvenes más vulnerables.
“No podemos dar todos los pasos de forma inmediata porque los recursos de la reforma tributaria no han rendido completamente”, admitió el ministro de Educación.
En cambio, la investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), Sylvia Eyzaguirre, sostiene que si no hay recursos suficientes entonces se debería bajar el umbral del 60% para 2016 al 40%.
“Si el problema es que no hay recursos, no podemos aumentar el número de estudiantes beneficiados, lo que hay que hacer es cambiar a los estudiantes beneficiados y ampliar el criterio de selección”, afirma la profesional.
