Personal de la PDI se realiza distintos allanamientos en las dependencias de la Municipalidad y Corporación Municipal de San Fernando.
Las diligencias son lideradas por la Fiscalía de Alta Complejidad de Rancagua, que trabaja en el lugar junto a detectives de la Brigada de Delitos Económicos de la capital de O’Higgins, de la Brigada de Investigación Criminal de San Fernando y peritos informáticos de Santiago.
La indagatoria se gestó a raíz, entre otros antecedentes, por un informe de Contraloría que detecto diversas falencias, entre ellas la no rendición de 1.400 millones de pesos correspondiente, entre otros, a remuneraciones, consumo de electricidad y transferencias provenientes del municipio para solventar el pago a la Caja de Compensación La Araucana.
Según la Contraloría tampoco se pudieron documentar los gastos efectuados con recursos provenientes del Ministerio de Educación por $140.113.968 y se constató que la Corporación pagó $72.187.286 en intereses, multas y reajustes por concepto de imposiciones previsionales.
La defensa del alcalde de San Fernando, Luis Berwart, afirmó que las publicaciones del ente Contraloría constituyeron una actuación ilegal y arbitraria, argumentando que se habría «lesionado» la garantía constitucional a la honra personal del imputado, situación que adquirió mayor resonancia ad portas de una elección municipal, donde este va a la reelección en el cargo.
Los juristas del jefe comunal, que va a la reelección, intentaron que Contraloría bajara las publicaciones, mediante acciones judiciales que fueron desestimadas por la Corte de Apelaciones de Rancagua y la Corte Suprema. (Cooperativa)
