La semana pasada la recién nombrada contralora general de la República, Dorothy Pérez, emitió un dictamen que cambió el criterio del principio de «confianza legítima», a través del cual los funcionarios públicos contratados a plazo fijo de un año —régimen conocido como «contrata» — podían ampararse para renovar sus contratos.
Durante la gestión del excontralor Jorge Bermúdez se estableció por parte del organismo que la «confianza legítima» se podía argumentar ante la Contraloría luego de dos renovaciones sucesivas.
Pero esto cambió en los últimos años en los casos judicializados que llegaron hasta la Corte Suprema, la que planteó que dicho principio podía ser planteado recién tras cinco años. Y el dictamen de la nueva contralora, resolvió dejar en manos de los tribunales de justicia estas reclamaciones, lo que en los hechos implica que este asunto sólo podrá discutirse en la justicia y no como un reclamo administrativo.
Y como la Corte Suprema ha aumentado el requisito de años necesarios para reclamar la «confianza legítima», desde el Partido Comunista reclamaron por lo que consideran es un acto de precarización laboral para los funcionarios a contrata del sector público, que representan el 56% del total de estos. Lea más en El Mercurio.(Emol)
