A fin de este año, el académico matemático de la Universidad Tecnológica Metropolitana, Ricardo Castro (48), junto a su socio, el ingeniero Pablo González (35), deberá pagarle al Partido Comunista la suma de $ 600 millones, como cuota inicial de los $ 3.500 millones pactados por la compra de un centenar de propiedades.
Los bienes habían sido adquiridos por el partido con la indemnización que recibió por los activos confiscados durante el régimen militar. Varios de ellos se arrendaban para rentabilizar el patrimonio de la colectividad, pero se decidió enajenarlos para ajustarse a la nueva ley de partidos que obliga a las tiendas a usar al menos dos tercios de sus propiedades en fines propios de la actividad partidaria.
Según explicó el presidente del PC, Guillermo Teillier, a La Tercera la semana pasada, las propiedades fueron traspasadas a la sociedad Inversiones Progreso SpA, acordándose un cronograma de pagos a 10 años plazo.
Progreso fue constituida en septiembre de 2016, el mismo año en que se aprobó la reforma a la ley de partidos, por Ricardo Castro, quien milita en el PC desde 1987. En los años 90, participó de las Juventudes Comunistas y compartió con figuras pertenecientes a su generación, como los actuales ministros Claudia Pascual y Marcos Barraza.
Su esposa, Dafne Concha, también mantiene una activa militancia comunista y es coordinadora de la Asociación de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación y trabajó en la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
Según conocedores de la venta de las propiedades del PC, la sociedad de Castro y González se creó especialmente para concretar la adquisición de los bienes inmuebles, aunque ninguno de los inversionistas posee trayectoria en este tipo de negocios.
Tal como se lee en registros del Diario Oficial, Inversiones Progreso SpA se constituyó el 2 de septiembre de 2016 y su finalidad es “la inversión en toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles, negocios, títulos de crédito, efectos de comercio, acciones, bonos, debentures y cualquier otra clase de valores mobiliarios”.
Además, se señala que su giro le permite “participar en toda clase de sociedades nacionales y extranjeras, asesorías, consultorías y representaciones, y cualquier otro negocio similar o que los constituyentes determinen”.
PAPEL EN EL REFICHAJE
En la misma constitución de la sociedad se señala que ésta será administrada por la persona que el directorio designe como gerente, rol que hoy ostenta un reconocido dirigente del partido, Ricardo Solé.
Solé fue uno de los responsables de la campaña por el proceso de refichaje del PC, que llevó a la tienda a transformarse en la más grande del país con más de 50 mil militantes. El dirigente también forma parte del comité central de la tienda y ha asumido roles como encargado electoral de la colectividad.
Según explica un conocedor de su labor en Inversiones Progreso, esta consiste en administrar y rentabilizar (a través de arriendos) las propiedades recién adquiridas.
La Tercera tomó contacto con Castro y González. Mientras el académico de la Utem reconoció su militancia en el PC, el ingeniero dijo no tener vínculos con el partido.
RESPUESTA DEL PC
Al respecto, el PC precisó que la decisión de vender las acciones a la sociedad Progreso SpA «es una decisión que se encuentra dentro de nuestras facultades, en cuanto a escoger al mejor comprador según los propósitos fijados por nosotros».
«Se buscaron compradores que no estuvieran involucrados en operaciones de especulación económica, ni fueran pertenecientes a ningún grupo económico nacional, por lo anterior, no se descartó la venta a personas que tuvieran o pudieran tener cercanía con el PC, pues esta situación no los inhabilita para presentar una propuesta para la adquisición de las acciones», puntualizó la tienda a través de un comunicado de prensa.
«En relación a la persona que actualmente administra la sociedad -Ricardo Solé- señalamos que no es materia nuestra opinar sobre las decisiones administrativas que los actuales dueños de la sociedad puedan tomar en relación a la administración y disposición de sus inversiones», puntualizó el PC.
«En este sentido, que el representante legal de la empresa sea un militante de nuestro partido no reporta desde nuestra posición ninguna relevancia en la operación ejecutada, tampoco tenemos opinión en la forma en que los actuales propietarios decidan manejar sus inversiones, siendo nuestro único interés y preocupación obtener el cumplimiento de los acuerdos de pago según las condiciones acordadas en su momento», concluyó.
OPOSICIÓN PIDE INVESTIGAR
Hasta el Servicio Electoral (Servel) llegaron los miembros de Chile Vamos para solicitar que se investigue al Partido Comunista, luego de que hoy se conociera que vendió parte de sus inmuebles a un militante del propia colectividad.
Desde la oposición cuestionaron la legalidad de la operación, que calificaron como «oscura». «Esto no cuadra, hay dudas, huele a pescado lo que están proponiendo (…) Es una empresa que no tienen ninguna experiencia inmobiliaria y no queda claro que tengan las espaldas para poder traspasar $600 millones (como cuota) al año al Partido Comunista», dijo el diputado Rojo Edwards (ex RN).
Según el parlamentario, existe una probabilidad de que se trate de un «contrato simulado» para cumplir con la normativa vigente y continuar con el manejo de las propiedades, como antes de esta legislación estaba permitido.
«Nos parece que hay un resquicio legal, al más puro estilo de la Unidad Popular, en la forma en que el Partido Comunista está tratando de torcerle la nariz a la Ley de partidos políticos», apuntó Edwards.
A juicio del diputado Juan Antonio Coloma (UDI) «en esta sociedad constituida por miembros del Partido Comunista queda de manifiesto que el partido no cumplió con la ley ni realizó el fideicomiso ciego, que se debía realizar en junio del año pasado».
«Es el mismo modus operandi que en la Universidad Arcis, porque se nombró a miembros del Comité Central del Partido Comunista para hacer negocios con la universidad y sacar rentabilidad. Hoy se crea una sociedad de papel por miembros del partido», agregó el legislador.
Mientras que el diputado por Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, comparó esta transacción del PC con las inversiones realizadas por el Partido Socialista. «La conclusión de esta semana es que los dos partidos más millonarios de Chile, que manejan fortuna, como son el Partido Socialista y el Partido Comunista, ninguno de los dos ha hecho, ni pretende hacer, un fideicomiso legal ante la Superintendencia, que es lo que les corresponde hacer de acuerdo a la Ley», dijo. «Eso, sencillamente, es hipocresía, es hablar de transparencia y no practicar nada», subrayó. (La Tercera-El Mostrador-Emol)
