Cuando Rodrigo Julián Peñailillo Briceño llegó a las 17 horas del miércoles pasado a la sede de la Fiscalía Santiago Centro, en una de las salas de reuniones del tercer piso, ya lo estaban esperando los fiscales Sabas Chahuán, Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias.
Los persecutores habían despachado la citación el 9 de junio para interrogar al ex ministro del Interior como imputado en los delitos que se investigan en la arista política del caso Penta-SQM. Esperaban escuchar la versión del ex hombre de confianza de la Presidenta Michelle Bachelet sobre las actividades realizadas por la empresa Asesorías y Negocios SpA, creada por el geógrafo Giorgio Martelli en 2011, y que entre 2012 e inicios de 2013 sirvió para financiar a Peñailillo y a un grupo de sus cercanos con dineros aportados principalmente por la empresa SQM-Salar, una filial de la minera no metálica controlada por el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce. Fueron $ 246 millones de pesos los que pagó SQM-Salar en ese período a Asesorías y Negocios, cifra que se suma a los montos que Martelli recibió de sociedades del grupo Angelini y la firma SGA, llegando a un total que bordea los 484 millones de pesos.
Martelli, quien se había desempeñado anteriormente como gerente de finanzas de la primera campaña presidencial de Bachelet, mantenía una detallada contabilidad de las transacciones que realizó con su empresa Asesorías y Negocios, información contable que quedó en manos de la fiscalía. Según los libros contables del geógrafo y ex militante de la IC y del PPD, el dinero recaudado sirvió para pagar a 21 personas que finalmente se integraron el comando presidencial de Bachelet. El más importante de ellos fue Peñailillo.
Pero en sus declaraciones ante la fiscalía, Martelli fue más allá. Apuntó directamente al empresario Jorge Rosenblut y a Peñailillo de haber estado detrás de la creación de la sociedad Asesorías y Negocios que hoy está bajo la lupa del Ministerio Público, y de ser quienes tomaban las principales decisiones.
El quiebre con el ex ministro del Interior había quedado de manifiesto.
DESCONOCIDOS PUENTES
Entre marzo y los primeros días de abril, a medida que comenzaban a salir a la luz pública los vínculos de Asesorías y Negocios con SQM, y cuando todavía se desempeñaba como ministro del Interior, Peñailillo habría tomado contacto con Martelli en más de una oportunidad para tratar de concordar la forma en que se enfrentaría una eventual investigación. Según aseguran cercanos al ex recaudador, dichos acercamientos derivaron en al menos un encuentro durante ese período, el que habría terminado sin acuerdo.
Aunque por separado, otro que tomó contacto directo con Martelli entonces fue el empresario Jorge Rosenblut, el mismo que hoy aparece implicado como responsable de haber conseguido los recursos para el funcionamiento de Asesorías y Negocios. La idea de dichas conversaciones era también coordinar una estrategia común, pero al igual como había ocurrido con Peñailillo, la búsqueda de puentes resultó infructuosa.
Preocupado por su situación judicial, Martelli se había acercado por entonces al abogado Juan Pablo Hermosilla. El abogado penalista, quien mantiene muy buena llegada con La Moneda y la Presidencia, finalmente declinó asumir su defensa en lo formal, aunque le prestó asesoría y lo ayudó a trazar la estrategia con que terminaría enfrentando las investigaciones tanto del SII como de los fiscales. Según quienes conocen del caso, fue Hermosilla uno de los que recomendaron al ex recaudador de Bachelet colaborar con todas las indagaciones y decir la verdad sobre la finalidad política de Asesorías y Negocios, una opción que era resistida por el entonces ministro Peñailillo, quien mientras se mantuvo en el cargo negó todo vínculo con un sistema de financiamiento irregular para una precampaña.
Así las cosas, y con los “puentes cortados” entre los tres principales involucrados en el esquema que financió al grupo que lideraría la campaña de Bachelet, Martelli terminó declarando ante la fiscalía que él sólo desempeño un rol secundario en la estructura, ya que el liderazgo era ejercido por Peñailillo.
El viernes 12 de junio pasado, tres días después de que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, firmara la citación a declarar, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) llegaron hasta la residencia del ex ministro del Interior para entregársela. Peñailillo firmó el documento y les aseguró a los detectives que iría al interrogatorio programado para el 17 de junio.
Un solo cambio se produjo en torno a la diligencia, aseguran fuentes del Ministerio Público. Originalmente, Chahuán pretendía interrogar a Peñailillo en la mañana. Ni los fiscales ni el entorno del ex jefe de gabinete han explicado a petición de quién y por qué se reprogramó la diligencia para la tarde. Lo que sí han descartado es que se hubiera escogido el momento a último minuto, para aprovechar que la mayoría de los chilenos y los medios de comunicación estaban pendientes de los pormenores del accidente que protagonizó la noche anterior el jugador de la selección nacional Arturo Vidal, cuando conducía su Ferrari rojo en estado de ebriedad.
“Se trató sólo de una coincidencia”, explicó el viernes el fiscal nacional para despejar de inmediato cualquier sombra de dudas respecto de un trato privilegiado para el ex ministro del Interior. Lo cierto es que con lo ojos puestos en el melodrama de Vidal y su deportivo rojo, la prensa no supo nada de la presencia de Peñailillo en las dependencias de la Fiscalía Nacional sino hasta que el interrogatorio ya había concluido.
Coincidencia o no, Peñailillo entró y salió más de cinco horas y media después de la sede de la Fiscalía Nacional sin verse expuesto a las cámaras ni a las preguntas de los periodistas.
No se sentó solo frente a Chahuán y los otros dos fiscales. Junto al ex ministro de Interior estaba el abogado penalista Rodrigo González Soto, quien lo ha estado asesorando jurídicamente en los últimos días, sumándose así al equipo político comunicacional que encabezan desde la consultora Imaginacción el ex ministro Enrique Correa y el ex jefe de la Secom durante el primer gobierno de Bachelet, Juan Carvajal, los que han definido la estrategia de la defensa.
Ese día, ante Chahuán, el abogado González Soto adelantó que el ex ministro no guardaría silencio y que estaba dispuesto a colaborar con la investigación. La estrategia de la defensa no sólo apuntaría a plantear que Peñailillo y el resto de los miembros de la G-90 involucrados en el caso no habrían cometido ningún delito al entregar boletas a Asesorías y Negocios por la venta de informes y estudios. También buscaba rebatir varias de las cosas que había declarado previamente Martelli a la fiscalía.
Cercanos a Peñailillo aseguran que no hicieron al jefe del Ministerio Público ninguna petición especial, descartando que se hubiese solicitado que la diligencia fuera realizada directamente por el fiscal nacional o que se dejara fuera a alguno de los persecutores en medio de las críticas por las filtraciones.
La misma defensa de Peñailillo se había beneficiado en alguna medida de esas filtraciones. Pese a que la fiscalía no les dio copia de las declaraciones que el geógrafo Giorgio Martelli prestó en calidad de imputado por más de 20 horas, en cuatro jornadas que se extendieron desde el 27 de mayo hasta el 4 de junio, el ex ministro del Interior y su abogado conocían bien el testimonio de Martelli por lo que había trascendido en los medios de comunicación. Ya sabían, por ejemplo, que el geógrafo había admitido que fue Rosenblut quien lo invitó a incorporarse “a trabajar en el financiamiento de varios profesionales que requerían mayor estabilidad financiera personal para dedicar tiempo a preparar información, análisis, documentos, etc., para una nueva opción de gobierno de la Concertación”.
LAS CONTRADICCIONES
En su declaración ante el fiscal nacional, Peñailillo marcó matices importantes respecto de la versión aportada por el geógrafo, lo que, a juicio de algunos, constituye el primer gran choque dentro del grupo que hoy aparece vinculado a la investigación. El planteamiento del ex ministro es que no tuvo participación en la formación de la sociedad Asesorías y Negocios, la que había sido creada por Martelli “con anterioridad” a que él y sus cercanos de la llamada G-90 llegaran a prestar servicios a esa empresa.
Fuentes vinculadas a la investigación afirman, además, que Peñailillo manifestó que tenía a varias personas que querían trabajar en un proyecto político común, gente joven cercana a él y que, pese a ser militantes, no tenían llegada a centros de estudios vinculados a colectividades políticas. Muchos, dijo, no tenían en ese momento trabajo estable.
Peñailillo admitió que él recomendó ante Martelli a algunas de las personas que terminarían entregando boletas a Asesorías y Negocios SpA. Según su defensa, Martelli era seguidor en términos políticos del ex ministro, sobre todo por su rol en el primer gobierno de Bachelet, por lo que accedía a sus requerimientos y recomendaciones.
Peñailillo justificó el monto que se les pagó a él y a los miembros de su grupo, señalando que eran ingresos acordes a sus profesiones. En su caso, debió explicar ante los fiscales cuatro boletas por un total de 16 millones de pesos, emitidas en 2012. Al respecto, aseguró que sí elaboró los informes y que se los entregó a Gabriel Sepúlveda, uno de sus cercanos en la G-90, que oficiaba como una suerte de coordinador programático y que actualmente ejerce como asesor del ministro de Energía.
Durante las cinco horas y media que duró el interrogatorio, Peñailillo evitó en todo momento utilizar el concepto de “precampaña”. De acuerdo al relato que el ex ministro ha construido con sus más cercanos para afrontar el caso, lo que el grupo hizo durante esa época “fue un trabajo de reflexión, de elaboración de un diagnóstico común, de lo que el país necesitaba y de las reformas que se deberían hacer”.
En ese sentido, la estrategia del ex jefe de gabinete, y que sería seguida por sus colaboradores más cercanos -que también han sido citados a declarar por haber entregado boletas a Martelli-, buscaría no contradecir el discurso de Bachelet, quien en varias ocasiones ha negado que existió una precampaña y que haya autorizado a recaudar fondos para financiar o armar una precampaña política antes de su retorno a Chile. El objetivo es mostrar que el trabajo que hizo él y su entorno de la G-90 “se asemejaba al de una ONG o un centro de estudios”.
El otro punto de contradicción entre el ex ministro y Martelli dice relación con quien tomaba las decisiones de gestión dentro de Asesorías y Negocios. De acuerdo al testimonio de Peñailillo ante la fiscalía, fue el geógrafo quien ideó la fórmula de comercializar parte de los estudios y reflexiones que se iban a elaborar. Según hizo ver, Martelli planteó en su momento que a muchos empresarios les era útil saber qué estaban pensando quienes podrían llegar a ser gobierno.
Pero cuando el fiscal le preguntó si sabía a qué empresas les vendían los insumos que elaboraba Asesorías y Negocios, Peñailillo planteó que en esa época era algo que desconocía. Su defensa se centró en que él no participaba en la gestión de la sociedad que venía los informes. Una estrategia que sus cercanos describen como un intento por “levantar un dique de contención entre lo que ocurría aguas arriba de lo que hacía él junto al resto de los miembros de la G-90”.
El punto no es menor si se considera que Martelli había declarado ante Chahuán que Rodrigo Peñalillo no sólo fijaba sus propios honoriarios, sino que también encargaba los informes. “Él mismo (encargo los trabajos) y fijó los honoriarios”, dijo el ex recaudador de la campaña de Bachelet.
De acuerdo al relato elaborado por la defensa y los asesores de Peñailillo en torno a la ofensiva de Martelli por responsabilizarlo, como el ex ministro no tenía la gestión de Asesorías y Negocios, “no tenía por qué saber de los negocios que montaba Martelli con empresas como SQM para conseguir financiamiento”. “Martelli era el gerente general y el resto sólo se dedicaba a la acción política”, sostiene uno de los conocedores de la estrategia político-judicial de Peñailillo.
La misma fuente alega que se ha creado una especie de caricatura sobre el valor de los informes que elaboraban para Asesorías y Negocios, muchos considerados copy paste y simples recortes de prensa. “En el grupo en el que participaba había un trabajo continuo, se hacían reuniones, se coordinaban actividades políticas, se elaboró mucho más material del que figura en los informes que finalmente se vendieron a Asesoría y Negocios”, afirma.
Ahora bien, ¿sabía Bachelet lo que estaban haciendo en Chile Peñailillo y sus cercanos? Chahuán se lo preguntó varias veces durante el curso de la diligencia.
La respuesta, advierten sus colaboradores más estrechos, fue una de las que más trabajaron en los días previos. Como una señal de distensión había hecho saber a distintos sectores del oficialismo que pese a la tensión que mantiene con el actual comité político de La Moneda, no expondría a la Mandataria. Su respuesta ante el fiscal, sin embargo, fue algo más ambigua que eso.
“Sobre asuntos políticos que no tienen relación directa con la investigación prefiero no pronunciarme”, dijo Peñailillo cada vez que el fiscal nacional lo inquirió sobre el conocimiento que tuvo su ex jefa sobre lo que se investiga.
“Esa frase es su seguro de vida”, resumiría más tarde un colaborador del ex ministro.
